Narcotráfico: ninguna ley aprobada desde que Cristina fue reelecta

Desde que Cristina fue reelecta no salió ninguna ley. Y las pocas iniciativas que surgieron -la mayoría, de la oposición- ni siquiera fueron tratadas. Escaso aporte de los 13 legisladores mendocinos en ambas cámaras.

La Cámara de Diputados de la Nación tiene 45 comisiones permanentes. Una de ellas es Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico. En la Cámara Alta hay 25 comisiones permanentes, entre las que está Seguridad Interior y Narcotráfico. En ambas trabajan 329 legisladores nacionales (13 de ellos representan a Mendoza) y cada uno por mes gana hasta 50 mil pesos (sin incluir los 40 pasajes aéreos y terrestres, que elevan el total a 65.800 pesos). De ninguna de las dos salió una ley para frenar el narcotráfico, desde que Cristina Fernández asumió su segundo mandato, en diciembre de 2011. La última norma al respecto se había aprobado seis meses antes, cuando el Senado hizo ley un proyecto del Poder Ejecutivo para tipificar el delito de lavado de dinero, algo reclamado por organismos internacionales y cuya aprobación evitó que el país fuera sancionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esta sequía normativa también se extiende al Poder Legislativo de Mendoza, que en los hechos muy poco puede hacer mientras no se modifique el artículo 34 de la ley 23.737 (que regula los asuntos de narcotráfico), que impide que la Provincia avance en lo legislativo.

De los 13 legisladores mendocinos en Diputados y Senado de la Nación sólo se destaca uno que no corresponde al período del segundo mandato de Cristina, sino que fue ingresado al Parlamento el 13 de abril de 2011y que propone la creación de un Plan Nacional de Protección Aérea de la Frontera Norte (expediente 1791-D-2011), iniciativa del PRO: entre los firmantes están los mendocinos Omar De Marchi y Enrique Thomas.

Incluyendo el tema prevención de la droga, entre diciembre de 2011 hasta hoy sólo el 2% del total de proyectos de ley fueron de diputados y senadores nacionales por Mendoza (dos de la oposición y uno del oficialismo). Un rendimiento legislativo preocupante. 

El kirchnerismo, dueño de la pelota en el ámbito legislativo, presentó el 27% de los proyectos de ley en los temas narcotráfico y drogas: muchos coinciden en que ninguno propone acciones específicas para frenar la circulación de la droga. Mientras que en el 73% restante corresponden a la oposición y algunas de las mismas proponen acciones inmediatas e integrales.

De los 67 proyectos de ley en ambas cámaras el 11% tiene media sanción y sólo uno se aprobó (ver infografía interactiva). Esto confirma que el narcotráfico y el consumo de drogas -que hoy figuran al tope de las preocupaciones de la sociedad, según una reciente encuesta de Poliarquía- está muy lejos de inquietar a los dueños del quorum parlamentario desde que CFK fue reelecta con casi el 54% de los votos: allí la prioridad estuvo en temas impuestos por la Casa Rosada, como ley de medios, la reforma judicial (frenada por la Corte Suprema), expropiación de YPF y blanqueo de capitales.

"Para que se traten los proyectos de ley sobre narcotráfico hace falta voluntad política del oficialismo. Sobre todo que el oficialismo reconozca el problema y decida sentarse a discutir para alcanzar los consensos necesarios que garanticen el éxito de cualquier estrategia", dijo a MDZ el médico jujeño Mario Fiad, quien en la Cámara de Diputados de la Nación preside desde 2012 la comisión de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico.

"El kirchnerismo no ha presentado ninguna iniciativa al respecto hasta el momento", dijo el diputado radical, quien considera que los legisladores kirchneristas "minimizan el problema". 

El legislador puso como ejemplo el proyecto de resolución 6355-D-2013 (del septiembre de 2013). Se hizo para que el entonces ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, explicara en el Congreso por qué a un mes de las elecciones legislativas sacó gendarmes de la fronteras para enfrentar el delito en el conurbano bonaerense.

En los fundamentos de ese proyecto --firmado por Fiad- decía “la situación de desprotección en las fronteras y caminos". Por orden de la Rosada, los legisladores oficialistas -entre ellos los mendocinos Guillermo Carmona, Omar Félix, Dante González y Anabel Fernández Sagasti- votaron en contra de ese proyecto de resolución, que sin dudas en los hechos permitió hacer las cosas más fácil para los traficantes de drogas en las fronteras argentinas.

El siguiente interactivo presenta los proyectos de ley sobre lucha contra el narcotráfico y dentro de lo que es prevención de adicciones, los específicos en el tema droga, entre 2011 y la actualidad: deja en evidencia la ausencia por completo del debate legislativo en la temática:


“La oposición ya tenía presentada varias iniciativas y últimamente se ha incrementado el número de proyectos que abordan el tema narcotráfico en sus distintas dimensiones”, dijo el titular de la comisión de Diputados que aborda el difícil tema.

Entre los proyectos de ley más recientes está la declaración de emergencia en todo el país, por seis meses, para elaborar un plan de disminución de las redes del narcotráfico. Fue presentada por el PRO el 14 de febrero de este año y lleva la firma, entre otros, de Patricia Bullrich y del ex futbolista Carlos Javier Mc Allister., diputado nacional por el macrismo de La Pampa.

La última iniciativa del oficialismo que ingresó a esa comisión fue el pedido de legalización de la marihuana, de la diputada Olga Guzmán. En lo que hace a legalizar la marihuana es enorme la diferencia entre proyectos que lo impulsan desde oficialismo respecto de la oposición: la relación es 10 a 1.

Proyectos estancados

El 1 de julio último ingresó a la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de la Nación el expediente 2516/13 de Eugenio Justiniano Artaza, cuyo artículo 1° establece que "toda aeronave en vuelo dentro del espacio aéreo argentino será considerada como un riesgo para la defensa nacional y violatoria de la soberanía nacional" y será obligada a descender. Si eso no ocurre "la misma quedará sujeta a derribo, previa autorización del Poder Ejecutivo Nacional o la autoridad por él delegada a tales efectos".

En el fundamento del proyecto (que permanece en la siesta legislativa), Nito Artaza reconoce haber sido testigo de narcoaviones:

"Si hablamos de narcotráfico en la actualidad y en nuestro país, de más está decir que una de las principales vías de ingreso de este tipo de cargamentos se da por medio de aeronaves clandestinas, cuyas pistas de aterrizajes están distribuidas en varias de las provincias argentinas. Lo digo con conocimiento".

Sobre este asunto concreto, la situación en la región es bien distinta a la Argentina.

En Brasil, el decreto 5144/04 firmado por el ex presidente Ignacio Lula Da Silva reglamentó la ley 9614 que establece el derribo de las “aeronaves sospechosas de tráfico de sustancias estupefacientes y drogas afines”. En Chile, un decreto firmado en diciembre de 2006 por la entonces (y hoy también) presidenta Michelle Bachelet) habilita la interceptación de aeronaves. Si bien en los hechos aún estas naciones no pusieron en práctica la normativa, sí ya lo han hecho otros países de la región, como Venezuela, Colombia y Perú. Mientras que en Bolivia, el derribo de aviones ya fue aprobado por los diputados y los senadores están por convertirlo en ley.(estaba previsto para esta semana su aprobación).

Sobre este asunto la Casa Rosada ya dio su respuesta: "La ley de derribo de aviones subvierte el código penal argentino y es pena de muerte sin juicio previo", dijo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, oriundo de Santa Fe, en este momento la provincia más golpeada por la narcocriminalidad.

El narcotráfico se rige en Argentina por una ley de la época de los australes: la 23.737, promulgada el 10 de octubre de 1989. Se limita a penalizar la droga y a otros detalles, como el establecido en el 32, acerca de que un juez puede actuar en una jurisdicción territorial ajena “cuando la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación”. Es una ley que no abunda detalles sobre políticas concretas para frenar la narcocriminalidad, como algunos de los proyectos que ya han sido presentados y que duermen en los cajones de las oficinas del Congreso Nacional: 

Otro proyecto estancado en la Cámara Baja corresponde a Mario Fiad y Ricardo Alfonsín (entre otros firmantes), fue presentado el 18 de junio de 2013 y contempla un Régimen Integral en la lucha contra el narcotráfico. Entre otros puntos impulsa la mejora de los servicios de control aéreo, de aguas jurisdiccionales y terrestre a través de un sistemas de control, con la capacidad y equipamiento necesario para lograr una cobertura integral y permanente de las fronteras. También contempla algo que en estos días fue hablado por la Mesa de Enlace en el cuarto piso de Tribunales: la coordinación del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que en las áreas de sus respectivas competencias implementen los tribunales para las causas vinculadas al tráfico ilícito de estupefacientes creados por la presente ley. También propone coordinar con el Ministerio de Justicia y la Procuración General de la Nación el Sistema Nacional de Denuncias anónimas sobre tráfico ilícito de estupefacientes. Otras de las acciones de este proyecto de ley es el desarrollo de un sistema unificado de información que se constituya en una plataforma tecnológica de convergencia multiagencial. El proyecto también dice que Gendarmería “no puede ser desafectada de sus funciones de control y vigilancia de la frontera terrestre”.

Otros punto es el desarrollo de un sistema Unificado de información sobre narcotráfico y delitos conexos.

El más reciente, presentado por el socialista Rubén Giustiniani, con el expediente 198/14, propone la creación de tribunales federales con competencia para delitos de narcotráfico. La iniciativa incluye crear "tribunales federales con competencia en delitos relativos al narcotráfico" debido a la cantidad de causas relacionadas a ese tipo de delitos que "se acumulan en juzgados y que no cuentan con la infraestructura y recursos humanos necesarios", Una iniciativa de este tipo también facilitaría a la puesta en marcha de las acciones que en estas horas planifica la Mesa de Enlace de Seguridad mendocina.

Tierra del sol ¿y del narcotráfico?

A partir del caso de “la Yaqui” y de las amenazas recibidas por periodistas de El Sol Diario, la prensa nacional hizo foco en Mendoza. Una editorial de La Nación del 22 de febrero último, titulado Mendoza, tierra del sol, del vino y... ¿del narcotráfico? puso en boca del ex sacerdote salesiano y ahora ministro de Desarrollo Social, Cristián Bassin, la frase "lo digo como funcionario: no hay compromiso de funcionarios contra el narcotráfico".

En la época de los australes, los especialistas Edwin Stiery y Peter Richards elaboraron un influyente trabajo sobre las etapas en que avanza el tráfico de estupefacientes. De allí sale la siguiente frase: "La frontera entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legítimo y lo ilegítimo se torna opaca y el Estado de Derecho mismo se diluye”.

Las peleas entre el gobernador Pérez con la justicia y las idas y vueltas para avanzar con rápidez sobre el caso de “la Yaqui” muestra con claridad una sensación de estado de derecho diluído en el ámbito local. La respuesta de la Casa de las Leyes ante esto es que por tratarse de un delito federal es poco lo que puede hacerse desde lo normativo.

El artículo 34 de la ley 23737 dice que "los delitos previstos y penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia".

Mendoza no está en esa ley de adhesión y en la reunión de esta semana de la Mesa de Enlace en el cuarto piso de Tribunales, el ministro Comparatore dijo a MDZ que se buscará conocer los casos de Córdoba y Santa Fe para avanzar en la desfederalización de esta ley, para que así Mendoza pueda concretar pasos desde desde lo normativo.

Uno de los que participó en la reunión hecha en el Salón de Acuerdos de la Suprema Corte de Mendoza fue el diputado Daniel Cassia, integrante de la Bicameral de Seguridad. Consultado sobre este tema dijo que "venimos haciendo lo que nos permite la ley desde hace diez años" aunque "no es mucho lo que podemos hacer porque no rige la juridicción provincial" y criticó las gestiones de Cobos, Jaque y Pérez porque "se durmieron en los laureles con este tema, no se le dio la dimensión y se lo dejó como un tema secundario" por lo que "el goberno de Pérez está reaccionando frente al cúmulo de evidencias sobre este tema".

También contó que en una ocasión él, junto a los senadores Bruni y Aguinaga, propusieron intervenir los teléfonos de bandas de narcotraficantes, pero eso no se pudo concretar "porque la mayoría votó en contra".

El ex candidato a diputado nacional en las últimas elecciones señaló que en 2008 y 2009 se avanzó en crear una comisión especial "porque aumentó mucho la incautación de marihuana y cocaína". Entonces la Legislatura propició un mayor presupuesto para el Departamento de Narcocriminalidad de la Policía de Mendoza (que funciona desde octubre de 2008) y que desde enero de 2013 pasó a llamarse Dirección General Provincial de Lucha contra el Narcotráfico. "Pérez jerarquizó el área, lo dotó de mayor cantidad de hombres y de infraestructura", dijo Cassia.

Pese a ello, el problema persiste, crece y confluye en ese "Estado de Derecho diluído", como describen Stiery y Richards.

“No podemos modificar la ley de fondo ni tampoco el Código Procesal Penal, pero tuvimos fuertes discusiones con el ex diputado Bauzá y el ahora senador nacional Aníbal Fernández, que estaba a cargo de las fuerzas federales, porque detectábamos que era necesario que las fuerzas federales se ocuparan de perseguir a los narcotraficantes y ayudar así al gobierno de Mendoza. Terminamos peleados, Aníbal nos retó a los dos", contó el diputado Cassia.

"La actividad en el Congreso Nacional (en el tema narcotráfico) ha sido nula: tendría que haber leyes sobre radarizacion, sobre derribos, registro de aeródromos e intercamibo internacional, por citar algunos. En el Congreso los bloques no pusieron primera en tratar estos temas de fondo y actualizar la legislatcion", concluyó el legislador.


Opiniones (1)
18 de diciembre de 2017 | 16:27
2
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18 de diciembre de 2017 | 16:27
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  1. estudien aplicar el PROYECTO BIDAL- BIENES DECOMISADOS AMERICA LATINA- estudien un poco, NO INTENTEN VENDER DIARIOS SOLAMENTE....
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