Dudas en Casa de Gobierno por fallo de la Corte sobre detenciones

El ministro de Gobierno Dalmiro Garay se quejó de que no se haya participado al Ejecutivo a la hora de tomar la decisión de poner límites a las prisiones preventivas. "Esperemos que funcione", aclaró.

La decisión de la Suprema Corte de poner límites a las prisiones preventivas ha sido tomada con recelo en el Gobierno provincial. Según manifestó el ministro de Gobierno Dalmiro Garay, las soluciones deben darse de manera integral con el Poder Ejecutivo, que no fue consultado sobre la implementación de estas nuevas disposiciones.

"Fue una decisión de la Corte para adentro del Poder Judicial", lamentó Garay, quien puso en duda que las disposiciones del máximo tribunal sean factibles de ser aplicadas. "Estimo que lo han calculado y espero que funcione", sostuvo el funcionario entrevistado por MDZ Radio.

Si bien aseguró que este nuevo régimen de prisiones preventivas, requerido por organizaciones de Derechos Humanos que bregan por los detenidos, están en sintonía con el pensamiento del gobernador Alfredo Cornejo. Sin embargo, aclaró que Mendoza está lejos del esquema ideal en procesos penales por lo que es una incógnita si el Poder Judicial estará a la altura para aplicar estas nuevas disposiciones.

Es complejo poder cumplir las formas que la Corte les ha instruido a sus funcionarios", concluyó Garay. 

No a los piquetes

Por otro lado, el ministro Dalmiro Garay retomó el discurso de asunción de Alfredo Cornejo y aseguró que en la provincia de Mendoza no se permitirá la realización de piquetes.

Uno nunca sabe ficha

En medio de la polémica generada por la manifestación de empleados de Cresta Roja en Buenos Aires, los cuales fueron dispersados mediante el uso de la fuerza policial, Garay afirmó que en la provincia también le pedirán a la Policía que actúe.

"El derecho de protestar existe en conjunto con el resto de os derechos de los ciudadanos, y vamos a hacer respetar eso", aclaró el funcionario. "Se va a hacer cumplir la ley de la mejor manera posible y le pedimos comprensión a quienes hagan el reclamo", aseveró.

Por último, se refirió a la relación con los gremios y estipuló para fines de enero y principios de febrero el inicio de las negociaciones paritarias. "La idea es empezar a discutir, mejorando el derecho de los empleados pero priorizando el servicio", manifestó el funcionario, que advirtió que pondrán el ojo sobre las licencias especiales y adscripciones.

"Vamos a intentar discutir con todos los sindicatos a la vez, pero la primera que se cierra es con el SUTE para empezar las clases a tiempos", concluyó.


Opiniones (9)
11 de diciembre de 2017 | 10:48
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11 de diciembre de 2017 | 10:48
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  1. Creo que a los usuarios no les cae la ficha que desde este momento, cada uno don esa cantidad de delincuentes en la calle, deberá defender sus derechos y los de su familia por su cuenta. Ya que la policía, es primera burlada con esta medida judicial y los ciudadanos deberemos defendernos como y a la manera que de lugar.-
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  2. Garay no tiene autoridad ni para elegir subsecretarios. Dios nos ilumine y proteja
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  3. A lo mejor es hora de un día de expiación como la pelicula no? Es lo que va a comenzara a pasar. Bah ya está pasando...Ajustes de cuentas por todos lados. Mejor que por seguridad los delincuentes se queden en la cárcel.
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  4. y ahora radicales, les va cayendo la ficha en lo que se metieron con los porteños descastados, Los han converdtidos en simples gerentes y a jugar con tierra
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  5. Te equivocas de plano. Soy independiente y trabajo de mi profesión. Tengo conocidos y contactos por todos lados, pero "no soy empleado público". Cuando lo fui, fue a través de contrato de locación de servicios, o docente universitario, o secundario y cuando quise renuncié. ¿Cuando quise? Sí, cuando me enteré que en la facultad en la que trabajaba con el sueldo de una cuota de un alumno, me entregaron una lista de alumnos que estaban al día en las cuotas y los que no, y a ésos últimos no debía aprobar.- Cuando en la municipalidad de Santa Rosa, los delincuentes de los empleados y el intendente se robaban hasta el aire de las gomas de los vehículos, duré 45 días y renuncié, previo denunciarlos a Tribunal de Cuentas, pero ese órgano es peor que la municipalidad.- Cuando me dijeron que debía aprobar a los alumnos, aunque ni siquiera hayan asistido a clases y tengan más de 75 ausentes a mis clases. O cuando en otra institución, reunidos los directivos me exigieron que redujera los contenidos históricos de las materias que dictaba, porque los alumnos no estaban preparados para ello, siendo materias de quinto y sexto año.- Cree que soy empleado judicial????? Soy independiente laboral y políticamente.-
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  6. Esta caterva de presuntos juristas, este rejunte de viejos cansados, de flacos principios, de jóvenes traficantes de libertades y beneficios para delincuentes, de operadores y ejecutivos de la industria de los DDHH, que hoy, por las "Cosas tontas de la vida", terminan usurpando la corte, estos son los responsables directos, conniventes, cómplices y protectores de la delincuencia de la provincia.- Palermo como jefe ideológico y CEO de la mayor Industria del delito y de la empresa mas rentable de los DDHH que jamás se conoció, deberá responder ante la justicia (no e derecho) .- Dios no ilumine, proteja y perdone.-
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  7. jcglsl: me parece, me parece que trabajas en el poder judicial y si tenes ganas de pagar honorarios, da el nombre y apellido, asi te buscan que por plata baila el mono
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  8. Creo que ha llegado el momento que alguna ONG se haga cargo a travez de su departamento jurídico y junte firmas para entablar acciones en contra de éstos y les busque el juicio político.- Gustosamente pagaré los honorarios que por parte me toquen.-
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  9. Hago responsables a los funcionarios de Seguridad, al Gobernador y a estos jueces irresponsables de cualquier acto de inseguridad que sufra por los delincuentes que dejan libres siguiendo políticas de minorías cuando la totalidad de la ciudadanía quiere vivir en paz y sin ser robados o asaltados o asesinados. Todos los que liberan a los presos tienen seguridad pública pagada por los ciudadanos. Asco
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