Hotesur: Rafecas validó los procedimientos de Bonadío

El nuevo juez de la causa respaldó al removido magistrado, pero anuló designaciones e informes de peritos.

El juez federal Daniel Rafecas declaró hoy válidos los múltiples allanamientos que se realizaron en Río Gallegos y otras localidades del sur del país en el marco del caso Hotesur, ordenados por el magistrado Claudio Bonadio y efectuados por la Policía Metropolitana. 

Lo hizo luego de que este jueves la Sala I de la Cámara Federal evitara pronunciarse sobre la validez de esos operativos ante un pedido del fiscal Germán Moldes para definir el alcance de la nulidad que ese mismo cuerpo había decretado. 

Así, Rafecas declaró válidos los allanamientos que había dispuesto el anterior juez del caso, Bonadio, y que se llevaron a cabo, entre otros lugares, en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, de donde se secuestró documentación.

Rechazó a Stolbizer como querellante

A la vez, el juez denegó el pedido de la diputada nacional Margarita Stolbizer, denunciante del caso, de ser aceptada como parte querellante, lo que le permitiría pedir medidas de prueba. 

Rafecas recordó que los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, de la Sala I de la Cámara Federal, decretaron la nulidad a raíz de una convocatoria a peritos contables que había hecho Bonadio para colaborar en el expediente y porque no le permitió tener acceso a las partes. 

"Cuando se admite estar en presencia de un acto viciado, lo que devenga del mismo y hubiese sido a través de él obtenido, trae aparejado como efecto inmediato, conforme lo explican la doctrina y la jurisprudencia imperante en la materia, su eliminación del proceso", explicó el juez en su resolución. El magistrado recordó que por el fallo de la Cámara Federal se declaró nula la designación de tres integrantes del cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte para colaborar con la causa. 

"Al decidir el superior que la solicitud de designar a un equipo de colaboradores contables es nula, todo aquello que se relacione directa y exclusivamente con ello, así como el accionar de quienes en consecuencia de dicha petición se hayan designado, deviene necesaria e ineludiblemente nulo", agregó el juez que decretó la invalidez de esa medida que había ordenado Bonadio. 

No obstante, distinta fue la resolución en cuanto a los 40 procedimientos ordenados por Bonadio en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, San Carlos de Bariloche y El Calafate, que estuvieron a cargo de la Policía Metropolitana.

Por haber dado la intervención a la Policía Metropolitana, Bonadio fue criticado por el oficialismo y fue tenido en cuenta por la Cámara Federal al apartarlo de la investigación. Rafecas consideró que "la motivación y fundamentación" de disponer aquellos 40 procedimientos que fueron hechos previo al fallo de nulidad dictado por la Cámara Federal, y aseguró que se trata de "un hito más en el camino emprendido por el anterior Juez instructor, tanto en la forma como en el contenido, y basado fundamentalmente en el mismo argumento que todas las peticiones precedentes: las pruebas reunidas en la causa". 

Además, tuvo en cuenta que su predecesor había dispuesto las medidas "con el fin primordial del proceso, que es la búsqueda de la verdad, un objetivo que guía no sólo la actividad del juzgador, sino también la actuación tanto de la acusación como de la defensa". "Desde esta perspectiva, la incorporación al proceso de documentación, registros y libros contables no hace más que apuntar en esa dirección, que en principio, debería ser compartida por todas las partes", evaluó Rafecas. Así el contenido de los allanamientos, esto es documentación, discos rígidos y otro material que ahora está en custodia de la Prefectura Naval, ya que Rafecas decidió correr a la Policía Metropolitana de la investigación. 

"La incorporación al proceso de documentación, registros y libros contables" apunta al esclarecimiento de la verdad, y no fue cuestionada por la fiscalía ni las defensas de los imputados", agregó Rafecas. 

La causa es por una presunta maniobra de lavado de dinero a raíz de que la firma Hotesur, que explota el hotel Alto Calafate, había alquilado plazas hoteleras a personal de la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, pero que las mismas nunca se ocuparon. 

Según la denuncia, ello podría ser una maniobra de lavado de dinero a la par que se investigan irregularidades por la no presentación de documentación en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Opiniones (2)
25 de noviembre de 2017 | 02:49
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25 de noviembre de 2017 | 02:49
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  1. si rafecas....y vos pensas que te vamos a creer??....es obvio que si les pones peritos como hizo bonadio les va saltar todo y vos tenes que decir que es nulo asi no se investiga....es una chicana que se venia seguro.....se cae de madur que los queres hacer zafar....son chorros y delincuentes y se sabe y vos sos amigo de la causa......sigan votando a estos delincuentes....ignorantes ¡¡¡
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  2. Tarde o temprano van a caer, CHORROOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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