Denuncian al IPV por licitaciones dudosas

Legisladores del radicalismo denunciaron al organismo que preside Omar Parisi por contrataciones que no cuentan con financiamiento seguro. Advierten que se estarían comprometiendo 700 millones de pesos.

Néstor Majul y Néstor Páres, legisladores del radicalismo, pidieron la intervención de Fiscalía de Estado por licitaciones dudosas encaradas en el Instituto Provincial de la Vivienda. Las mismas, según indicaron, atentan contra el patrimonio del fisco al no contar con financiamiento asegurado.

Pares Radicales 01

En el escrito que remitieron al órgano de control que preside Fernando Simón, detallaron que "las contrataciones que realiza el IPV, si bien algunas cuentan con recursos aportados por programas del Estado Nacional, en todos los casos resulta necesario un aporte de la Provincia, que implica el compromiso de erogaciones corrientes, que superan ampliamente el presente ejercicio fiscal". 

Algunas de estas licitaciones, destinadas a la construcción de viviendas, están en curso pero también hay llamados nuevos. "Los hechos que se están produciendo en el IPV, implican procedimientos que comprometen el patrimonio del Estado en violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente en la Provincia", destacaron los diputados provinciales. 

Adelantaron, asimismo, que, dependiendo de lo que resuelva Fiscalía de Estado, tales antecedentes podrían  "acarrear la nulidad de los contratos que se suscriban, con el efecto en contra de este organismo, así como la responsabilidad de los funcionarios que hubieren intervenido".

En conversación con MDZ, Majul amplió que "estamos viendo que el IPV está comprometiendo a futuro un montón de recursos provinciales que para nuestro entender está por fuera de la Ley de responsabilidad fiscal". 

Asumen nuevos diputados legislatura Majul

Según sus estimaciones, se trata de unos 700 millones de pesos que debería poner la provincia en caso de concretarse estos contratos destinados a realizar cerca de 5.500 vivviendas. "Nuestra inquietud es ¿de dónde va a sacar la provincia esta cantidad de dinero?", lanzó Majul. 

Indicó, asimismo, que entre los llamados a licitación, lo ejecutado y lo adjudicado el IPV deberá desembolsar 3 mil millones de pesos. De ese número, 2 mil millones de pesos salen de la Nación y el resto de la Provincia. 

El órgano que preside Omar Parisi, según el cálculo de los diputados opositores, recauda anualmente 450 millones de pesos (aproximadamente 300 millones de pesos del Fonavi y 150 millones de pesos de recupero). De ese dinero, el IPV destina cerca de 150 millones de pesos a gastos operativos; dejándose un resto de 300 millones de pesos para la construcción de viviendas. Para responder al total de lo licitado, ejecutado y adjudicado, Parisi necesita 700 millones de pesos. 

Por su parte, Parés agregó que "no estamos pidiendo que se paralicen las obras ni las licitaciones pero sí que se revise con qué financiamiento cuenta la provincia como para llevarlas adelante". 

La denuncia presentada ante la Fiscalía de Estado: 

DENUNCIA.-

SE SOLICITA SUSPENSIÓN DEL TRAMITE LICITATORIO.-




SEÑOR FISCAL DE

ESTADO

S……/……..D



NESTOR MAJUL, en mi carácter de Diputado Provincial de la Unión Cívica Radical y NESTOR PARES mi carácter de Presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical de la H. Cámara de Diputados, venimos interponer formal DENUNCIA respecto de los hechos que se están produciendo en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV en adelante), los que implican procedimientos que comprometen el patrimonio del Estado en violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente en la Provincia, y que podrá acarrear la nulidad de los contratos que se suscriban, con el efecto consiguiente en contra del Ente licitante, así como la responsabilidad de los funcionarios que hubieren intervenido.

Por medio de la presente, solicitamos intervenga y se avoque a la presente, pidiendo como medida de mejor proveer, que desde el descentralizado le remitan todas las piezas administrativas o actuaciones en donde se esté tramitando el llamado a nuevas licitaciones o la reedición de licitaciones que no se hubieran concretado.

I.- Oportunamente, se solicitó a las autoridades del IPV informaran los procesos de contratación que quedaron pendientes de ser ejecutados y que se abstuvieran de continuar tramitando aquellos que implicaran una violación a las previsiones del art. 46 de la Ley 7.314.

Las contrataciones que realiza el IPV, si bien algunas cuentan con recursos aportados por programas del Estado Nacional, en todos los casos resulta necesario un aporte de la Provincia, que implica el compromiso de erogaciones corrientes, que superan ampliamente el presente ejercicio fiscal y que por otro lado, se otorgarán dentro del marco prohibitivo de la norma ya citada.

No pude dejarse de resaltar, que estamos ante la presencia de la disposición de fondos públicos, por parte de funcionarios políticos, que obran como administradores de los bienes de la comunidad, por lo que el deber de informar acabadamente la forma y destino que le darán a dicho bienes, es la contraparte fundamental del derecho humano a la información.

Baste con remitirme al texto expreso de los Tratados de Derechos Humanos, en los cuales se encuentra consagrado el derecho a la información y a conocer la verdad, de los no puede surgir limitación alguna en el sujeto activo que peticiona tal información, máxime cuando los asuntos que se ventilan están lejos de comprometer la indemnidad política o de seguridad del Estado.

Así, el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en modo alguno limita el derecho a la información, por el contrario, la norma está redactada de un modo amplio al establecer "Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

En el mismo sentido, el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye....el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Por su parte, el art. IV de la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre" dispone "Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio".

La Corte Suprema, sobre el punto, ha sostenido que “la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados -como se verá- a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática” (ver causa “Asociación Derechos Civiles”, A. 917. XLVI. REX).

II.- Desde otra perspectiva, si bien podrá alegarse que el llamado a licitación y contratación de empresas o proveedores, para la construcción de unidades habitacionales, esta dentro del marco de las denominadas competencias de merito, oportunidad y conveniencia, no podrá dejar de advertirse que tal operatoria forma parte de una de las políticas más sensibles que debe encarar el Gobierno que ejerce el Poder del Estado, por lo que en vista a que las autoridades actuales habrán de dejar sus cargos dentro de 4 meses, comprometer al aparato administrativo, mediante contrataciones de la importancia que revisten las comentadas, a la demarcación de políticas que podrán incluso exceder el mismo mandato de las autoridades elegidas por el pueblo, marca la irrazonabilidad de las medidas, cuestión que en el fondo es la que intenta evitar la Ley 7.314.

Ahora bien, si se analiza el caso desde lo normativo, debe destacarse que todo contrato de obra, en cuanto implica un acuerdo por una vigencia superior al año calendario, violenta las limitaciones previstas por el art. 46 de la ley 7314, en cuanto dicha disposición normativa dispone que en los años de elecciones para Gobernador y/o Intendentes, durante los dos (2) últimos trimestres del año, estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa que implique un aumento en las Erogaciones Corrientes de tipo permanente –debe entenderse por tal cosa todos “los gastos que se prolonguen por más de seis (6) meses y que no se encuentren fundados en emergencias de tipo social como consecuencia de una caída significativa en el nivel de actividad o desastres naturales”-.

Tal norma, prohíbe este tipo de contrataciones, por lo que todo compromiso del gasto que se formalice o autorice en contraposición a lo referido, tendrá un vicio grosero en el objeto, toda vez que “transgrede una prohibición del orden jurídico” (art. 52 inciso a) y 112 de la Ley 3909 -ADLA 1973 - D, 4344-).

Este vicio, a más de las responsabilidades de los funcionarios intervinientes (art. 47 y sgtes. de la Ley 7413) implicará la inexistencia del contrato y del acto ratificatorio1, siendo aplicable al caso la doctrina la Corte Federal sentada en la causa “Hotel Iguazú” según la cual “la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación… (Fallos: 316:382; publicado en LL 1986-D, 397), doctrina ratificada en la causa “Cardiocorp” en donde decía siguiendo la línea de “Ingeniería Omega” que "cuando la legislación aplicable exige una forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia" y que "no es posible admitir la acción basada en obligaciones que derivarían de un supuesto contrato que, de haber sido celebrado, no lo habría sido con las formalidades establecidas por el derecho administrativo local para su formación".2

III.- Por lo dicho, pedimos al señor Fiscal intervenga en los hechos denunciados, requiera la información solicitada como medida previa y oportunamente se expida sobre los procesos que está llevando a cabo el IPV.

Sin otro particular, saludamos al Señor Fiscal de Estado respetuosamente.

1 Debe destacarse que el contrato citado tampoco se ajusta a las precisiones del Decreto 2279/11: “Otras Erogaciones Corrientes: toda contratación que efectúe el órgano administrador dentro de sus facultades propias y en uso del crédito oportunamente votado, que al 30 de junio no tengan acto administrativo de autorización para contratar, volante de imputación preventiva del gasto y aprobados los pliegos de condiciones particulares para la contratación, deberá incluir una cláusula en sus pliegos que expresamente determine que la contratación expira de pleno derecho a los 180 días de la adjudicación o inicio de la prestación efectiva del servicio, dejando a salvo la posibilidad de continuar en las mismas condiciones y por un plazo determinado a opción del Estado, siendo suficiente la simple notificación al proveedor en el sentido expuesto”.

2 Ver BUSTELO, Ernesto N., Contrato viciado por omisión de la licitación pública (a propósito de "Cardiocorp") LA LEY 2007-D, 221.


Opiniones (12)
21 de agosto de 2017 | 18:01
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21 de agosto de 2017 | 18:01
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  1. Justamente, por eso lo digo. El que no tenga la plata, que no reciba una casa regalada, sino que alquile hasta que se muera!!! No es un comentario idiota, el idiota eres tu, pero no tanto, en la medida que quieres que los demás te paguemos, lo que tu no puedes comprar y quieres que te regalen.- Este país debe cambiar para bien, y eso significa que cada uno tenga lo que se gana con su trabajo, no lo que los políticos por el voto le dan, a través del sacrificio de los demás.- Es más, lo que digo, lo hago con fundamento. Primero que siendo Director de Obras públicas y Privadas de un municipio por dos meses ya que me asquearon y renuncié, me informé de barrios que estaban pagando certificados de vigas de dintel, cuando en realidad no existía ni el terreno. O de gente que con un certificado de inhabitabilidad después del sismo, tienen casas del IPV que nunca usaron y siempre tuvieron alquiladas, es más, siguen viviendo en su casa inhabitable y gozando del dinero de los alquileres.- Antes de escribir idioteces, aprende de la realidad.-
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  2. jcglsl: no podes hacer un comentario mas idiota. Si pensaras tal vez te darías cuenta que tal vez haya gente que no tiene un millón y medio para ir a la inmobiliaria a comprar casa ...
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  3. wando: excelente su reflexión. Cuando a pocos días de las elecciones el IPV le dio 11 millones de pesos (dicho esto por ellos mismos) a Ciurca fue ¿A título de qué? No era intendente, y de hecho no lo será (gracias a Dios y a los lasherinos inteligentes), era Vicegobernador en licencia de sus funciones. YA DEBE EXPLICAR EL TITULAR DEL IPV: A QUIÉN SE LO OTORGÓ, BAJO QUE FORMATO, PARA QUÉ FIN Y EXPLIQUE PESOS A PESO EN QUE SE GASTÓ O GASTARÁ. Ahora, antes que se vayan.
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  4. MAXIAS QUERIDO HERMANO PERONISTA Y KK.REALMENTE TE ADMIRO COMO ESCRIBIS Y COMO TE EXPRESAS, EN FORMA TAN CONGRUENTE, COMO TU FILIACION POLITICA. PERDONA SOLO ME QUEDA UNA DUDA EN CUANTO A TU PERSONA. DECIME EN SECRETO TE PAGAN UN SOLO CHORIPAN O TE DAN TAMBIEN UNA BOTELLA DE COCA UN ABRAZO.
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  5. Y NO IMPORTAN SI SON O NO RADICLAES, ALGUIEN TIENE QUE ENTRARLE A CADA DEPENDENCIA PUBLICA DONDE SE MAJE GUITA SIN CONTROL HASTA AHORA. SI NO CUANDO YA ESTE ENTREGADO EL PAQUETE..., EL DESPILFARRO Y METER A CUANTO CHANTUN COLGAJO DE LA POLITICA SE LES OCURRIO, LA COMPRA DE MOVILIDADES A PIACHERE Y OTROS DE CAJA CHICA, PASARA A SER DEL NUEVO GOBIERNO Y SEGUR NO LES CREEREMOS QUE LA CULPA ES DE PAKO POKO Y SUS SECUACES, COMPROBARLO Y DENUNCIA JUDICIAL, QUE SE PASEN EL RESTO DE SUS VIDAS GASTANDO LO CHOREADO EN ABOGADOS.
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  6. También pidan informes con que fines, estando fundido el IPV, como el resto de la provincia, le paso, como 12.000.000 doce millones de mangos a la Muni de Ciurca, para apoyarlo a perder las elecciones. ¿CUAL FUE EL USO DE ESA GUITA Y QUIEN DIO EL VISTO BUENO PARA LA TRANSFERENCIA?
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  7. Esta institución es necesario que desaparezca, ya que no cumple con su finalidad hace ya muchas décadas y es sólo usada para que los funcionarios que allí están, se enriquezcan. Por otra parte, que quien quiera vivienda la consiga por su cuenta como los demás, en una inmobiliaria.-
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  8. NESTOR PARES, SE DEBE REVISAR EL TEMA EMPRESAS, PORQUE MUCHO DE ESTOS ACTOS A INVESTIGAR, ES PARA SOCIOS Y AMIGOS EMPRESARIOS . NO ES UN TEMA MENOR. TODO MENDOZA LOS CONOCE. DE TODAS MANERAS ,UNA VEZ MAS SE DEMUESTRA EL ENGAÑO Y LA FALTA DE RESPONSABILIDAD HACIA LOS MENCINOS. VA A SER MUY DIFICIL GOBERNAR. LA HERENCIA PROVINCIAL ES MUY MALA Y PELIGROSA.
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  9. que raro el chanta de parisi
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  10. Si hubieran denunciado a tiempo para parar la designación de este triste personaje al frente del IPV quizás hoy la realidad sería distinta.
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