Liberaron garrafas, pero aseguran que no alcanzan

El Gobierno gestionó la venta de 8.000 garrafas, pero la ONG Barrios de Pie indicó que faltan puntos de expendio cercanos a los barrios más carenciados. Defensa del Consumidor intimó al Sindicato a proveer el servicio y abrió sumario por multa de $5 millones.

En el marco de la falta de garrafas por una protesta del sindicato de Pétroleo y Gas Privado de Cuyo, la organización Barrios de Pie hizo un relevamiento en los lugares más carenciados para evaluar el impacto de la huelga de empleados gasíferos en los hogares. 

Pese a que las autoridades garantizaron la liberación de 8 mil garrafas, por medio de un trabajo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Gobierno, la ONG asegura que no es suficiente.

El encargado de hacer el relevamiento fue Darío Valencia, quien indicó que además de los faltantes de garrafas, que se evidenciaron mayormente en los barrios en los que viven personas de menores recursos, los pocos comercios que aún tenían el producto lo estaban vendiendo por hasta $180, cuando la misma tiene un valor de $96.

"Año tras año venimos haciendo los relevamientos y la garrafa nunca alcanza, hacen falta nuevos puntos de expendio porque las familias más humildes de los barrios más alejados no pueden hacer la fila a las 5 de la mañana para comprar en la Rodriguez Peña", indicó Valencia.

Los lugares en los que la organización estuvo fueron: los alrededores del Barrio Lihué, asentamientos en Buena Nueva, y "casas comunes de los barrios más carenciados". 

Lo que está faltando son las garrafas de 10 kilos. El Gobierno las liberó en los grandes puntos de venta, allá en donde para la gente pobre es imposible llegar.

De todas maneras, Valencia estimó que "la garrafa nunca alcanza, porque llegan dos camiones con 60 garrafas para todo un barrio".

Por otro lado, el hombre indicó que Barrios de Pie se ofreció a participar en la venta y la distribución de las garrafas, sobre todo en los barrios en los que tienen comedores, para garantizar que el producto llegue realmente a los que mas lo necesitan, pero recibieron una negativa por parte del Gobierno. 

"Nos respondieron que el que la necesite va a ir hasta el lugar en que las venden. Este Gobierno tiene una política de sálvese quien pueda", finalizó Valencia.

El Gobierno logró que se liberaran 8 mil garrafas

El Gobierno de la Provincia intimó al Sindicato de Petróleo y Gas Privado a garantizar las prestaciones mínimas del servicio, por el cual hoy se liberaron garrafas de la Planta de Fraccionamiento y Distribución para que lleguen a los sectores más carenciados.

En la mañana y con la presencia de miembros de la Policía de Mendoza, personal de las distribuidoras de gas de Maipú, sacaron productos para vender y lo mismo ocurrió en Malargüe. Son aproximadamente 8.000 garrafas, lo harán en camiones de las propias distribuidoras con custodia policial.  

El ministro de Gobierno, Rodolfo Lafalla explicó la medida tomada desde el Gobierno Provincial: “fue una decisión tomada en conjunto con el Ministerio de Seguridad, DGE, Desarrollo Social, Dirección de Hidrocarburos, de avanzar para que se vendan las garrafas que están en los distintos lugares stockeadas, a efectos de poder satisfacer las demandas de los distintos sectores más vulnerables, y fundamentalmente satisfacer las necesidades de niños, niñas y adolescentes y protección de sus derechos”, explicó.

Sergio Rocamora de la Dirección de Defensa del Consumidor explicó que ya se emplazó a 24 horas al Sindicato de Petróleo y Gas Privado, a garantizar las prestaciones mínimas del servicio de gas envasado en toda la provincia.

“La notificación tiene por objetivo no continuar vulnerando los derechos de los usuarios y consumidores, y que, en caso de que el sindicato no acate esta medida se instruirá una infracción y se le abrirá un sumario sancionatorio de que conlleva una multa de hasta $ 5.000.000″, indicó Rocamora.

Además, en representación del Gobierno Provincial, Defensa del Comsumidor presentó ante la Justicia Federal una medida judicial y administrativa autosatisfactiva (pedido de acción urgente judicial) para que se garantice el servicio mínimo de gas de petróleo licuado. Esta acción va dirigida al sindicato, fraccionadora y distribuidora, debido a que el estado nacional, provincial y municipal se ven afectados en los servicios esenciales.

Fiscalía de Estado, por su parte, hizo la presentación ante la Justicia de Familia en nombre de las poblaciones más afectadas por la medida del sindicato, como son las constituidas por niños, ancianos, discapacitados y familias en situación de vulnerabilidad social.

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