Inseguridad, un estigma en el barrio latino

Latinoamérica es un vasto territorio, con grandes masas de gente pobre, con servicios sanitarios de salud y educación en ocasiones deplorable. Y que aún mantiene en diversas sociedades la marca del sello -no muy lejano para algunas- de los gobiernos militares.

También es una extensa superficie cuyas sociedades aún huelen la pólvora de la reciente conquista de su libertad, luego de que no hace mucho tiempo Colón lograra su hazaña globalizadora.

Sus países, es cierto, poseen una corta experiencia con sus organizaciones y gobiernos y por ello, tal vez, es muy común observar cierta pasión por copiar el éxito ajeno. Al menos en materia de seguridad.

En el sentido de reducir preocupantes índices de inseguridad, pocas experiencias con algún grado de éxito se otean en el campo hispanoparlante que demuestra una clara preocupación por el caro asunto social.

Claros son los ejemplos que siguen los especialistas de la región: el de Chile, el de Colombia, Brasil y el incompleto de la Policía Bonaerense. Y todos ellos pueden advertir, lejos de los pedidos puntuales de sus líderes políticos, que Latinoamérica tiene muy pocas experiencias construidas a partir del diagnóstico de sus propias realidades.

Se puede afirmar que “esa pasión por el éxito ajeno”, está directamente ligada a los impactos mediáticos que tuvieron otras acciones exitosas que fueron tomadas con el apuro de frenar una grave situación de inseguridad. Cuando los programas hacen hincapié en “castigar” y demostrar que un gobierno es fuerte, es cuando miran con entusiasmo casos como el de Giulani, en Nueva York.

Del otro lado del charco, cuando los gobiernos quieren “mostrar” una cara más progresista, arman modelos a base de copiar las experiencias de Francia, del Reino Unido o de España. De allí los famosos modelos de las policías comunitarias.

En Argentina, la reforma de la Policía Bonaerense si bien podría inscribirse en el caso de las modas tuvo un importante logro: garantizó un mínimo de institucionalidad a una organización que había consumido casi todo su crédito social.

Es que la policía argentina, al igual que la mayoría de las que deben enfrentarse al duro rostro del delito de la región y de la misma forma que otros actores sociales, es víctima del proceso de consolidación en la que está inmersa América Latina. Lo que a estas alturas y, considerando los casos mencionados, no justifican el no armado de un programa nacional (o provincial) a base de lo que sucede. En otras palabras, sin considerar la propia realidad.

Por supuesto que en el actual proceso de derrumbe del autoritarismo político militar de las sociedades latinoamericanas el alcance de un estado de democracia suponía una transición que tuviera en cuenta mucho más que la normalización de las instituciones políticas. Tomar el camino hacia regímenes verdaderamente democráticos también exige cambios ideológicos y operativos profundos.

Así al menos coinciden en pensar los técnicos reunidos en uno de los últimos cursos de liderazgo para el desarrollo institucional policial, promovido por la Red de Policías y Sociedad Civil en América Latina.

A tal punto, se muestran atentos al fenómeno social regional de la inseguridad que definen que “un nuevo proyecto de policía, en última instancia, involucraría también a un nuevo proyecto de sociedad”.

En criollo, que es muy difícil hacer una buena gestión de seguridad o de prevención del delito cuando en la discusión no entran tópicos como educación, salud, trabajo y un serio diagnóstico de lo que sucede en la cercanía.

Debido al referido raconto histórico de gobiernos militares, una de las principales dificultades apuntadas por los grupos de trabajo de la red policial regional fue la desmilitarización ideológica y estructural de las instituciones de seguridad. “Desmilitarizar”, significa transformar los modelos y estrategias de intervención policial, garantizar un diálogo más cercano a las comunidades y mayores grados de legitimidad y eficiencia para las acciones policiales.

Con ciertas variaciones, entre los países de América Latina, según los estudiosos de la seguridad, se puede observar que la idea mencionada “aún sufre resistencias sustantivas, entre los sectores populares y segmentos reaccionarios del sistema de justicia y seguridad pública”. Sin embargo, es la falta de organización de las iniciativas de reforma el factor que impone las mayores barreras para el éxito de los proyectos innovadores.

Reformas hacia adentro de los cuerpos policiales, construcción de estrategias teniendo en cuenta los distintos indicadores de desarrollo humano, planes de desarme o de participación directa de los municipios en la consecución de las soluciones a corto, mediano y largo plazo, son algunos de los ejemplos de aplicación de reformas que no prosperarían de considerarse a la seguridad sólo un asunto medible, a través de la baja en los delitos o en las denuncias. Es mucho más profundo que eso y parte de la solución tiene tanto que ver con el pasado como con el futuro buscado por el mismo pueblo sediento de seguridad.

El caso trasandino

La reforma y la consecuente disminución de los indicadores de inseguridad en la República de Chile tuvieron que ver básicamente con la reestructuración de una policía militarizada: los viejos y conocidos Carabineros.

Si bien para muchos argentinos poseen un alto valor de incorruptibilidad que los separa -y mucho- del mal concepto que manejan de la policía local, en los Carabineros las distintas fuerzas políticas de la democracia debieron trabajar arduamente.

Una de las aristas más molestas que debieron suavizar fue la referida a los abusos –en tiempos de Gobiernos militares- y que dio a luz una brillante idea. De a poco, se logró en Chile que la población civil se relacionara casi íntimamente con la fuerza.

Obviamente que al igual que lo que sucedió en los lugares donde las reformas mostraron interesante avances, las instituciones policiales en Chile recibieron un fuerte apoyo para poder lidiar con uno de los problemas sociales más importantes para la ciudadanía. Ese respaldo gubernamental estuvo principalmente relacionado con el aumento del presupuesto policial y de su respectiva dotación entre 1990 y 2001.

Carabineros pasó a tener un presupuesto de 238 (en 1992) a 313 millones de dólares (en 2001).
Pero la clave estuvo en dotar a los municipios, y a través de ellos a gran parte de la comunidad, de la capacidad real de interactuar con Carabineros.

Como los recursos provienen de las asignaciones gubernamentales y en primera instancia de los aportes de la misma ciudadanía, las municipalidades jugaron un papel importante en el financiamiento de “Carabineros de Chile”.

Así con el objetivo de responder al reclamo de los vecinos por más seguridad y presencia policial, se convirtieron en fuentes relevantes de financiamiento de la institución, que fue destinado íntegramente a la compra de mayor infraestructura, móviles y tecnología.

Además se evidenció, paralelamente al incremento de presupuesto y de recursos humanos, un cambio en las estrategias operativas tradicionales de Carabineros a fin de encontrar caminos que comprometieran a la comunidad en la disminución de la delincuencia.

Fue entonces que en 1994 se desarrolló en el país trasandino el Programa Puertas Abiertas, que buscó que la población estuviera al tanto de la labor que se realizaba en las comisarías.

Spot Carabineros, un amigo de siempre:

En la ocasión se designaron delegados de Carabineros en las juntas vecinales que tenían como función reunirse periódicamente con la población para relevar sus problemáticas principales.
Obviamente que el doble efecto fue el de acercar las partes con el fin de que trabajaran en conjunto y por lo tanto que avanzaran en sus formas de relacionarse.

Luego, en 1996, se desarrolló en Chile el Programa de Seguridad Compartida, que buscaba cristalizar el nuevo matrimonio.

Su objetivo principal fue sensibilizar a la población sobre la importancia de su colaboración con Carabineros. Este programa tuvo un componente de información a la población y la realización de acciones conjuntas para revalorizar esta relación. Además buscó mejorar la capacitación de Carabineros en el trabajo comunitario.

Con el fin de mejorar la imagen de Carabineros frente a la sociedad, además se elaboraron algunos spots publicitarios donde la fuerza, por ejemplo, participó directamente en campañas de prevención vial a diferencia de lo que practican otros países donde el mensaje siempre tiende a posicionar al gobierno de turno y no a una institución en especial.

Comercial Carabineros de Chile:


El caso de Medellín y Bogotá

Es de gobierno público que el problema de la inseguridad en Colombia por años ha estado relacionado a los carteles de la droga y a los grupos militares –o paramilitares- clandestinos que sostiene el multimillonario negocio de estupefacientes.

Sin embargo, el avance en ambas localidades, principales focos de resolución de conflictos a través de la violencia extrema, estuvo ligado a un trabajo mucho más social. Primero, era necesario trabajar los distintos indicadores sociales antes que encarar una reforma estructural de la policía.

Uno de los problemas que se observaba era la corta edad de los hombres que conformaban las distintas fuerzas de seguridad. La falta de instrucción, la inexperiencia y muchas veces la inmadurez de sus filas, hacían las veces de caldo de cultivo para que los mismos elementos estuvieran muy relacionados con la corrupción. De la mano de la corrupción luego asomaba su letal cara el abuso y de allí casi no había regreso para la falta de institucionalidad de la fuerza.

De la misma forma que en el caso chileno, el cambio debió estar fuertemente apuntalado también de un aumento del presupuesto y de sus recursos humanos y de una buena transferencia tecnológica que, en este caso, sigue ligada a los Estados Unidos.

En un momento, tanto en Medellín como en Bogotá, era muy difícil pensar en soluciones a los problemas a partir de cambios normativos sin un cambio de comportamiento, que implicara una reevaluación de los valores y creencias.

Para el antropólogo George Foster, sobre cambios tecnológicos y culturales, “cuando las personas se confrontan con nuevas oportunidades, su aceptación o rechazo depende no sólo de la articulación cultural básica, de un padrón de relaciones sociales favorables y de posibilidades económicas”. El especialista, se refería también a los factores psicológicos.

“Los cambios no suceden en un vacío de valores, creencias, costumbres y hábitos. Nuevas informaciones e ideas son presentadas a los individuos que van a digerirlas, resignificándolas a partir de su propia lógica y visión del mundo”, explica Foster.

Las palabras del especialista se resumen en un ejemplo: enseñar a un adulto a leer es un simple problema técnico, pero hacer que el adulto quiera aprender a leer es algo completamente diferente.

Por eso es que no sólo la fuerza policial fue motivo de análisis, trabajo y más análisis, en esas sociedades. Salud, educación, trabajo, vivienda, servicios, dignidad y hasta decoro, son conceptos que fueron trabajados dentro y fuera de la misma fuerza de prevención del delito colombiana. Por motivo de los asaltos, muertes por encargos y por los secuestros, los motociclistas –por ejemplo- durante un tiempo portaron un número muy visible para ser identificados de lejos según un registro de conductores y propietarios de motos.

Al haber sido un cambio de tipo social, la idea de acercar la comunidad a la policía debió ser más una causa que una consecuencia y como tal la idea de que los operadores de seguridad pública participaran tanto en la elaboración como en la ejecución de los cambios fue crucial.

La Policía Bonaerense

El ejemplo de la única policía que en el país se atrevió a estudiar y aplicar un programa de cambio, aunque incompleto, fue la Policía Bonaerense.

Incompleto porque el poder de turno en un punto optó por quedarse en los slogans y por lo tanto la política no buscó cambiar cuestiones de fondo y sí dejar a la gente contenta. Mendoza trabajó a partir de este caso aunque con una discontinuidad aún mayor. Aún resuenan en los pasillos de análisis del problema de la inseguridad provincial la idea de solución ligada a la necesidad de “institucionalidad” de la fuerza.

En el caso concreto de “la bonaerense”, se avanzó mucho en este último concepto de institucionalidad pero el plan quedó en espera de consolidarse. Los cambios necesarios fueron efectuados pero no se continuaron.

Sin embargo, la Policía Bonaerense logró mejorar en muchos casos su comunicación comunitaria, tratando de evadir la vieja imagen de "mano dura" que demostró en el pasado en casos no muy graves de disturbios. Sobre todo aquellos que involucraba a jóvenes que en su ánimo de divertirse orillaban el sinuoso terreno del delito.

"El que avisa no traiciona"

Según el especialista argentino Sergio Binder, la clave “del caso argentino” se centra en la modernización tanto de las etapas de investigación como de la misma policía. El jurista advierte en este sentido que no se puede avanzar “si no se revierte la exclusión”. En otras palabras, que no se podrá resolver desde la seguridad no lo que no se contuvo con políticas sociales.

Para Binder no es eficaz el control sobre el crimen si no se moderniza la policía y la idea que actualmente se tiene sobre seguridad.

“La criminalidad anda en jet mientras la Justicia y el sistema penal, en una vieja carreta de bueyes”, recalca Binder.

Este concepto, el especialista lo relaciona a las posibles soluciones del problema con una idea de policía que no necesariamente deba pasar por políticas de mano dura.

Para que el proceso se complete, en el caso de “la bonaerense”, sería entonces necesario reorganizar totalmente a la policía, modernizarla y profesionalizarla. “Hay que cambiar los modelos de formación que aún son los verticales de hace cien años”, aclara.

Pero el problema parece agravarse en las áreas de ciudades, donde generalmente se opta por poner más policías en las calles para mitigar la inseguridad.

Para Binder, en primer lugar se debe tener una distribución atinada y reducir los niveles de burocratización interna. “Porque siempre se habla en bloque y se dice que se tiene 15 o 20 mil policías pero después, la desesperación de todos los ministros de Seguridad es que cuando empiezan a contar cuántos están de servicio, los números varían enormemente”.

La salida sería encontrar formas de patrullajes y de distribución territorial de la policía, “mucho más pensadas y administradas que con el modo tradicional”, según el experto.
 En relación al uso de la fuerza o de la mano dura, como algunos programas han propuesto en Latinoamérica, existe un consenso entre los miembros especialistas de la región.

Todos, en algún sentido, coinciden en que una policía exitosa en esa área depende: del énfasis en el proceso de formación pautado en la multidisciplinaridad, en la reflexividad sobre los procedimientos y alternativas adecuadas de uso de la fuerza, en la provisión de recursos, como equipamientos, tecnología y valorización profesional, en la claridad propia de la definición del mandato policial que debe estar pautado sobre el referencial de los derechos humanos.

También en el combate a la impunidad, con un sistema correccional actuante, a partir de indicadores de monitoreo y evaluación de casos y en la aproximación a la comunidad para el diseño de los planes de intervención policial.

Diversidad y reunión de géneros

Otras cuestiones además se suman a la tarea seria de armar y emprender planes de seguridad. Algunos de ellos ya han rondado alrededor de la idea de humanizar la policía a partir de la inclusión de la mujer en las distintas fuerzas.

Sobre cuestiones de género, un buen ejemplo fue la discusión sobre el proceso de incorporación de mujeres a los cuadros policiales. Fenómeno relativamente reciente para buena parte de los países de la región.

Fue exactamente este nuevo conjunto de cuestiones el objeto de la presentación de la especialista Rosa maría Juárez Aristondo, subcomisaria responsable del área de Derechos Humanos de la Policía Nacional de Guatemala.

El asedio sexual, a pesar de que no esté tipificado en ese país, forma parte del conjunto de infracciones pasibles de castigo por el parte del reglamento de esa policía.

Los expertos coinciden aún en seguir analizando la forma en la que se debe encuadrar la discusión sobre la inclusión de las mujeres a una actividad históricamente masculina.

Patrulla juvenil

Las políticas para la juventud también se encuadran en esta última discusión sobre cómo equilibrar la noción de igualdad y la construcción de intervenciones dirigidas a públicos específicos.

Los más jóvenes, mayoritariamente afectados por la violencia en el contexto latinoamericano, tienden a ser estigmatizados como principales vectores de los actos delictivos. Para los especialistas de la región, el problema de vulnerabilidad social de la infancia y de la juventud no puede ser controlado con acciones represivas, sino con intervenciones que abarquen y prevengan las causas de la violencia.







 

Opiniones (1)
24 de septiembre de 2017 | 07:54
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24 de septiembre de 2017 | 07:54
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  1. Me quedé con gusto a poco. Seguramente el tema inseguridad en Latinoamérica da para 100 notas. De todos modos muy buena. Creo que el ejemplo de Chile y el de Colombia son vitales. Si no se ocupan de la educación, de la vivienda como dice el periodista, del trabajo o de la dignidad simplemente, es imposible que se vea el verdadero panorama en el que estamos. Apoyemos al ministro actual para que se de cuenta de lo que tiene que hacer. Aquí hay una clave. Bien por MDZ por sacarle tanta punta al lápiz. Que esta vez Jaque no se meta. Por mi que divague pero que no nos distraiga en nuestra búsqueda de las soluciones importantes. Saludos...
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