Mirá acá el proyecto para la nueva SIDE

La iniciativa del oficialismo comenzará a debatirse el martes en comisiones, en el marco de las sesiones extraordinarias pedidas por la Presidenta.

 Este viernes ingresó al Senado el proyecto para modificar la Ley de Inteligencia. El objetivo del oficialismo es aprobar la ley a fines de febrero, antes del inicio del período de sesiones ordinarias, el 1 de marzo.

De aprobarse se disolvería la Secretaría de Inteligencia y se crearía en su reemplazo la Agencia Federal de Inteligencia, a cargo de un director general y un subdirector designados por el Poder Ejecutivo que requerirían el acuerdo de la mayoría simple del Senado. 

Los nuevos funcionarios cumplirían mandatos de cuatro años, aunque por esta vez el Gobierno no descarta acordar una excepción para que el presidente que asuma en diciembre de 2015 tenga facultades para designar a otras personas. 

La reforma tendría lugar luego de que Cristina Kirchner removiera la cúpula de la SIDE en diciembre pasado y ante las sospechas oficiales del papel que jugó un grupo de espías en la denuncia y posterior muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman.  

Conocé el proyecto:

La AFI transferiría todo el presonal respetando cargos, pero aumentaría las penas. 

El proyecto para disolver la Secretaría de Inteligencia, girado hoy por el Poder Ejecutivo al Congreso, establece la transferencia de "la totalidad del personal" a la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con "sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios", aunque impulsa "una profunda reformulación del proceso de ingreso" y el "fortalecimiento del control disciplinario" con un endurecimiento de las penas. 

El Gobierno oficializó este viernes la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el proyecto enviado por la presidenta Cristina Kirchner sobre la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional, que comenzará a debatirse el próximo martes a las 11.00 en un plenario de comisiones en el Senado: la de Asuntos Constitucionales, que preside el kirchnerista Marcelo Fuentes y será la cabecera; la de Justicia y Asuntos Penales; y la de Seguridad Interior y Narcotráfico. 

Entre los puntos que no mencionó Cristina Kirchner al anunciar el envío del proyecto, en medio del escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman, se destaca el artículo 23, que establece la transferencia de "la totalidad del personal, bienes, activos y patrimonio a la AFI, con excepción de los bienes afectados a la Dirección de Observaciones Judiciales, que serán transferidos al Ministerio Público", es decir las escuchas.

"El personal mantendrá sus respectivos niveles, grados y categorías de revista escalafonarios, sin perjuicio de la asignación de nuevas funciones derivadas de los sustanciales cambios previstos en esta ley", añade el texto oficial. 

En tanto, el artículo 24 manifiesta que "se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal a la AFI estableciendo criterios de transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas", así como también "fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes".

"Se deberá fortalecer el control disciplinario de la conducta de los agentes de la AFI adoptando criterios que faciliten la necesaria separación de aquellos agentes cuyas acciones sean o hayan sido incompatibles con el respeto a los derechos humanos o violatorios del orden constitucional". 

"Se deberán supervisar las acciones de los exagentes a fin de prevenir su accionar en tareas de inteligencia", señala el texto. Para ello, además, se elevarán las penas para que sean delitos no excarcelables: serán entonces reprimidos "con prisión de tres a diez años e inhabilitación especial por el doble de tiempo" aquel que "participando en forma permanente o transitoria de las tareas reguladas en la presente ley, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, postales (...) así como cualquier tipo de información, archivo, registros o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público que no le estuvieran dirigidos". 

Finalmente, el artículo 25 modifica la Ley de Ética Pública y asienta que "todo el personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, sea su situación de revista permanente o transitoria estará obligado a presentar las declaraciones juradas". 

El proyecto además, creará el "banco de datos, de archivos de inteligencia" y establece la información que será considerada confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías. El texto girado por el Gobierno señala que se busca una "profunda modificación" de la legislación vigente "tratando de mejorar su funcionamiento de acuerdo a las experiencias de los sucesivos gobiernos".

 "El tema del Sistema de inteligencia Nacional no es un problema que nace en el año 2003; sino que es una deuda pendiente de la democracia desde el año 1983, resultado preciso encarar el cambio", destacó Cristina Kirchner en los considerandos. Según la iniciativa, la AFI tendrá un director y un subdirector que, si bien serán designados por el Ejecutivo, deberán pasar por la aprobación del Senado, mientras que otro punto de saliente del proyecto es la transferencia del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración General de la Nación.

 Una vez creada por el Parlamento, el organismo que reemplazará a la SI trabajará en un ámbito concreto de defensa frente a ataques externos o frente a delitos complejos por su globalización, como la trata de personas, el narcotráfico, el ciberdelito, o los delitos económicos.

 En tanto, las actividades de inteligencia interna quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución nacional. 

"Convócase al Honorable Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 1 hasta el 28 de febrero de 2015", sostiene el primer artículo del decreto 137/2015 firmado por la mandataria y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. 

En los anexos del documento publicado este viernes en el Boletín Oficial se encuentra precisado el temario de la convocatoria del Poder Ejecutivo, que abarca la consideración de "acuerdos para designaciones y promociones" así como de "tratados, convenios y acuerdos internacionales", y la creación de la AFI tras la disolución de la ex SIDE. 

Dentro del primer tema se encuentra el envío del pliego del abogado penalista Roberto Carlés para ocupar el cargo vacante que dejó el exjuez Raúl Zaffaroni en el máximo tribunal y así asegurarse que la Corte vuelva a tener los cinco miembros que establece la legislación vigente, aunque la oposición ya anunció que rechazará cualquier designación hasta tanto no se produzca el recambio de Gobierno en diciembre próximo, de acuerdo con NA.


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