Los intendentes del PJ endurecen su reclamo

Piden que la ley de financiamiento les asegure 600 millones de pesos al conjunto de los municipios y advierten que, en caso de no obtenerlo, no aportarán los votos para que se apruebe el acuerdo entre Pérez y Cornejo el lunes próximo. Según los cálculos que hace el oficialismo en Diputados, el endeudamiento total rozaría los 21.000 millones de pesos.

La presión de los intendentes peronistas es constante y se traduce en visitas extendidas a la Legislatura, llamados a toda hora y hasta convocatorias en masa. Saben que la ley de la transición no va a salir si no cuenta con los votos de los legisladores oficialistas que les responden y por ello no están dispuestos a ceder hasta que el endeudamiento incluya unos 600 millones de pesos para los municipios en su conjunto.

El reclamo esta originado en un paquete de deudas diversas que ha acumulado Pérez con ellos en los últimos años. Un ministro del Poder Ejecutivo aseguró que el gobernador habló con los jefes comunales antes de enviar el proyecto de endeudamiento a la Legislatura. Pero ese acuerdo fue vago o tramposo, ya que la letra de la ley no incluye lo que los intendentes están pidiendo.

En concreto, los “municipios” aparecen mencionados en el articulo 6 del proyecto de ley que avalaron el gobernador saliente y el electo. Allí dice que les tocará una parte de los 1.000 millones de pesos que se usarán, además, para la cancelación de obligaciones contraídas por el Gobierno con sindicatos, mutuales, OSEP, organismos de seguridad social, aseguradoras de riesgo de trabajo y deuda flotante.

El proyecto especifica que se deberá respetar “el orden de prioridades” fijados en ese artículo 6, que hace aparecer a los intendentes en el quinto lugar.

Frente a esta situación, los jefes de las comunas piden dos cambios importantes, que no serían otra cosa que más endeudamiento. El primero, que se coloquen específicamente 200 millones de pesos para los municipios en el artículo 6. El segundo, que se agreguen 400 millones para las comunas en el artículo cuarto, que autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar otros 1.000 millones de pesos para disminuir la deuda flotante.

Para el Gobierno, es menor la deuda

El Poder Ejecutivo no les reconoce ese volumen de deudas (600 millones de pesos) a los intendentes, sino algo más de 120 millones de pesos. Pero el gobernador (hoy de viaje en Salta) y su ministro de Hacienda, Juan Gantus, no están participando de las deliberaciones sobre el proyecto de endeudamiento, que será tratado el lunes por la Cámara de Diputados en sesión especial.

En la Legislatura el peronismo evaluaba ayer enviar a un delegado a contrastar las cifras de los intendentes con las de Gantus en la Casa de Gobierno, mientras insistían en que los dos tercios de los votos necesarios para sancionar una ley de endeudamiento no se van a completar si no hay una solución financiera para los administradores de las comunas.

El monto real de ese reclamo permanecía oculto hasta ayer. El intendente de Las Heras, Rubén Miranda, admitió apenas un pedido de 200 millones, cuando en realidad estaban pidiendo tres veces más y algunos diputados del peronismo decían que un primer borrador aparecía un planteo por 1.000 millones de pesos.

La realidad es que la vigilia legislativa de los intendentes no para. A cada momento aparece en el teléfono del presidente de la Cámara Baja, Jorge Tanús, una llamada del más cercano a él: Jorge Giménez, de San Martín.

Paco Pérez y Jorge Gimenez en Baggio 5

En tanto, durante la fallida sesión del miércoles, tres asumieron la tarea de controlar en persona a los diputados (Alejandro Bermejo, de Maipú; Emir Félix, de San Rafael y Miranda). Pero llegaron a ser 9 los intendentes peronistas que en la noche del martes pasado coparon el despacho de Tanús para apretar por su parte.

Desde el miércoles, la sala contigua al despacho del presidente de la Cámara Baja se ha convertido en una especie de comisión permanente donde los diputados atienden reclamos y deliberan en búsqueda de un acuerdo. Ayer fue el turno del presidente de AYSAM, Guillermo Amstutz, quien aspira a “ligar” 500 millones de pesos para poder cerrar su gestión sin problemas legales.

El otro frente de conflicto

Al reclamo de los intendentes se agrega un sólido frente de conflicto del peronismo con Cornejo, que es el otro punto a solucionar desde ahora hasta el lunes.

Al margen del préstamo por 5.800 millones de pesos, el gobernador electo negoció con Pérez un combo de soluciones financieras para su gestión que el peronismo no está dispuesto a convalidar en este proyecto.

Cornejo pide que la amortización de la “deuda pública histórica” de la provincia (es decir, lo que hay que pagar cada año por las deudas acumuladas por distintos gobernadores) no sea sometida a aprobación en cada presupuesto durante su gestión. A lo que se agregan un pedido para emitir bonos por 1.000 millones de pesos y hasta una ampliación a un año del plazo para el pago de Letras (instrumentos de financiamiento que hoy hay que liquidar antes de que finalice el ejercicio en el que se las emitió) que fija actualmente la ley de administración financiera.

Tanús, para quien queda cada vez más lejos el mundial de rugby en Londres al que hace poco se proponía asistir, se peleó a los gritos con Cornejo el miércoles por estos puntos y ayer insistió en que la emisión de bonos y la amortización de la deuda histórica no pasarán el filtro justicialista.

A la vez salió a buscar impacto con una suma del endeudamiento que eleva a 20.200 millones de pesos el pedido de la ley que se discute en la Legislatura, casi cuatro veces lo que se ha difundido hasta ahora.

Según sus cálculos, la ley en discusión les concede a los gobernadores 4.800 millones de pesos (2.320 millones para Pérez y 3.480 millones para Cornejo), más 10.400 millones para amortización de deuda en los próximos 4 años; más 1.000 millones para pagar deuda flotante; más un permiso para emitir bonos por 1.000 millones que tendrán como destino el pago a acreedores cuya deuda se haya vencido este año, más 2.500 millones en Letras para 2016 que se liquidarán recién al año siguiente; más 500 millones para cubrir las deudas con AYSAM que se generaron a partir de que Pérez utilizara los fondos destinados a la empresa de aguas en gastos corrientes.

Pero el cálculo está incompleto, ya que a esta suma millonario todavía faltaría sumarle los 600 millones de pesos que reclaman sin pausa los intendentes del peronismo. Es decir, si se leen los números tal como lo hace Tanús, casi 20.800 millones de pesos en total les costaría a los mendocinos el fin de la era de Paco y el comienzo de la de Alfredo. 

Opiniones (2)
17 de octubre de 2017 | 14:57
3
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17 de octubre de 2017 | 14:57
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  1. Cornejo muestra la hilacha antes de comenzar... con esta ley se asegura de anular la legislatura, es decir SUPER-PODERES. Esperemos que los intendentes no se vendan por dos mangos porque después lo pagamos los mendocinos
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  2. Pero con que pruebas piden endeudarse los Intendentes, pero que vayan a buscar dinero en sus Intendencias, que son todas productoras,para que han sido votados? para pedir plata prestada?.Basta de continuar tomando deudas,lo que tienen que hacer es buscar IDEAS , PARA ENRIQUECER SUS COMUNAS.-En estas condiciones JAMAS iremos adelante,sin recursos en inutil manejar una Comuna, asi que a buscar donde producir para poder gastar.-Buscar agua para las tierras infertiles, construir viviendas en los lugares vacios,producir servicios para que los pobladores paguen sus impuestos.No nombrar empleados hasta que no hayan retiros.Y sobre todo cuidar el dinero que entra para que no salga por la ventana.-Por favor es como manejar una casa, y si no son capaces de dirigirla, que le pregunten a sus esposas, que seguramente le van a EXPLICAR como hacer.-
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