La UCR analiza un pedido de jury contra el titular de Irrigación

Alfredo Cornejo debería convivir dos años con un peronista al frente de Irrigación. Sin embargo, desde su equipo afirmaron que "es decisión política del gobernador" presentar un pedido de jury de enjuiciamiento por "omisión y acción" de José Luis Álvarez.

El 10 de diciembre, cuando asuma al frente del Poder Ejecutivo, Alfredo Cornejo completará con gente de su confianza los cargos en ministerios y organismos de la provincia que quedarán vacantes con la partida de Francisco Pérez y de su equipo. Sin embargo, hay un área fundamental en la que prácticamente el nuevo gobernador no tendría injerencia: el Departamento General de Irrigación (DGI), cuya máxima autoridad, José Luis Álvarez, tiene mandato hasta 2017.

Más allá del período que otorga la Constitución provincial al titular del DGI, desde la UCR destacaron que su gestión podría acortarse. "Estamos en condiciones de iniciar el pedido de jury de enjuiciamiento contra el superintendente general de Irrigación", destacó el vocero del gobierno electo en materia hídrica, Marcelo Romano. Efectivamente, "la dupla Cornejo- (Laura) Montero tomó la decisión política de avanzar contra Álvarez" y, para ello, reúnen los argumentos necesarios para justificar el pedido.

De esta manera, Cornejo busca armonizar su gestión con la del Gobierno del Agua, ya que para implementar las políticas hídricas comprometidas, desde su entorno afirman que la permanencia de Álvarez al frente del DGI "no debería, pero podría generarnos varios problemas". Entre los objetivos del gobernador electo se destaca el "saneamiento" del sistema de pozos de agua subterránea y un cambio de timón en las negociaciones con la provincia de La Pampa por el río Atuel, motivos por los que han cuestionado a la conducción de Irrigación.

Los pozos de Agrelo

Los 21 pozos de Agrelo, aquéllos que Eduardo Frigerio y su equipo otorgaron en una zona donde estaba prohibido y por lo que tuvieron que abandonar el DGI en medio de un jury de enjuiciamiento, ahora complican la situación del actual superintendente. A Álvarez lo acusan de haber omitido pasos legales fundamentales, lo que impide que hasta la fecha no se hayan podido cegar (cerrar) las perforaciones. Para sostener esto se basan en un fallo de la jueza Fabiana Martinelli que da lugar a un recurso de amparo de un privado que impide el cierre de los pozos.

Romano

Romano, Cornejo y Montero, durante la campaña.

Allí, la magistrada sostiene que Álvarez debió "acatar con los remedios legales previstos los permisos de perforación otorgados, declarar caducos los mismos por incumplimiento permisionario, rechazar la concesión en la etapa oportuna (antes del 26-04-12) o proceder a la revocación del derecho de concesión tácitamente adquirido". En ese fallo, Martinelli dio lugar a la acción de amparo de Fideicomiso Aymuray en contra del DGI, por lo que queda sin efecto la resolución de cegar los pozos en conflicto, medida que fue anunciada recién en 2013 por el actual gobernador (un año después de la salida de Frigerio).

Desde Irrigación salieron a responder: "Los radicales son unos caraduras hambrientos de poder".

Mercado negro de agua subterránea

Romano precisó que también son motivo de jury de enjuiciamiento dos resoluciones del superintendente general de Irrigación relacionadas con la entrega de pozos y la posibilidad de que éstos se trasfieran. En este sentido, el abogado especialista en derecho de riego, quien fuera candidato a intendente de San Carlos por la UCR, afirmó que la resolución 164/13 dio lugar al mercado negro del agua subterránea, ejemplificado en el caso de Leonardo Fariña.

"La firma de esta resolución permitió el traslado de pozos de una propiedad a otra. En otras palabras, permite acceder a un permiso de perforación en reemplazo de otro que ya existe en la misma cuenca", explicó Romano. Esto, según el representante de Cornejo-Montero en materia hídrica, llevó a que se realizaran transferencias por hasta 100 mil dólares, ya que a partir del acceso al recurso hídrico, las propiedades incrementan sustancialmente su valor.

Asimismo, entre los argumentos que esbozan desde la UCR a la hora de justificar la eventual presentación del pedido de jury contra Álvarez, destacan otra resolución -la 548/12- que establece el "ofrecimiento de un aporte pecunario" como requisito para acceder a un pozo en las zonas habilitadas. "Esto fue el Apocalipsis del sistema de riego mendocino en el que el agua era para todos. Con esto, el agua es para quien tenga más dinero", sumó Romano.

Otros argumentos

Desde el equipo de Cornejo que analiza la eventual presentación destacaron que también podrían justificar el pedido a partir de otras supuestas irregularidades. En primer lugar, destacaron que "aparentemente, las regalías que cobra Mendoza por la energía hidroeléctrica, que deberían utilizarse para obras en Irrigación, se usaron para gastos de rentas generales". Y por esto también apuntan contra el superintendente del DGI.

Asimismo, podrían contemplar el polémico convenio que el Departamento General de Irrigación firmó con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde el Gobierno del Agua entregó su laboratorio de análisis de calidad de agua a la casa de altos estudios. A partir del convenio, la UTN operará el laboratorio, pero el DGI debe hacerse cargo de la mayoría de los gastos que demanda el funcionamiento del área y del mantenimiento de sus equipos. 

Las dudas, además, pasan por la falta de imparcialidad que podría tener la institución universitaria a la hora de dar a conocer los estudios.

Un gobierno aparte

Con el objetivo de subrayar la independencia del Gobierno del Agua en relación al Poder Ejecutivo, la Constitución de Mendoza otorga un plazo de cinco años a la gestión del superintendente del DGI y de los consejeros que integran el Honorable Tribunal Administrativo. Por esta razón, Álvarez, que asumió a comienzos de 2012, debería convivir dos años con Cornejo. Sin embargo, el radicalismo quiere apresurar esos plazos y, por ahora, analiza la presentación de un pedido de jury.

En caso de que la iniciativa del radicalismo avance, la Legislatura deberá aprobar la solicitud y, posteriormente, el destino de Álvarez se definiría en los Tribunales provinciales, donde se reuniría el jury -integrado por 7 miembros del Senado, 7 de Diputados y los 7 miembros de la Suprema Corte- para aceptar la destitución o rechazarla. En el caso de Frigerio, el jury estaba a punto de definir su situación cuando el dirigente del sector azul del PJ presentó la renuncia, ni bien asumió Pérez al frente de la provincia.

Opiniones (4)
21 de octubre de 2017 | 21:14
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21 de octubre de 2017 | 21:14
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  1. Basta de Corrupción, basta de tanto manoseo, hagan el Juri y si son descubiertas las irregularidades que se vayan!!!
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  2. La gente del barrio empleado de Comercio de Villa Nueva de la Calle Azcuenaga y Mgallanes Hasta 25 de Mayo esta esperando que Canalicen el cause de Agua del costa Este,es un Peligro ya que la gente esta viviendo en la zona desde el Año 1965 y todavía espera una solución,pero no llega nunca .no hay presupuesto para este tipo de canal El cual le pertenece a IRRIGACION,VERGONZOSO
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  3. Si señor Cornejo, investigue a este corrupto, e investiguen a la Inspección del Canal Matriz de Santa Rosa y La Paz, investiguen la gestión del amigo de Perez, el caradura de Alvarez debería irse junto a su mentor, pero tienen cara de piedra, quieren robarse todo.... hasta la última gota de agua. HAN DEMOSTRADO SER LOS MÁS CORRUPTOS DE LA HISTORIA....
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  4. vamos cornejo ponga huevos investigue como a han echo las cosas,si la hicieron mal que expropie y luego en cana.,asi tienen que hacer a nivel nacional y le puedo a segurar que van a tener que hacer otra carcel por la cantidad de corruptos que van a ir preso.
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