El escándalo petrolero que Pérez quiere evitar

Ayer, el gobernador se molestó -una vez más- al ser consultado por su vinculación con una petrolera con antecedentes oscuros. Como contrapartida, sólo adelantó que ni bien deje su cargo, demandará a quienes realizan "denuncias falsas". Detalles de la causa que apareció reflejada en el último libro de Miguel Bonasso.

Ayer, en su reaparición pública, Francisco Pérez evitó referirse a las denuncias públicas que pesan en su contra por la prórroga de contratos de áreas petroleras con Chañares Herrados. Además de los incumplimientos legales de la empresa, pesa sobre el actual gobernador el hecho de haber firmado un acuerdo con personas señaladas por delitos de lesa humanidad en Argentina y otros países de América Latina.

La concesión de Chañares Herrados, a cargo de dos áreas, vencía en 2017. Sin embargo, en 2011, cuando Pérez era ministro de Infraestructura, se prorrogó hasta 2027 bajo un compromiso de inversión de, en el primer quinquenio (2011-2015) de 226 millones de dólares, "pero la petrolera no invirtió ni un peso", según detalló el candidato a diputado nacional Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica), en diálogo con MDZ.

Además, la firma cobró 37 millones de dólares de la Nación por el programa Petróleo Plus, que incentivaba a las empresas que incrementaban su producción, pero Chañares Herrados no cumplió con las exigencias", agregó. Esto argumentos figuran en una denuncia en Delitos Complejos.

Ante esto, ayer Pérez se despegó de las supuestas irregularidades. "En este caso, si hubo algún funcionario que no cumplió con su deber, o cumpliendo con su deber abusó de la competencia que tenía, se tendrá que demostrar en la causa que esta vigente", sostuvo, y agregó: "Yo me puedo hace responsable desde lo político, no desde el hecho personal. No me puedo hacer responsable penalmente".

LoQueNoDijeEnRDLM

Sin embargo, las denuncias públicas apuntan principalmente a los antecedentes de los responsables de Chañares Herrados que Pérez y su subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, omitieron: el máximo responsable de la empresa, Alfredo Zarattini, está emparentado con grupos de extrema derecha y señalado por delitos de lesa humanidad, mientras que el apoderado es hermano de Julián "Laucha" Corres, prófugo por torturas y desapariciones.

Estos "prontuarios" se conocían perfectamente en 2011, cuando Pérez prorrogó la concesión. Para ese entonces, una investigación de José Pepe Eliaschev sacó a la luz los crímenes que habían cometido no sólo en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica. También se mencionó que a través de las ganancias petroleras financiaron a prófugos de la Justicia por delitos de lesa humanidad. Esto, incluso, fue advertido por Horacio Verbitsky.

Los antecedentes de Zarattini y otros represores vinculados a Chañares Herrados aparecen en el libro "Lo que no dije", publicado recientemente por Miguel Bonasso. Allí, vincula a Pérez con "genocidas impunes". El gobernador evitó referirse al respecto.

"En aquel año (2011), el que hacía de juez y parte era Walter Vázquez, subsecretario de Hidrocarburos y socio de Zarattini", recordó Gutiérrez. Ademas, el año pasado ocurrió un hecho que dejó en evidencia los vínculos entre Vázquez y Zarattini. En agosto, el empresario volcó en Santa Rosa y fue auxiliado por Vázquez. Asimismo, según un informe de Los Andes, el exfuncionario reveló que Zarattini se hospedaba en su casa.


Una venta irregular

Zarattini ya no tiene vinculación con Chañares Herrados. Después de obtener la prórroga de la concesión, el año pasado la petrolera fue absorbida por Medanito S.A. Sin embargo, esa transacción fue irregular y un tribunal de Justicia de Nueva York embargó las acciones de Chañares a raíz de la denuncia de un fondo de inversión (LAIG) que financió la operación.

"La transferencia de acciones es un problema entre privados. no tenemos nada que ver ni que aprobar", dijo en aquel entonces el ministro de Energía, Marcos Zandomeni, desligando al Gobierno del caso. Asimismo, precisó que "en ese momento se analizó la capacidad operativa de la empresa y su capacidad técnica. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Y los resultados fueron positivos".

"Yo soy abogado y he trabajado ocho años en la función pública. Me pone contento algunas denuncias, porque tienen que ver con el bajo nivel de conocimiento de quienes creen que denunciar al gobernador les da publicidad y prensa", lanzó ayer Pérez, y completó: "A partir del 10 de diciembre tengo trabajo con los primeros 'daños y perjuicio' contra aquellos que están haciendo denuncias falsas, fuera de contexto y sin argumento jurídico".

Opiniones (1)
23 de septiembre de 2017 | 01:46
2
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23 de septiembre de 2017 | 01:46
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  1. Que podemos decir entonces los ciudadanos de este personaje en el estado deplorable que nos deja a partir del 10 de diciembre la provincia.
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