Primer rechazo empresario al bono que proponen Pérez y Cornejo

Surgió antes del fin de semana de la Cámara Argentina de la Construcción. Su presidente, Jorge Sanchís, señaló que la emisión de títulos está planteada de manera muy general en el proyecto y produce preocupación en el sector. Advirtió que podrían pararse las obras del IPV por las deudas.

"Nuestra primera reacción es no al bono", advirtió Jorge Sanchís, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Mendoza.

De esta manera sintetizó Sanchís el resultado de una reunión que realizaron los empresarios de la cámara antes del fin de semana para analizar la ley de la transición que avalaron los gobernadores saliente y entrante, Francisco Pérez y Alfredo Cornejo, y que ahora se discute en la Legislatura provincial.

La CAC está de acuerdo con la toma de endeudamiento "porque favorece a la provincia". Sin embargo, la posibilidad de que gracias a esa misma ley se emitan títulos públicos para liquidar deudas con acreedores preocupa al sector.

"No se sabe si los bonos serán por 1.000 millones en total o por cada serie, no se dice si se podrá pagar toda la deuda o una parte, no se dice qué garantía tendrán, a qué plazo serán ni cuál será la tasa interés. Se dice que será optativo, pero no se dice cuál será la opción. Ante algo tan general, decimos que no", afirmó Sanchís.

Llamadas a la Legislatura

El presidente de la CAC tomó contacto el jueves con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, y le adelantó sus reparos por lo que se expresa entre los artículos 8 y 15 del proyecto en discusión.

El artículo 8 autoriza al Poder Ejecutivo "a disponer a partir del 10 de diciembre de 2015 la emisión de títulos provinciales de consolidación y cancelación de deudas que podrán tener distintas clases o series, para cada tipo por hasta la suma de 1.000 millones de pesos".

Más adelante ese artículo expresa que "tales títulos deberán ser aplicados a cancelar obligaciones del sector público provincial, cuya aceptación será optativa para los acreedores" y dice que los papeles "se usarán para cancelar todas las obligaciones exigibles, vencidas o de causa o título anterior al 31 de diciembre de 2015".

Sanchís aclaró que la entidad buscará "sentarse a conversar" sobre el proyecto con las autoridades, pero se quejó de que ni el gobernador actual ni el próximo hayan convocado a la cámara que representa por esta iniciativa y se plantó: "No nos pueden arrear cuando el Gobierno les debe a las empresas de la CAC arriba de los 400 millones de pesos".

Las deudas del sector

Con la CAC, según Sanchís, el Gobierno tiene deudas "exigibles" por 400 millones de pesos, a las que se sumarían otras deudas no consolidadas por un monto que ronda entre los 150 y 200 millones de pesos.

El empresario indicó que la mayor parte de esa deuda corresponde al Instituto Provincial de la Vivienda, aunque dijo que también hay municipios que adeudan mucho, como son los casos de Guaymallén y General Alvear.

Sobre el IPV, Sanchís explicó que la deuda se origina en que el Gobierno provincial no ha asumido la contra parte local de los planes de vivienda nacionales.

En efecto, el grueso del dinero de las casas sociales que se construyen en Mendoza proviene del Gobierno Nacional, aunque la Provincia asume la responsabilidad de sumar fondos para mejorar las condiciones de los barrios que se construyen.

Ese es el dinero que falta: "Nosotros gastamos por 10 pesos y nos pagan sólo 7, que es lo que viene de la Nación", explicó Sanchís, y expresó que el IPV tiene deudas con las empresas de construcción "de octubre y noviembre de 2014".

"Hay empresas que no han actuado bien, pero el nivel de deuda es muy grande", agregó el presidente de la CAC. Y así como desestimó en principio la emisión de un bono, promovió la aprobación del endeudamiento por 5.800 millones de pesos o más que se discute en la Legislatura.

"El empréstito no nos favorece a nosotros, favorece a la Provincia. Por eso se está estudiando la paralización de las obras del IPV si no sale", advirtió Sanchís.

Opiniones (2)
18 de diciembre de 2017 | 04:46
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18 de diciembre de 2017 | 04:46
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  1. rechaso??? payasos, a la hara de vender a un estado quebrado no les importo porque remarcaban mas del 100%, ahora lloran???
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  2. Ya estuvieron haciendo lobby con Tanus los pillines. No son nada lentos. A mi parecer el proyecto de ley es claro, la emisión de bonos que se autoriza es hasta la suma de 1.000 millones, nada más. Obviamente en más de una serie pero siempre con un tope en total para la suma de todas ellas que está dado por esa cifra. Es general como toda ley y será la reglamentación (en el marco de la ley) la que determine las especificidades que correspondan. Está además clarísimo que su emisión será para cancelar deudas del sector público provincial, exigibles, vencidas o de causa o título ANTERIOR al 31 de diciembre de 2015. Y encima su aceptación será optativa para los acreedores, es decir que si no les conviene aceptar los títulos de deuda podrán optar por otra forma de pago más conveniente a sus intereses. Tampoco dice nada este señor en cuanto a que la emisión de este tipo de títulos trae consigo la generación de un mercado secundario donde se podrán negociar de la manera más conveniente y que, seguramente, también servirán para la cancelación de deudas con el Fisco Provincial.¿Cuál es el problema entonces?. La respuesta a este interrogante la dejo a la libre imaginación de los amigos foristas. Saludos
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