Dilatan definición sobre el pedido de juicio político a González

Los diputados de la UCR y el PJ acordarían hoy tomarse una semana más para votar en el recinto si aceptarán o no los planteos de la abogada Carolina Jacky contra el procurador. La letrada sumó más elementos a la denuncia y dijo que las fiscalías son "tierra de nadie".

La Cámara de Diputados dilataría hasta la semana que viene una definición respecto del pedido de juicio político contra el procurador de la Corte, Rodolfo González, quien ha sido acusado de incumplimiento de deberes en casos de violencia de género.

Así lo indicaron los jefes de los bloques de la UCR y el PJ en la Cámara Baja. Los peronistas estaban hasta ayer "intercambiando información" y dejaban pendiente para hoy su decisión, pero fue en la bancada del radicalismo donde se planteó directamente la necesidad de tomar más tiempo.

"Vamos a pedir una semana porque hay que estudiar la denuncia un poco más", indicó Néstor Parés, presidente del bloque radical. A su turno, Silvia Ramos, quien conduce la bancada del PJ, señaló: "Si el radicalismo hace ese pedido, lo respetaremos".

En la UCR consideran que la denuncia es "muy general" y los peronistas por su parte creen que es "muy sintética". Por otra parte, Ramos aseguró que "no hay correlato" entre la denuncia y los datos que se han recabado. No obstante, no está dicha la última palabra.

El requerimiento de juicio político fue presentado por la abogada Carolina Jacky, quien basó su planteo en el caso de Laura Videla, una mujer que denunció más de treinta veces a su ex esposo por golpearla y, sin embargo, el hombre continúa libre.

Jacky también criticó la preparación de los fiscales de Luján de Cuyo e incorporó pruebas de que las oficinas fiscales no tramitan bien las denuncias de violencia de género.

Sin embargo, en la Legislatura, la denuncia fue tomada con mucha precaución. "Queremos saber si alguna vez la abogada Jacky hizo un planteo al procurador, porque un proceso de este tipo tiene que tener un sustento muy importante", agregó Ramos.

Otra amenaza

González no es la primera vez que afronta este tipo de amenaza. El año pasado, el propio presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, puso en peligro de juicio político al procurador, después de que el gobernador Francisco Pérez criticara la inacción de los fiscales en casos de narcotráfico.

La advertencia al final quedó en nada. Además, hay legisladores que hoy consideran que, más de que la denuncia por falta de atención ante la violencia de género tenga sustancia, el procurador podrá aducir que las deficiencias de las fiscalías se deben a la falta de recursos y de herramientas clave, como la Policía Judicial.

De todos modos, en la Justicia hay quienes señalan que esas deficiencias existen y que el procurador tiene responsabilidad en ellas. 

Un dato aportado desde ese ámbito es que el procurador puso a trabajar en las fiscalías a personas que rindieron para actuar como co-defensores. Es decir, las denuncias son tomadas por personas que deberían ejercer la defensa.

Los casos de co-defensores que han cumplido tareas de fiscales son los de Julio Mila (quien ya falleció), María Inés Tallei, Emilio Báez, Macarena Anile e Isabel Pérez Palacios. La abogada Jacky confirmó esta situación, así como otras irregularidades que ha sumado a su denuncia contra González.

"Las oficinas fiscales son tierra arrasada, tierra de nadie", aseguró Jacky, quien acusó a González de colocar en guardia “pasiva” a ayudantes fiscales, o a cargo de más de una oficina. En esos casos las denuncias son instruidas por auxiliares fiscales, quienes no son abogados, por lo cual pierden validez y "se pierde la respuesta eficiente, eficaz y efectiva" en casos de violencia de género.

Jacky también sostuvo que la coordinadora del Ministerio Público, María Teresa Day, no tiene el título de abogada. "Esta es la persona es la que ha dado capacitación a las oficinas fiscales sobre denuncia de género", se quejó.

El banque de un ministro de la Corte

En este contexto, la semana pasada quedó claro el respaldo que al menos una parte de la Corte provincial le da a González frente al pedido de juicio político. 

El ministro Jorge Nanclares expresó a MDZ Radio: "Tengo la confianza de que la denuncia va a ser rechazada in límine, no se advierte un escándalo jurídico. Prefiero que el cambio normal se de cuando González se jubile".

Por su parte, los diputados tarde o temprano deberán resolver en el recinto si admiten o no la denuncia contra el procurador. 

El trámite implica una votación nominal de los legisladores y si la mitad más uno de la Cámara Baja está de acuerdo con la abogada Jacky, el caso pasará a la siguiente instancia en la comisión de Juicio Político.

Opiniones (2)
26 de septiembre de 2017 | 05:41
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26 de septiembre de 2017 | 05:41
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  1. NADIE SE ANIMA CON LOS PODEROSOS, PORQUE NO VAYA A SER QUE NO TENGAN MAS VIDA POLÍTICA. QUE SOCIEDAD, SOBRETODO DE QUIENES TIENEN QUE DECIDIR, COBARDE. OJALA ALGO CAMBIARA EN ESTE MUNDO.
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  2. La mayoría de las unidades fiscales son un desastre. La atención es pésima, no encuentran expedientes y las resoluciones salen tarde mal y nunca. Se pelotean los expedientes entre el turno mañana y el turno tarde, como si fueran juzgados distintos, pero no lo son. Para sacarse trabajo de encima, los fiscales acuden al argumento de que en tu denuncia : "No hay delito" Si sos víctima de un delito y tenés que hacer algún trámite te pueden decir: "Va a tener que esperar porque tenemos que atender a un detenido" El mundo al revés, el delincuente con prioridad de atención frente al ciudadano afectado por un delito. Los detenidos son una papa caliente y los jueces y fiscales les tienen terror porque con la movida garantista, un error les cuesta el cargo. Todos los expedientes que son para excarcelar delincuentes vuelan, los que son para investigar delitos duermen meses o años, si es que decidís seguirlo permanentemente. Los empleados de las unidades fiscales, con la familiaridad que brinda el trato día a día, parecieran tener un acuerdo con los abogados sacapresos y les pasan data y argumentos para que el delincuente salga rápido y libre otra vez. Las unidades fiscales son eso: Oficinas de paso para los delincuentes. El gobierno tiene la culpa de la inseguridad por no atender las necesidades sociales, ni prevenir y reprimir el delito. Pero la justicia tiene la culpa de que un porcentaje elevadísimo de los delitos queden impunes. Hace mucho tiempo inventaron la Secretaría de Causas NN, a donde van a parar los expedientes de autor desconocido, esto lo hicieron para que las estadísticas de resolución de casos de los juzgados penales mejoraran, pero ni siquiera así , llegan a un número razonable. Si vos comprás algo, la AFIP te mira, pero cuando a un delincuente le piden una fianza de varias decenas o cientos de miles de pesos, nadie investiga ni pregunta el origen de los fondos, es decir, que cuando un delincuente le tiene que pagar a su abogado, o pagar una fianza, el delito se multiplica porque el dinero viene de ahí. Entonces con este sistema cometer delitos es un gran negocio, porque los que deberían prevenir, reprimir e investigar no hacen nada. Esto el procurador lo sabe, no es algo secreto y lleva años sin hacer nada para que el sistema mejore.
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