Responsabilidad fiscal: tenemos poco y nos falta mucho

Mantener un Estado provincial ordenado, equilibrado y eficiente, como también poseer leyes que lo establezca, requiere de ciertas garantías que Mendoza puede tener, o no.

Tener responsabilidad fiscal a la hora de administrar los recursos del Estado debería ser una de las prioridades de quienes ocupan los cargos estatales políticos. Sin embargo, las urgencias económicas, la desidia y las estructuras jurídico-normativas actuales impiden o limitan cumplir con ese objetivo en Mendoza.

En el caso particular de nuestra provincia, existe una Ley de Responsabilidad Fiscal o, mejor dicho, una adhesión a la Ley Nacional 25.917 de Régimen de Responsabilidad Fiscal, que le dio un marco legal al Estado provincial para que pueda manejar sus cuentas y recursos de manera eficiente y equilibrada. Pero esta norma está suspendida desde hace más de cuatro años, bajo la excusa de necesidades monetarias por parte del Gobierno.

Dado este panorama, y con las dificultades que atraviesa la administración mendocina actual, es indispensable la creación y/o modificación de normas y organismos que posibiliten la responsabilidad fiscal del Estado. En ese sentido, uno se pregunta ¿cuáles deberían ser las garantías necesarias para su tratamiento legislativo y posterior aplicación? ¿Sirve dictar una ley de responsabilidad fiscal si no hay otros cambios estructurales en el Estado?

Mariano Domínguez, abogado y presidente de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Mendoza, expresó que "las garantías y las instituciones existen, pero lo que ocurre es que Mendoza se encuentra atrasada legislativa y normativamente desde hace 20 años".

Bajo ese concepto, alegó que "partiendo desde la indecisión de dictar la reforma de la Constitución Provincial, está la indecisión en dictar y reformar nuevas leyes que estén a tono con estos tiempos, y entre esas novedades está la responsabilidad fiscal, que bien podría estar normada en Mendoza".

Si bien, como mencionó anteriormente, existen ciertas garantías e instituciones (como el Tribunal de Cuentas), ello no alcanza para avanzar. "Falta una enormidad, sobre todo el debate sobre qué es lo necesario para hacer en materia de responsabilidad fiscal. No hay demasiado interés general y mucho menos una discusión legislativa", argumentó.

Por su parte, el letrado Alfredo Bisero, miembro fundador del Centro de Estudios Fiscales Argentinos y Latinoamericanos, explicó que "la responsabilidad fiscal es un objetivo que tiene que ser analizado adecuadamente, para evitar restricciones innecesarias al funcionamiento del Estado en general, que busque sancionar presupuestos equilibrados".

En ese sentido, si bien reconoció que, a veces, el Estado pueda sancionar un presupuesto deficitario por algunos años para impulsar un proceso económico, es imprescindible "precisar cuándo la política anticíclica termina generando la ‘elefantiasis’ del Estado. En general podría decirse que si los presupuestos deficitarios se prolongan a lo largo de los años, o aún si existen presupuestos equilibrados pero solventados con recursos derivados de una gran presión tributaria, nos encontramos frente al citado fenómeno estatal".

Leyes que no son cumplidas

La adhesión de Mendoza a la Ley Nacional 25.917 en el año 2004 fue vista como un nuevo paso para lograr un equilibrio presupuestario que se encuadre en los objetivos de la responsabilidad fiscal. Pero ello duró poco, ya que la realidad económica, administrativa y política permitió ir dejando de lado esa norma. A eso se suma la falta de un marco normativo constitucional, tanto a nivel nacional como provincial.

Bisero señaló que "en los últimos veinte años, la Argentina ha intentado con escaso éxito poner coto a los Estados elefantiásicos", como la Ley de Solvencia Fiscal de 1999, la Ley de Déficit Cero del 2001 y finalmente la Ley 25.917. Al igual que lo ocurrido en Mendoza (o como ejemplo para la provincia), sucesivas normas fueron suspendiendo o prorrogando las obligaciones de la última ley, cuyos efectos siguen vigentes en la actualidad.

Por ello, añadió, "la experiencia indica que lamentablemente resulta de escasa utilidad la sanción de leyes de responsabilidad fiscal, si luego las mismas legislaturas o los poderes ejecutivos, alegando necesidad y urgencia, dictan normas postergando o suspendiendo su cumplimiento".

Domínguez subrayó que si bien "adherir a un régimen nacional fue positivo", en Mendoza "quedó todo en suspenso porque el Tribunal de Cuentas ya viene con su propias costumbres y formas de actuar, algo que es absolutamente respetable como órgano de auditoría".

"En definitiva, no tuvo mucha practicidad, como sucedió en otras provincias", agregó.

Prevenir y sancionar

Una o varias leyes que otorguen un marco normativo al Estado para que no presente un agrandamiento desmedido e ineficiente deben contar con ciertas garantías para que se cumplan dichas normas, como así también su contenido debe ser específico, claro y aplicable.

Sobre ello, Domínguez indicó que "la garantía más importante es la responsabilidad en sí misma, es decir, hacer efectiva la responsabilidad fiscal. Si hay un daño al erario público y al Estado, por un mal gasto, deben aplicarse las sanciones correspondientes (multas y/o devoluciones de dinero)".

Para lograr ese objetivo sancionatorio, "se debería dejar establecido un organismo que haga efectivas las sanciones a los que manejan mal el gasto público", añadió. Y luego sostuvo que actualmente "los presupuestos, las normas, los métodos y las auditorías están, pero no hay una responsabilidad".

Bisero especificó que "el cumplimiento de las normas de estabilidad fiscal requieren de voluntad política, a lo que podría agregarse la conformación de órganos de control (a cargo de representantes de partidos no oficialistas) con capacidad no sólo para denunciar los incumplimientos de la responsabilidad fiscal, sino también para dictar medidas ejecutivas y ejecutables que impidan la persistencia de los incumplimientos detectados y denunciados.

Otra garantía señalada por Domínguez es "la intervención de ese organismo en forma preventiva, a través de las consultas correspondientes". Y puso como ejemplo a una institución que hoy actúa como contralor: "Actualmente, el Tribunal de Cuentas no hace una función preventiva, y hay muchas circunstancias que merecerían un informe consultivo de ese órgano".

"Para hacer realmente algo nuevo y eficiente tenemos que modificar sustancialmente los órganos de contralor, no porque sean malos, sino porque se los puede mejorar. El Tribunal de Cuentas debería pasar a ser una controlaría general, como así también la Fiscalía de Estado. Ambas deberían tener mayores atribuciones preventivas y sancionatorias en materia de responsabilidad fiscal", sostuvo.

Para el letrado constitucionalista, "no hay que achacarle todos los problemas del gasto público al Estado, porque muchas veces paga de más porque los privados acuerdan los precios o las necesidades y urgencias de compras de gran magnitud, que lo llevan a comprar de forma rápida pero más caro".

"A veces, las estructuras procedimentales y el sistema administrativo provincial (antiguo e incompatible con las necesidades actuales) hacen al Estado un "elefante" y no un Estado más eficiente. La función preventiva y consultiva de un órgano, como el Tribunal de Cuentas, sería sumamente necesario", resaltó.

Finalmente, Bisego reconoció que, si bien, "este tipo de órganos podría generar alguna crisis institucional o de inmovilidad del Estado", aseguró que "permitirían consensuar entre oficialismo y oposición el ámbito del funcionamiento estatal y hasta qué medida se decide hipotecar los años venideros con presupuestos deficitarios y/o con estados elefantiásicos".

La importancia de reformas estructurales

De todos modos, el tema de la responsabilidad fiscal va más allá de la creación de una ley o un organismo. Domínguez explicó que "el Estado (mendocino) está regulado por una normativa antigua, profusa, confusa y difusa. Como el debate de una reforma constitucional está paralizado por las distintas posturas, no se reforma ni la Constitución ni se dictan leyes nuevas".

"A los cambios en los organismos de control, lo mejor es hacerlo a través de una reforma constitucional. Pero si eso no se logra nunca, habría que modificar todas las leyes orgánicas de la provincia, que son antiquísimas y que hacen al Estado ineficiente. Se puede avanzar en una reforma legislativa, que incluya la responsabilidad fiscal", agregó.

Nicolás Munilla

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22 de agosto de 2017 | 03:51
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