Y un día, la crisis no se pudo ocultar

El brote de reclamos dirigidos al Gobierno precipitó esta semana un retorno al centro de la escena de Francisco Pérez. Pero sus anuncios y promesas no apagaron las señales de un problema que a esta altura es social. De qué depende que explote o no.

El brote de reclamos económicos dirigidos al Gobierno, con denuncias y amenazas de cortes de servicio y huelgas, acumuló en combo infernal esta semana a empresarios del transporte, gremialistas, intendentes y proveedores, y precipitó un retorno al centro de la escena de Francisco Pérez.

Los focos de incendio generados por la crisis financiera se hicieron, todos juntos, evidentes. La crisis dejó finalmente de estar sujeta a interpretaciones y posturas políticas, porque es real (siempre lo fue, aunque el Gobierno no lo quería reconocer). Fue una prueba cabal la aparición este viernes de un gobernador que enfrentó a la prensa con algunas acciones y promesas.

Las acciones representaron pagos parciales y, por ende, soluciones momentáneas. Pero las promesas fueron el mayor problema: Pérez se comprometió a dejar la gestión con los fondos necesarios para pagar los sueldos y aguinaldos de los empleados estatales en diciembre, algo que hoy, nadie puede asegurar.

Ciertamente, Pérez llevó esta semana a las autoridades del presidente del Banco Nación la solicitud mayor del gobernador electo Alfredo Cornejo, que consiste en un crédito a largo plazo por cerca de 6.000 millones de pesos para apagar el incendio. Probablemente algo comunicó respecto de la dimensión de la crisis mendocina al propio ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, con quien Pérez estuvo y a quien le corresponderá en ultima instancia autorizar tamaño empréstito.

Pero nada permite por ahora asegurar que ese pedido recibirá una respuesta satisfactoria. La solución, de llegar, demorará porque nunca fue fácil arrancarle dinero al kirchnerismo. A pesar del gesto de buenos oficios de Pérez ante el núcleo duro del Gobierno Nacional, el cual incluyó la presencia de la diputada nacional de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti, una presencia ya habitual para validar los pedidos urgentes del gobernador mendocino.

De no mediar una solución a ese nivel, Mendoza sigue encaminándose fatídicamente a precipicios sucesivos. El primero de ellos, el mes que viene, setiembre, cuando al rojo mensual del Estado, que acumula 400 millones de pesos cada 30 días,  se sumarán las obligaciones de deuda (letras y bono) por un valor equivalente. 

El segundo, más profundo pero con algo más de plazo, en diciembre, cuando el próximo gobernador necesite 2.000 millones de pesos para pagar los sueldos y aguinaldos de fin de año.

En el primer caso, la duda es cuál será el límite o tope definitivo para los redescuentos sucesivos del Banco Nación, maniobra de corto plazo a la que habría que recurrir el mes que viene una vez más para pagar parte de las deudas, cuyo monto total es cada vez más millonario.

El mes pasado, cuando el peronismo mendocino dinamitó la transición entre Pérez y Cornejo, los radicales decidieron sentarse a esperar precisamente hasta setiembre, mes donde el agobio de las cuentas públicas llegaría, según sus cálculos, a límites intolerables y forzaría al oficialismo a retomar las negociaciones. 

Hoy todavía no se sabe si habrá acuerdos para entonces, pero hay quienes especulan con que la necesidad política del PJ de evitar una crisis social a semanas de las elecciones presidenciales podría generar las soluciones que hoy no aparecen.

La crisis real

Los síntomas del embudo en el que va cayendo la Provincia se notaron con inclemencia en el sector de la salud pública en estos días, donde hubo cortes en el servicio de viandas para médicos, problemas con los medicamentos oncológicos y reclamos salariales de los gremios que, meses atrás, acordaron aumentos salariales y pases a planta de afiliados sin asegurarse que todo lo prometido iba a poder cumplirse.

Algunos de esos gremios que acordaron el aumento del 35 por ciento y pases a planta generales, hoy, están en pie de guerra. Se manifiestan traicionados. O ensayan, tal vez, una postura confrontativa con el Gobierno, a pocos días de fracasos electorales rotundos, como el de Raquel Blas, la líder de ATE, quien obtuvo muy pocos votos como candidata del FIT. 

La transformación de la crisis financiera en crisis social es alimentada por versiones extremistas, como la que intentarán confirmar algunos legisladores opositores y que dice que el director de Hospitales, Luis Agüero, dejó el cargo por algo más que un cruce verbal con el ministro de Salud, Oscar Renna.

“Vamos a tratar de verificar si el director de Hospitales se fue tras advertir que se puede morir gente”, afirmó el jefe del bloque de diputados radicales, Néstor Parés, ante la consulta de este diario. 

No se ha determinado si esta dramática señal es real, pero sí hay certeza en el equipo del gobernador electo de que en los hospitales de la provincia se están realizando compras de insumos muy desprolijas, con imputaciones por debajo del valor de lo adquirido, que siguen empujando a funcionarios a la posibilidad de enfrentar problemas judiciales en el futuro.

En este escenario, la Provincia, además, vive una realidad donde el proveedor que protesta o aprieta, cobra algo, (como ocurrió en el caso de los empresarios del transporte nucleados en AUTAM) y el que se queda callado no. Un caos administrativo que el Gobierno no reconoce, pero que sufre y lo condiciona.

Presupuesto sí o sí

La salida de esta situación parece ser la sanción de un presupuesto provincial que acomode los gastos actuales con las partidas reales y sincere el financiamiento millonario que hace falta para terminar el año.

Cornejo, en su cruzada por conseguir ese financiamiento, no renunciará nunca al que que el Presupuesto 2015 finalmente se sancione en la Legislatura provincial, junto a la ley de gastos para 2016. No importa que esto ocurra un día antes de su asunción: sólo la pauta de gastos ignorada por el oficialismo será la prueba legal de la deuda que hereda y el instrumento para validar el préstamo salvador del Banco Nación al que aspira.

La batalla está planteada con claridad. El nuevo contrato con el Banco Nación debería firmarse con el futuro gobernador ya en funciones (el 22 de diciembre) y Cornejo hará valer las prohibiciones de la ley de Responsabilidad Fiscal si su antecesor intenta sellar un acuerdo que no sea de su conveniencia.

En este esquema, Pérez no es el principal enemigo. Como ya ocurrió en el anterior cese de la transición, la pelea es con su propio partido, el peronismo, donde las discusiones presupuestarias y las autorizaciones de financiamiento siguen siendo fuertemente resistidas.

Las promesas de austeridad de Pérez y sus acuerdos con el gobernador electo tienen un valor relativo frente a un partido que se resiste a aceptar esas decisiones. El radicalismo denuncia que organismos como el Instituto Provincial de la Vivienda buscan seguir adelante con sus políticas a pesar de que el propio Pérez anunció este viernes que dará de baja las licitaciones para las cuales no tiene financiamiento.

Por otro lado, la inercia de los pases a planta de personal político impulsados sin pausa desde los ministerios no parece detenerse, a pesar del crudo contexto de crisis.

Los denunciantes radicales dicen que ya están comprobados al menos 40 pases a planta que vulneran la ley de Responsabilidad Fiscal por medio de la maniobra de los decretos reservados. Dicen que el Gobierno no ha aportado toda la información y que en la Justicia se siguen pidiendo decretos. Con un solo caso probado judicialmente (quien investiga el caso es el fiscal especial Sebastián Garay), podrían existir consecuencias legales graves para los responsables.

Tenga o no consecuencias reales, el contraste entre un gobierno que busca asegurarles la estabilidad laboral en el Estado a personas que entraron hace poco en cargos políticos mientras a la vez, desesperadamente, busca fondos para pagar las deudas que generó es, sencillamente, intolerable. 

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