La defensa de Benjamín Menéndez pidió su absolución

La defensa oficial solicitó hoy la absolución del ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, por considerar que no están probados los delitos que se le imputan, pero pidió que en caso de que sea condenado se evite su remisión a una cárcel común.

Los defensores pidieron idéntico veredicto para otros seis represores que al igual que Menéndez están imputados por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención de La Perla durante la última dictadura militar.

Se trata de Menéndez, Hermes Rodríguez, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone. "Las cárceles no deben ser para castigo, por lo tanto las penas no deben ser para castigo", sostuvo el abogado Adriano Liva en su exposición ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº1, presidido por Jaime Díaz Gavier.

Solicitaron además la "invalidez de toda la prueba testimonial", por considerar que los testigos no fueron "neutrales" y sostuvieron que no existen pruebas que acrediten fehacientemente que sus asistidos hayan participado del secuestro, tortura y asesinato de las cuatro víctimas de esta causa.

Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo fueron secuestrados en noviembre de 1977 y asesinados en un simulacro de enfrentamiento callejero con las fuerzas de seguridad, luego de haber sido sometidos a tormentos en el centro clandestino de detención conocido como La Perla.

Los letrados Leiva y Mercedes Crespi cuestionaron además la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad amparándose en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final -a pesar de que fueron declaradas inconstitucionales en 2003- pero buscaron especialmente evitar que, ante una posible condena, sus defendidos sean enviados a cárceles comunes o bien pierdan los beneficios del arresto domiciliario.

"Mis defendidos están amparados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El resguardo de la ley es superior a todo", aseguró Crespi y agregó que la reanudación de los juicios contra los represores conduce a la "inseguridad jurídica".

Tanto la querella como los fiscales pidieron la semana pasada la prisión perpetua para Menéndez, Manzanelli, Díaz, Padován y Lardone, y penas menores para Rodríguez, Jorge Acosta y Vega.
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