Un gobierno miope y desbordado

Francisco Pérez cree que llegará a noviembre solo pagando sueldos y, tras cortar la transición con Alfredo Cornejo, se ufanó que la situación en Mendoza no es caótica. En quince días ya estallaron conflictos con las clínicas, los dueños de micros y con los ex policías, que reclaman que les paguen lo que les deben. El trasfondo de la violenta protesta de AMUPPOL, la financiera de los agentes.

Solo la miopía política de un gobierno que en su larga retirada solo aspira a pagar los sueldos hasta noviembre, puede explicar la cadena de reclamos que tuvieron, este miércoles, su episodio más violento en la Casa de Gobierno.

El día después de haber cortado la transición con Alfredo Cornejo, un par de ministros del gabinete del entorno más cercano a Francisco Pérez, Marcelo Costa y Francisco García Ibáñez, salieron casi a coro a minimizar los alcances de la ruptura del diálogo bajo el argumento de que la situación de la provincia no era caótica y, prueba de ello, decían, "es que no se ven los reclamos de los proveedores en la Casa de Gobierno".

Pasaron poco más de dos semanas y un grupo violento de ex policías reprodujeron escenas injustificables que no se veían en la provincia desde la crisis de 2001, con protestas similares de empleados estatales en aquella época.

Lo sucedido hoy con Ala Asociación Mutual del Personal Policial (AMUPPOL) tiene el trasfondo de un gobierno que ha decidido desde hace tiempo financiarse retaceando pagos a proveedores. Y la mutual de los policías es parte de esta historia.

Los problemas para los ex agentes son dos. Uno, que reclaman el pago de un retroactivo para los que ya no están en actividad que Pérez no está en condiciones de afrontar más allá de que a nivel oficial se pateó la pelota hacia el gobierno nacional.

Y el otro, el que más afecta, es que el Gobierno no le paga a la mutual las retenciones que les aplica a los policías y que, en buena medida, van a parar al organismo que desde hace más de una década conduce Omar Alcalde.

Desde hace tiempo se sabe que AMUPOL funciona como financiera de los policías, a los que les presta plata. Si el Gobierno no paga las retenciones que les hace a los agentes mes a mes, rompe la cadena de pagos y deja a la mutual en la bancarrota, ya que esta se nutre precisamente de esas retenciones.

Resulta notable cómo Pérez no vio lo que se venía al cerrar los caminos de la transición obligado por el peronismo. Las negociaciones con Cornejo, por más largas y complejas que eran, le daban al menos a los acreedores del Estado la tranquilidad de que el poder político saliente y el entrante estaban buscando una solución a la deuda que supera largamente los $2.000 millones.

Rota esta alternativa, empezaron las presiones. Como una reacción en cadena, fueron las clínicas quienes primero amenazaron con cortar los servicios de OSEP. Pérez soltó allí la promesa de que pagara su deuda de casi $100 millones en cuotas.

Casi en simultáneo aparecieron los dueños de micros, quienes advirtieron que, sin un compromiso de pago, la semana previa a las elecciones cortarían los servicios nocturnos. Tras tres días de negociaciones, apareció el compromiso oficial de que les cancelaran al contado al menos $30 millones de los $110 millones que les adeudan.

Los reclamos no terminarían acá, con AMUPPOL: los proveedores saben que Cornejo no los estará esperando en diciembre con los brazos abiertos para pagarles los que les debe y por eso es que pretenden que Pérez deje al menos documentada la deuda

Pero el panorama es grave. El gobierno se está sacando los reclamos de encima prometiendo que cancelará deudas de a millones, sabiendo que el mes que viene será clave.

En setiembre vencerá el pago de una letra por $273 millones y además la segunda cuota anual del bono Mendoza 18 por U$S 12 millones y ya no habrá posibilidades de obtener más deuda para pagar deuda vieja, como se vino bicicleteando hasta ahora. En otras palabras, la caja estará mucho más flaca que ahora.

"Fue una patota sindical", se enfureció el gobernador al referirse a AMUPPOL tras los incidentes de esta mañana. A esa misma patota, entonces, fue a la que apeló el Gobierno en diciembre de 2013 para desactivar el levantamiento policial cuando llamó, en una maniobra que finalmente fracasó, a Omar Acalde para tranquilizar a los policías

Los ministros de Paco buscaban dar la sensación de que en Mendoza no hay crisis y que la situación estaba controlada. Quince días después, el conflicto los golpeó en la cara y en la puerta misma del despacho del gobernador.

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