El primer traspié de la transición

Uno por uno los argumentos de la denuncia presentada esta mañana ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos por el equipo del gobierno elegido el domingo, que rechaza la licitación de los anexos y le pide a la Fiscalía de Estado que intervenga.

El nuevo gobierno exigió esta mañana la suspensión del trámite licitario para concesionar la explotación de los anexos del Casino de Mendoza en los departamentos de Lavalle, Tunuyán, Las Heras y San Carlos e interpuso ante el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJC) una denuncia en el mismo sentido.

La presentación confirmó lo publicado el martes por MDZ, cuando dio a conocer que el gobierno provincial había avanzado sobre la agenda del próximo gobierno, habida cuenta que las actuales concesiones se vencen recién el año que viene. 

La denuncia fue presentada hoy ante el IPJC por el presidente de la Comisión Especial de Políticas de Juego de la Cámara de Diputados, Néstor Majul y por el presidente del bloque de Diputados de la UCR, Néstor Parés. Ambos, actuaron en representación del nuevo gobierno, cuyos referentes principales -encabezados por Alfredo Cornejo y parte de su equipo- se encuentran en Buenos Aires.

Los radicales exigieron "suspender y dejar sin efecto los procedimienos viciados, a fin de reestablecer el imperio de la legalidad, evitando de tal modo los perjuicios patrimoniales que significarán la ejecución de contratos viciados en su origen".

Los motivos esgrimidos por el gobierno elegido el domingo, son los siguientes:

DENUNCIA

- Se denuncia en primer lugar la notoria ausencia de motivación suficiente en el acto decisorio de contratación, con transgresión a lo dispuesto por los arts. 39 y 45 de la ley 3909, configurando ello un vicio por lo menos grave del acto en los términos de los arts. 63 inc. c) y 68 inc. b) del mismo cuerpo legal.  En efecto, se refiere que los contratos vigentes tendrán vencimiento el 18/08/2016, y que por tal razón es “necesario actuar con la debida antelación del caso por las características propias y envergadura del Contrato en a adjudicar, como asimismo, a fin de evitarse también, y en la medida de lo posible, potenciales dilaciones y/o prórrogas”.

-  Señalaron que "ninguna razón justifica semejante anticipación en el procedimiento de contratación, que no sea la de consumar el perfeccionamiento del contrato antes del cambio de conducción de la administración provincial que deberá asumir el próximo diez de diciembre del corriente año".

- Al respecto, la denuncia de la UCR indica que "si el procedimiento de contratación tiene previsto un plazo de mantenimiento de ofertas de 90 días contados desde la fecha de apertura de sobres, prorrogables por períodos de 30 días corridos (conf. Art. 27 PCET), no se explica en qué radica tamaña necesidad de anticipar el procedimiento de contratación, con todas las implicancias que de ello deriva, principalmente las de orden presupuestario que más adelante se indican, las que impiden anticipar la contratación en un ejercicio económico distinto de aquel en el cual el contrato tendrá su principio de ejecución".

- En este último punto, el planteo de quienes ganaron el domingo agregaron su punto de vista de que "un contrato de larga duración como el que se pretende consumar exige, ante todo, de una profunda indagación del interés público que se pretende satisfacer a través del mismo, el cual, por cierto, no puede ser un propósito meramente recaudatorio. Ninguna consideración ha merecido el interés público por parte de esa administración licitante".

- En segundo lugar, denunciaron que "en este contexto de ´apuro´ con el que se ha instado el procedimiento de contratación, ese IPJC ha incurrido en otro obrar gravemente viciado, que afecta la amplia concurrencia de interesados u oferentes, contraviniendo así los principios expresamente receptados por el art. 134 incs. b) y d) ley 8706 –principios de concurrencia y publicidad-. Se trata nada más y nada menos que de la publicación efectuada para la convocatoria de ofertas y del acto de apertura de sobres, la cual ha sido realizada en el sitio web oficial de la Dirección General de Contrataciones Públicas y en el Boletín Oficial de la Provincia".

"Viciada"

Para la gente de Cornejo, el aviso mediante el cual se llamó a licitación "no ha sido publicado con la antelación prevista en la normativa legal aplicable –según el art. 67 inc. 2º del decreto Nº450/2015 dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, dicho aviso debe publicarse en la web de la Dirección General de Contratación Públicas y de Gestión de Bienes, durante 20 (veinte) días corridos o doce (12) días hábiles, el que sea mayor-. En el presente caso, el aviso ha sido inicialmente publicado el día 5 de Junio de 2015 y el acto de apertura de sobres será el día 23/06/2015. Teniendo en cuenta que en dicho plazo no se computan ni el día de publicación del aviso, ni el día del acto de apertura (conf. Art. 65 decr. Nº 450/2015), cabe concluir que ninguna de las dos opciones previstas por la norma, se encuentran cumplidas en el caso".

Añadieron que, "en virtud de la gran importancia económica de las erogaciones que importará la contratación, el pliego debió haberse publicado en forma previa al acto de convocatoria por el plazo que indica el art. 47 del decreto Nº 450/2015. Sin embargo, no consta el cumplimiento de este recaudo".

Incumplimientos e imaginación

Los radicales de Cornejo subrayaron en la presentación que presentaron por duplicado tanto en el Casino como en la Fiscalía de Estado, que, además de todo lo planteado con anterioridad, "la convocatoria no cumple con un requisito fundamental, exigido por el art. 68 inc. 2º del Decreto Nº 450/2015, cual es el que está relacionado con la determinación clara y concreta del servicio objeto del contrato. En efecto, el aviso publicado en la web oficial lisa y llanamente omite indicar cuál es este servicio que se pretende contratar; a su tiempo, el aviso publicado en el Boletín Oficial de la Provincia sólo dice ´Pliego Licitatorio de Condiciones Especiales y Técnicas para Anexo Casino Departamental de …´.

Parés y Majul, señalaron al respecto que "frente a tan genérica definición, no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que se pretende contratar, por lo cual cualquier lector, aún el más avezado, debe ´echar a volar su imaginación´ para desentrañar el significado de semejante amplitud de términos".

"Para comprobar el vicio denunciado -agrega la denuncia- baste una simple comparación con el resto de los avisos publicados el mismo día, en todos los casos, salvo el de la licitación de marras, se especifica puntual y concretamente cuál es el bien, servicio u obra objeto del contrato".

"No es un procedimiento legítimo"

La presentación, de siete carillas, abunda en los errores en los que incurrió el gobierno provincial actual al avanzar con el llamado a licitación.

Al respecto, puntualiza:

- "(...) se puede afirmar que esta desnaturalización originaria del procedimiento licitatorio equivale directamente a la ausencia lisa y llana de la licitación pública como procedimiento legítimo de contratación, razón por la cual el vicio es grosero en los alcances y con los efectos previstos en el art. 140 de la ley 8706".

- "Resta destacar el hecho de que en el llamado, se ha violentado de manera clara el principio de concurrencia, toda vez que dada la envergadura del servicio licitado, se otorga a los posibles oferentes solamente el plazo de 18 días corridos a fin de que evalúen las condiciones de pliego y concreten su oferta, cuestión que evidentemente atenta contra la participación de los interesados en el llamado y nulifica el procedimiento".

"Viola las normas administrativas"

FISCAL

Tras abundar en aspectos jurisprudenciales, el planteo de los representantes del gobierno que asumirá en diciembre destacaron que "también es objetable la contratación impulsada desde el punto de vista de las normas que rigen la administración pública financiera, por cuanto al anticiparse el acto de compromiso financiero (gasto) en un ejercicio económico previo y distinto (2015) de aquel en el que se ejecutará el mismo (2016 y ejercicios subsiguientes), se transgreden elementales principios y normas que informan a todo el sistema o proceso presupuestario".

¿Por qué el equipo de Cornejo señaló esto? Porque consideran que la normativa establece que "si se contraen obligaciones en virtud de un contrato perfeccionado en el ejercicio económico vigente (año 2015), pero que deberá ser íntegramente cumplido en los ejercicios económicos futuros y subsiguientes, tales compromisos, al momento de su adquisición en el presente ejercicio económico, no dispondrán de las respectivas autorizaciones legales presupuestarias de rigor".

Parés y Majul enumeraron "las múltiples violaciones legales" en las que ha incurrido el gobierno de Francisco Pérez: "Transgrede lo dispuesto por los arts. 15º, 19º, 22º, 23º, 31º, 35º y 84º, entre otras, de la ley 8706".

"La voluntad administrativa está gravemente viciada en su formación (art. 35 ley 3909), configurando tal defecto una nueva causal de nulidad del acto de convocatoria para la presentación de ofertas (art. 60 inc. b) ley 3909)", sostiene la presentación.

Críticas a los pliegos licitatorios

Finalmente, la presentación de los representantes de Cambia Mendoza se concentró en desentrañar los errores que detectaron en las cláusulas previstas en los pliegos licitatorios. En este punto, objetaron "determinadas reglamentaciones y omisiones que contrarían expresas normas legales con vocación aplicativa de rango prevalente".

Los representantes del gobierno electo sostienen que: 

- "En la contratación se ha introducido una clausula de ampliación abierta, netamente potestativa, que en los hecho supone la violación del principio de igualdad de los oferente".

- "Si bien el objeto de la licitación incluye un número fijo de maquinas a instalar en el Anexo, luego se establece que ' Por razones comerciales, de acuerdo a la demanda y según los estudios y opiniones de las Áreas técnicas estadísticas y comerciales correspondientes del INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS, de común acuerdo entre el Licitante y el adjudicatario, la cantidad de máquinas se podrá incrementar sin límite alguno, como también se podrán abrir sucursales dentro del Departamento o zona adjudicada`. (numeral 2.1.3)".

- "Esto, que parece baladí, en realidad encierra una clara violación de los principios que rigen los procesos de licitación en el sector público. Como es de público y notorio conocimiento, la explotación de las maquinas en el casino, es el negocio rentable de la concesión, por lo que dejar librada a la voluntad del funcionario de turno la decisión de ampliar sin limite el numero de maquinas, significa en si mismo vaciar de contenido al llamado, ya que la concesión numerada de maquinas que contiene el mismo, que se da a publicidad y que sirve para determinar las características comerciales del llamado, puede ser variado al infinito, sin ningún proceso licitatorio, solo bastará que se pongan de acuerdo el funcionario y el concesionario, y listo".

Los plazos

La denuncia de Parés y Majul objeta otros aspectos del llamado a licitación. Por ejemplo, la condición prevista en pliego respecto del plazo de vigencia del contrato (art. 2.4). "En este sentido - señalan- se consagra que “el plazo de duración de la explotación indicada en el Artículo 1º, será de DIEZ (10) AÑOS, que se contarán desde la fecha que establezca el contrato. Dicho contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo, por DOS (2) años más.”

El planteo denuncia que "no se conoce ni puede conocerse de antemano –al momento de instarse el procedimiento de contratación- cuándo tendrá inicio dicha vigencia contractual, al diferirse su fijación para el momento en que las partes ' negocien' el punto de partida del cómputo de dicho plazo."

"En efecto -dice la denuncia- la sociedad mendocina no sabe hoy –al momento de convocarse la realización de ofertas, en el mes de junio de 2015- cuándo comenzará a regir este contrato por diez años, situación que contraría la regla prevista por el art. 150 de la ley 8706, según el cual ' los contratos quedarán perfeccionados en el momento de notificación del acto administrativo de adjudicación o entrega de la orden de compra o suscripción de contrato, el que fuere anterior'- provocará otra ilegitimidad, cual es la de extender `de hecho'".

"Ilegitimidad" agravada

El planteo ante la Fiscalía de Estado contra la decisión del Instituto de Juegos y Casinos denuncia que "la ilegitimidad se ve agravada por cuanto la cláusula cuestionada (art. 2.4 PCET) ha consagrado la posibilidad de prorrogar el contrato por ´dos años más', violándose así la obligación que le impone al órgano licitante el art. 132 inc. j) de la ley 8706, según el cual 'en el caso de contratos plurianuales, no podrá prorrogarse por más de un (1) año adicional'".

Sin régimen de garantías

Agregan la observación de que "el Pliego de Condiciones ha previsto un régimen de garantías de oferta y de adjudicación o cumplimiento del contrato, sin respetar los mínimos previstos por los arts. 86 y 87 del Decr. Nº 450/2015. Así el art. 19.1.1 del PCET establece que la garantía de mantenimiento de oferta será por la suma de $350.000".

Pero observan que "las cuatro licitaciones instadas por el IPJC tienen presupuestos que ascienden a $85.479.360, $133.975.800, $217.645.440 y $ 26.026.200 respectivamente. Si conforme el art. 86 del Decr. Nº 450/2015 la garantía de mantenimieto de oferta debe ser del 1%, fácil es advertir que la previsión del pliego (art. 19º) sólo cumple con la manda legal en el supuesto de la licitación para el Anexo de Las Heras".

Observan, en tanto, que "el art. 19.3 prevé que la garantía de cumplimiento de contrato será de $5.000.000". Y al respecto advierten que "tal previsión viola, en todos los casos, el art. 87 del Decr. 450/2015, habida cuenta de que dicha garantía debe constituirse en un 5% sobre el monto de la adjudicación. En esta licitación impulsada por ese IPJC, el monto previsto por el pliego, ni siquiera satisface el imperativo legal en dos de los casos (Tunuyán y Tupungato), contabilizando la garantía sobre la base del monto del presupuesto oficial".

Esta mañana, tras conocerse la publicación del caso por MDZ, estos planteos quedaron en manos del directorio del IPJC, sitio desde el cual uno de sus principales funcionarios, Federico Domínguez, vinculado al intendente de Las Heras, Rubén Miranda, fue quien justificó la operación en diálogo con los periodistas de este diario. Mientras tanto, una copia fue presentada ante el fiscal de Estado, Fernando Simón, para que tome cartas en el asunto.

Opiniones (9)
17 de noviembre de 2017 | 19:16
10
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17 de noviembre de 2017 | 19:16
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  1. nunca se investigo el sobre precio de la ampliación del casino que se hizo a finales del gobierno de Jaque, se le otorgo a Ceosa, con un precio casi cuatro millones mas caro de la realidad. cuentan por ahí que ese dinero financio la campaña de Perez y que la devolución de favores fue toda la obra publica concedida a Ceosa en este gobierno.
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  2. Corruptos consumados.
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  3. En Mendoza es obligación revisar y enjuiciar a: Gobernador, Vicegobernador, Int. Las Heras, Guaymallén, Luján. Se podrá? Y apresarlos recuperando dineros públicos ! Se podrá?
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  4. Poroto, seguramente tu razocinio ha sido alcanzado por la década ganada porque no tiene ningún asidero. Que los radicales hayan traído los casinos no significa que después, el gobierno que sea, haga lo que se le cante con las licitaciones. Además, qué sería hacerse los huevones? No tengo ningún compromiso con ningún partido, pero me parece que las leyes se hacen para cumplirlas. Los dirigentes del peronismo, justicialismo, FPV o el nombre que tengan, tienen toda la pinta de manejarse de esta manera, pasándose las leyes por las partes íntimas...
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  5. poroto me parece que estás equivocado, la gente voto al radicalismo por haber sido una oposición que controló y denunció las cosas que estaba haciendo mal el gobierno, como la del Casino. Si este llamado a licitación no cumple los requisitos no se les debe permitir seguir adelante y como esto, cualquier otro acto de gobierno que no sea correcto. Por otro lado poroto, vos no los votaste, seguramente sos uno de los tantos ñoquis que deben estar buscando donde ubicarse porque se te termina el curro
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  6. Esto no se trata de una serie de errores de Juegos y Casinos. Huele a los requisitos que los actuales concesionarios exigen a los funcionarios como condición para consumar fines deshonestos. No hay necesidad de llamar a licitación ahora, una concesión que vence dentro de un año. Huele muy pero muy mal. Ojalá prime la cordura y no obliguen al Gobernador electo a denunciar penalmente la maniobra.
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  7. Poroto, me parece que no entendiste muy bien mi viejo, basicamente, un contrato que vence en agosto del año que viene, el peronchaje lo quiere resolver ahora con una licitacion ( con lo cual le instalan el consecionario de su conveniencia y el gobierno electo lo unico que le queda es mirar ). Tiene todo el derecho del mundo a oponerse, Tiene que gobernar el que es electo, no el que se fue dejandole todo instalado.
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  8. los señores Integrantes H. Directorio del Inst. Prov. Juegos y Casinos, a saber: Dn. Carlos Bianchinelli, Dr. Federico Domínguez y Dr. Miguel Bondino deberán dar explicaciones a la justicia, son impresentables, cobran sueldos altísimos y van una vez por semana y encima con esto se comprueban ciertas irregularidades que van a ser demostradas y que servirán de base para investigar las vinculaciones de las que siempre se hablan, y que expliquen por qué el hermetismo con respecto a las licitaciones y la velocidad con la que pretendían favorecer a los empresarios con tanto tiempo de anticipación, cara duras
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  9. Autorizaron cateos a las empresas mineras y después se hicieron los huevones, trajeron los casinos a mendoza y ahora se hacen, otra vez, los huevones. Muchachos radicales, si tenian una forma de pensar y actuar cuando era gobierno, ahora no jodancon esto que todavía son oposoción. No les parece. Si ganaron las elecciones, justamente no fue por actuar como lo hacen.
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