Pérez Hualde justificó su "no" a la audiencia de la 7722

Uno de los ministros de la Suprema Corte que votó por rechazar el pedido de audiencia pública, explicó los motivos que llevaron a su decisión, que terminó siendo la mayoría.

Uno de los jueces de la Suprema Corte de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, justificó en MDZ Radio la decisión del máximo tribunal mendocino de no llamar a una audiencia pública antes de emitir sentencia sobre la revisión de la constitucionalidad de la Ley Provincia 7722, lo cual levantó el enérgico rechazo de los asambleístas.

Durante una entrevista en el programa Hacete Cargo, Pérez Hualde explicó que "el sistema de audiencias públicas es excepcional, y que la Corte incorporó como un instrumento para aquellos casos en que se considere necesario, en determinados supuestos, hacer una compulsa de intereses y provocar o facilitar a la expresión de sectores o de grupos de interés que pudieran ser afectados por el tema a resolver en el expediente".

"Es decir, donde hay sectores que nosotros nos damos cuenta que atrás de los que están figurando como partes del proceso no agota sus efectos. O sea, lo que nosotros vayamos a resolver afectará a otros que no están presentes entre las partes", añadió.

Con respecto al pedido de audiencia para el caso de la Ley 7722, el magistrado explicó que "tuvimos presente que llevamos 8 años de dictada esa ley y Mendoza sigue sin tener una respuesta segura desde lo jurídico. Tenemos una ley, pero está cuestionada, entonces todo está en una provisoriedad que perjudica a Mendoza".

"Además, el proceso ha sido muy largo pero por causa de la prueba que hubo que producir, en el extranjero, traducirla, etc. Eso estiró los procesos más allá de lo normal", indicó.

A su vez, Pérez Hualde subrayó que "la propia provincia de Mendoza es una de las partes, entonces cómo vamos a decir que excede a los intereses de la parte. Acá, Mendoza ha actuado en todos sus poderes, desde el Ejecutivo, la asesoría de Gobierno, la Legislatura (que produjo la ley por unanimidad y en un proceso público abierto)".

"Por eso, consideramos que no quedaron intereses no expresados en esto. Entendimos que todos aquellos involucrados tuvieron oportunidad de expresarse. Además, en estos 8 años nadie estuvo interesado en sumarse en cualquiera de estos procesos", aseguró.

Por otra parte, el integrante del máximo tribunal provincial consideró que "la participación de expresión de la voluntad popular no es en el Poder Judicial, sino en los organismos políticos de la provincia. No es el papel del Poder judicial revisar si la Legislatura, cuando dictó una ley, fue expresión de las fuerzas e intereses de la provincia. Nosotros revisamos si la norma se ajusta o no a la constitución, nada más".

"Si el juicio hubiese sido entre una ONG y una minera, sí podríamos necesitar saber quiénes más están o no de un lado o del otro, pero no es el caso. Acá es la provincia de Mendoza la que defiende lo que su sistema político, democrático e institucional ha producido, que es una ley", reiteró.

Finalmente, Pérez Hualde resumió que "los 7 miembros de la corte podemos estar convencidos de que la ley podría haber sido más conveniente, pero no es ese nuestro rol. Nosotros tenemos que mirar si se ajusta o no a la Constitución".

"Nuestro papel de árbitro es para tener la última palabra en una situación de conflicto, no nos han puesto para ser infalibles", concluyó.

Ficha Hacete Cargo

Opiniones (4)
19 de agosto de 2017 | 22:56
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19 de agosto de 2017 | 22:56
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  1. La Legitimidad y la Justicia de las leyes deben estar intrínsecamente consustanciadas. Y por ende, sus fallos. Si existe no ya demanda, sino la presunción nomás de que ello pudiere no ser así, todo proceso implicado debe revisarse y exponerse cuidadosamente, previo a tomarse decisiones. Más aun cuando los efectos de un fallo van a afectar sectores sociales y/o ambientales.
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  2. Pérez Hualde: ¿Qué onda con esa foto?¿I'm sexy and I know it?
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  3. Figuretti todavìa no contestó los numerosos comentarios a su anterior "intervención" en MDZ y ya se le va la boca otra vez? Andaaaaaaaaaaaaaa
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  4. Bueno menos mal que actuaron defendiendo los intereses de los habitantes de la provincia y preservando el derecho humano al agua. Los intereses económicos de la minería tendrán que trasladarlos a San Juan que no vela por el futuro de los ciudadanos. Por suerte esta corte esta imitando un poquito a la de Córdoba que definitivamente prohibió la minería metalífera a cielo abierto.
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