Organismos de control insisten con la reforma constitucional

Fue en el marco del foro de trabajo denominado “Los órganos de control institucional y de defensa de los derechos ciudadanos en una reforma de la Constitución de la provincia”, organizado por el Senado local.


Las propuestas realizadas por el Poder Ejecutivo provincial para la reforma de la Constitución de Mendoza fueron tratadas por un grupo de especialistas en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura, en el marco del foro de trabajo denominado “Los órganos de control institucional y de defensa de los derechos ciudadanos en una reforma de la Constitución de la provincia”, organizado por el Senado local.

En esa instancia, que forma parte de los Foros de Trabajo Participativo para la Reforma de la Constitución de Mendoza, ofició como anfitrión el presidente del bloque de senadores del FPV-PJ, Gustavo Arenas, quien presidió la mesa académica junto a los funcionarios provinciales Fernando Simón, fiscal de Estado; Julio Gómez, en representación del Tribunal de Cuentas; José Caviggia, contador general, y César Mosso Giannini, asesor de Gobierno.

Consultado por MDZ Arenas admitió que “para quienes se oponen nunca es el momento oportuno. Debemos saber que la Constitución de Mendoza data de 1916 y es imperativo adaptarla a la actualidad, para que contemple nuevos derechos y demandas que han surgido desde la misma dinámica de protección de grupos colectivos que hasta ahora no están contemplados en ella. Por eso, desde el 2012 se están organizando y coordinando diversos foros para que la reforma constitucional sea tratada también como parte de un proceso que abarque a la población en general”.

“Planteamos una reforma institucional que abarca la reforma de la Constitución de Mendoza, en donde proponemos incorporar nuevos derechos, garantías y atribuciones que protejan a los pueblos originarios, al medio ambiente, a los usuarios y los consumidores, y a niños, niñas, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad”, detalló.

Y a la hora de enumerar los beneficios más importantes para los mendocinos, indicó: “La reforma incorporará el mandato de que el presupuesto para la educación sea equivalente al 8% del Producto Bruto Geográfico provincial. Estos recursos permitirán mejorar tanto la infraestructura como la calidad de nuestro sistema educativo. Además establecerá que las personas con discapacidad puedan ser elegidas en cargos públicos. E incluso contemplará que todos los departamentos de Mendoza tengan representantes en la Legislatura, para que estén en igualdad de condiciones a la hora de debatir, por ejemplo, la distribución del presupuesto”.


Adecuación de las leyes

Fueron abordadas las propuestas del Poder Ejecutivo para la reforma constitucional, que incluyen las tareas de precisar las funciones y atribuciones de la Fiscalía de Estado, consagrar al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría Pública como órganos extrapoder, y precisar las funciones y la composición del Tribunal de Cuentas.

Además, prevén establecer las garantías, causales y formas del nombramiento y la remoción del contador general y del tesorero general, y crear la figura del defensor del Pueblo como un órgano autónomo y autárquico.

El equipo que coordina la organización de los foros está integrado por el secretario legislativo del Senado, Sebastián Brizuela; el secretario legal y técnico del Senado, Daniel de Lucía; Ada de la Rosa y Sebastián Marengo, además de Gallardo y Adolfo Marengo.

Los temas en detalle

Entre los temas debatidos por los especialistas estaba la consagración del Ministerio Público Fiscal como un órgano extrapoder con autonomía funcional y autarquía financiera, y la definición de sus competencias y de la duración limitada del mandato del fiscal general.

Otro punto versó sobre la posibilidad de constituir la Defensoría Pública como un órgano extrapoder independiente del Ministerio Público Fiscal, con autonomía funcional y autarquía financiera, y establecer sus competencias y el modo de designación y remoción de su titular.

Además serán precisadas las funciones y atribuciones de la Fiscalía de Estado, para fortalecer así su independencia y su carácter de órgano extrapoder, mientras que también se definirán las funciones y la composición del Tribunal de Cuentas de la Provincia, y se establecerán las garantías, las causales y las formas de nombramiento y remoción del contador general y del tesorero general.

Simultáneamente, se creará la figura del defensor del Pueblo como titular de un organismo funcionalmente autónomo y financieramente autárquico. De esta manera, se establecerán los requisitos para acceder al cargo, y se fijarán los deberes y las atribuciones del funcionario.

Con el fin de revisar la naturaleza de los organismos estatales, sus funciones y el modo de integrarlos eficazmente para que cumplan con sus objetivos de creación, también participaron Juan Carlos González, defensor de las Personas con Discapacidad; Adolfo Marengo, asesor de la Vicegobernación y coordinador de los foros, y Raúl Gallardo, director de la Escuela de Capacitación Legislativa.

Clarisa Ercolano


Opiniones (1)
24 de septiembre de 2017 | 14:04
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24 de septiembre de 2017 | 14:04
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  1. La parte de incorporar derechos y garantías sería irrelevante si fuera el único motivo para reformar la Constitución de Mendoza por cuanto ya los tenemos por el sólo hecho de estar incorporados en la Constitución Nacional, sobre todo los tratados incorporados por el art. 75 inc. 22 de la misma. No obstante lo cual si se va a reformar la provincial bien podría ser aplicado el mismo criterio (del cual no podemos salirnos obviamente) y ponerlos también en el texto provincial, pero no es relevante como para decidir reformar la Constitución por ese tema exclusivamente ya que los tenemos igual aún cuando no se reforme. Los otros aspectos sí me parecen relevantes y yo ahondaría más la reforma del Ministerio Fiscal, Defensoría Fiscal, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas, poniéndolos a todos dentro de un NUEVO PODER y no como área extra poder. Es decir, es bueno si avanzáramos por sobre lo ya hecho en la Constitución Nacional de 1994 y ubicamos a todos estos órganos en un nuevo PODER con un nombre cualquiera, que puede ser PODER DE FISCALIZACIÓN POPULAR. Me gustaría más que si la reforma se sustentara sólo en el criterio actual de constituir órganos extra poder, sobre todo porque siendo extra poder siempre van a depender de alguno de los ya creados por cuanto las designaciones de miembros involucra o al Ejecutivo o al Legislativo, el presupuesto también, las remuneraciones son pagadas siempre por el Ejecutivo y así con un montón de cuestiones, hasta los juramentos se hacen ante autoridades de los otros Poderes, lo cual claramente determina que no son extra poder. Si quieren reformar las cosas, bien, pero dejense de maquillar las reformas y de una buena vez entreguen el poder a la voluntad popular, no a las élites ya establecidas.
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