Financiamiento de las PASO: la Corte rechazó el pedido de nulidad el PD

Se trata de un recurso de amparo presentado contra el decreto 2075 del gobernador Francisco Pérez. De todas maneras, el fallo no define cuestiones de fondo.

 La Sala Primera de la Suprema Corte rechazó el pedido de nulidad realizado por el Partido Demócrata contra el decreto 2.075 del gobernador Francisco Pérez. Se trata de una de las tres medidas judiciales presentadas por los partidos de la oposición para que el máximo tribunal haga respetar el financiamiento de las campañas publictarias de las PASO como establece la ley 8619.

El pedido del PD fue rechazado por cuestiones de forma, sobre todo porque versa sobre el financiamiento de las PASO en Capital y San Carlos, las cuales tendrán lugar el próximo domingo. De todas maneras, no resuelve cuestiones de fondo, por lo que la posición de los magistrados de la Corte podría ser otra respecto a las otras dos presentaciones judiciales de la oposición.

Según manifestaron desde el PD, el martes por la noche se enteraron de la resolución de la Suprema Corte de Mendoza, pero todavía no han podido acceder a los fundamentos.  Los demócratas, sostenían la inconstitucionalidad del decreto  por la violación a la ley 8.619 sancionada el 19 noviembre de 2013.   

"Nuevamente la Corte tiró la pelota afuera, igual que cuando nos invitaron a conciliar lo que a nuestro entender ya estaba conciliado", cuestionó el presidente del PD, Richard Battagión. "No falla sobre el fondo de la cuestión y dicta una medida que  no dice nada", agregó.

La diferencia con las presentaciones realizadas por la UCR y el Frente de Izquierda (FIT), es que estas últimas apuntaron contra el decreto 2.400 del gobernador, el cual reglamenta la ley 8619 y suspende el financiamiento estatal previsto en la norma. 

"Si no existe partida presupuestaria específica el Estado no puede disponer de recursos para ser destinados a campañas publicitarias de los partidos resintiendo prestaciones esenciales para la población. Sin previsión presupuestaria adecuada, la transformación es teórica e impracticable, razón por la cual la obligación de afrontar los gastos de campaña por el Estado y por consiguiente la prohibición de contratar en forma privada queda supeditada a la celebración de los convenios necesarios entre Nación - Provincia y Municipios y a la existencia de la partida presupuestaria específica al tiempo de la convocatoria", establecía el decreto en sus considerandos. 

Este caso deberá ser resuelto por la Corte en Pleno y el gobernador ya solicitó la recusación del juez Alejandro Pérez Hualde por su relación con la UCR.

  "Entendemos que el rechazo de la Corte es porque el decreto 2.075 no fue ratificado en la Legislatura. Nosotros cuestionamos los dos decretos y esperamos que la Corte se resuelva pronto", remarcó por su parte el presidente de la UCR, Sergio Pinto.  



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24 de octubre de 2017 | 03:16
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