A un año de la sanción de la Ley de Bosques, Argentina sigue sufriendo el desmonte

En Chaco se desmontaron ilegalmente en mayo 5.848 hectáreas de bosques nativos, de árboles con más de cien años de existencia, es decir, una superficie igual a 202 canchas de fútbol por día, según registros oficiales. Esta región continúa siendo arrasada por los desmontes para, principalmente, utilizarlos en plantaciones de soja y girasol.

La ley de bosques, cuya sanción fue pedida por un millón de personas de todo el país que firmaron un petitorio, está por cumplir un año y la región del "Chaco seco" continúa siendo arrasada por los desmontes para, principalmente, utilizarlos en plantaciones de soja y girasol.

En esa región de la Argentina, que comprende el este y la mitad occidental de Formosa y Chaco, la parte oriental de Salta, casi toda Santiago del Estero, norte de Santa Fe y Córdoba, y sectores de Catamarca, La Rioja y San Luis, aún desaparecen miles de hectáreas de bosques nativos por mes.

En la provincia del Chaco –que es una de las más afectadas-,por ejemplo, entre el 2 y 31 de mayo pasados, se desmontaron ilegalmente 5.848 hectáreas de bosques nativos, de árboles con más de cien años de existencia, es decir, una superficie igual a 202 canchas de fútbol por día, según registros oficiales.    

El titular de la Dirección General de Bosques de esa provincia, Gerardo Pfeiffer, explicó que los desmontes ilegales registrados en su provincia, en lo que va de 2008, fueron "comandados", principalmente, por empresarios santafesinos y cordobeses.  

"En la mayoría de los casos, se trata de empresarios de Córdoba y Santa Fe que compraron grandes parcelas de tierra para ampliar la producción agrícola, especialmente, la de soja y girasol", aseguró Pfeiffer.

"Estos empresarios no son como los pobladores originarios de las tierras o como quienes las compraron hace varias décadas, porque no están dispuestos a ajustarse a ninguna legislación. Sólo arrasan con el monte", aseveró.    

La institución presidida por Pfeiffer trabaja en conjunto con las direcciones provinciales de Rentas, Transporte y Comercio y tienen en labor a inspectores y auditores "a campo" que recorren cotidianamente las zonas rurales de la provincia. 

Los procedimientos de control son realizados por los inspectores quienes incautan las máquinas –conocidas como "pisamontes"- y labran las multas, que varían según la cantidad de recursos naturales dañados, mientras efectivos policiales formulan las actas de infracción y radican las denuncias. 

Según dijo el funcionario, hay dos negocios claves a los que los empresarios apuntan: el inmobiliario, para el cual compran campos, los limpian y revenden o alquilan al triple del valor nominal; y el agrícola, que se confirma cuando los territorios se cubren, en la mayoría de los casos, de soja.  

Mientras, la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos indica que cualquier desmonte que haya sido realizado en la Argentina entre el 28 de noviembre de 2007 –día de sanción- y la fecha, es ilegal.

Esa legislación, que vela por la protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, posee una moratoria que prohíbe desmontar hasta que las provincias realicen un "ordenamiento territorial". 

El ordenamiento debe darse para diciembre próximo y según las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos prestan, lo cual está perfectamente explicitado en el artículo nueve de la ley.

Así, si los especialistas resuelven que un bosque debe ser "pintado" de rojo, amarillo o verde es porque el recurso natural tiene muy alto, mediano o muy bajo valor de conservación, respectivamente, por lo que no debe transformarse, puede utilizarse sosteniblemente o ser totalmente transformado.

Aunque, según dijo el coordinador de la campaña conservación de bosques de la organización ecologista Greenpeace, Hernán Giardini, se insta a "que no exista la posibilidad de hacer desaparecer una sola hectárea más, para lo cual es necesario abolir las categorías".

Giardini afirmó que la continuidad de la problemática corresponde a diferentes factores según la provincia porque, detalló, "mientras en el Chaco se realizan controles estrictos que –desafortunadamente- no dan abasto, en Santiago del Estero son las mismas autoridades las que autorizan los desmontes". 

El ecologista hizo alusión a una denuncia pública realizada – el pasado 11 de junio- por Greenpeace a la directora de Recursos Forestales y Medio Ambiente de Santiago del Estero, Viviana Lavaysse, quién dio el visto bueno a un productor para que desmonte 244 hectáreas.

La autorización se dio a través de la resolución 138, emitida por esa Dirección, sólo días después de que los propietarios del campo en cuestión pagaran una multa de 2.500 pesos por el desmonte ilegal de otras 438  hectáreas de selva nativa.

De esta manera, los montes que funcionan como "pulmones" de un planeta tan intensamente contaminado por la polución y las concreciones del hombre, y son los ecosistemas de conservación millones de especies vegetales y animales, siguen desapareciendo de la faz argentina.

Así, la contaminación atmosférica –llamada "smog"- y la aparente imparable concentración de capital parecen anteponerse a la capacidad de observación, reflexión y acción de los hombres para la conservación de su propia especie.
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18 de agosto de 2017 | 02:57
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