Cuando la respuesta del Estado es casi nula

El 28 de septiembre de 2004, un chico de 15 años ingresaba al colegio donde concurría habitualmente. Pero en aquella ocasión, había algo diferente en él y eso se vislumbraba en el hecho de que portara un arma 9 milímetros con la que asesinó a tres compañeros e hirió a otros cinco. El caso hizo trágicamente famosa a la ciudad de Carmen de Patagones y al menor –apodado Junior-. El episodio encendió una alarma en todo el país: la violencia escolar ya no se trataba sólo de empujones e insultos, las armas ya formaban parte de algunas aulas y las masacres que se eran noticia cada tanto  en colegios y universidades norteamericanas podían ocurrir en Argentina en cualquier momento.

En Mendoza, la violencia escolar no era un tema nuevo. Durante el gobierno de Roberto Iglesias, la Legislatura provincial había aprobado tres años antes una ley de “No violencia escolar” en donde se habilitaba a la conformación de grupos de mediadores y permitía la participación de alumnos de los establecimientos educativos dentro de esos grupos.
Sin embargo, cada tanto, vuelven a parecer hechos de violencia que si bien no llegan a ser como el de Carmen de Patagones, deberían servir para reflexionar y replantearse varias cosas.

Hace varios años eran conocidos los enfrentamientos en Luján entre un reconocido colegio técnico y otro comercial a la finalización de clases. El objetivo de la pelea era obtener el dominio de la plaza departamental, ese era el terreno en litigio con el que buscaban alzarse como si se tratase de un trofeo de guerra. Con el transcurrir del tiempo, esta especie de batalla se fue convirtiendo en una nefasta tradición que pasaba de los más grandes a los más chicos, ya que los chicos desde que se encontraban en los primeros años eran muchas veces testigos de esos enfrentamientos, que eran relatados con mucho orgullo y se empapaban de ese sentimiento, como si se tratase de una hazaña épica.

Las famosas peleas tenían su comienzo en la mañana y su corolario después de las 18. Incluso otros colegios de la zona se unían a los enfrentamientos que podían incluir y derivar en golpes de puño entre dos o más personas que, demostrando su rasgo adolescente, al poco tiempo andaban abrazados como si no hubiera pasado nada.

Sin embargo, en una oportunidad –para ser más precisos en el fin del ciclo lectivo de 1998- se registró uno de los hechos más graves y que derivaron en que la “tradición” se rompiera. En las peleas, era común la pirotecnia, las bombitas con agua y hasta los cascotes de tierra. Pero en una oportunidad, a alguien se le ocurrió incluir algunas piedras para ser lanzadas y el resultado fue el previsible: un chico fue herido en un ojo, sus compañeros enfurecidos corrieron al bando enemigo y la batalla se convirtió justamente en eso, una batalla.

En aquella oportunidad, la solución que se tomó fue que los dos colegios terminaran su ciclo lectivo en diferentes días. Sin embargo no hubo sanciones para nadie, tal vez porque a nadie le convenía que algo que podía evitarse fácilmente no se hubiese hecho por inacción de la Dirección General de Escuelas y del resto de las autoridades educativas y de seguridad que llevaban las riendas en aquellos tiempos. 

Hoy, poco menos de 10 años después de aquellos hechos, las diferencias parecen no ser muchas. A mediados de abril, dos casos de violencia escolar se registraron en San Rafael y su repercusión fue casi nula.

En el primero de los casos, un chico de tan sólo 7 años atacó a otro de 8 con una tijera y se la clavó en la cara. En el otro, un niño de seis terminó con el tabique nasal roto después de recibir un golpe de un compañerito de la misma edad. Pero no fueron estos dos casos los que encendieron la alarma –pese a ser por demás preocupantes- sino el hecho de que cuando un periodista de MDZ le preguntara a un funcionario de la Dirección General de Escuelas sobre el asunto, obtuviera como respuesta una reducción de los hechos. Primero, dijo no saber nada y segundo, se refirió al hecho de que cuando él tenía esa edad siempre algún compañerito amenazaba o molestaba a otro con las conocidas “cuchillitas”, como si eso justificara que un pequeño termine con una tijera en su rostro.

La exclusión social como factor de violencia

Conocido, pero no por eso un factor que se haya podido solucionar, es el de la influencia de la exclusión social dentro de la violencia en general y en la violencia escolar, en particular.
Para la socióloga Graciela Cousinet, este factor “explica todo”, aunque eso no significa que “por ser marginal uno sea violento”. Un chico que se sienta discriminado por sus pares debido a su físico o a su forma de vestirse puede ser constantemente objeto de burlas o incluso, de golpes. Cousinet incluso afirma que también pueden sentirse discriminados por el lugar donde viven.

El peligro más grande es creer que estas burlas “son cosas de chicos”. Para la socióloga hay distintos tipos de violencia. Una es la de bandas, que se encuentra relacionada con un componente de marginalidad. Cousinet, con respecto a este punto, aclara que “esa es la violencia del ghetto, es una necesidad de identificación adolescente”.

Por otro lado, hay una violencia más relacionada con la clase media o alta, porque en definitiva, la violencia no es un patrimonio único de los pobres. Para la especialista, este tipo de violencia que se identifica un poco más con los estratos sociales más elevados está “relacionada con una cuestión envidiosa” y aclara que principalmente los colegios secundarios “pueden ser lugares muy crueles para ciertos personajes a los cuales se arremete y se los ignora” y da como ejemplo a las personas comúnmente denominadas nerd.

Un caso emblemático citado por Cousinet, sería justamente el de Carmen de Patagones, en donde una persona “va acumulando durante años una especie de venganza”, aunque aclara que “tampoco hay que ceñirle la culpa a los otros”, haciendo referencia a los chicos que se burlan del resto.

Pero no sólo los alumnos son verdugos y víctimas de esta violencia. En los últimos años también han sido noticias los docentes que han sido agredidos por alumnos o por aquellos que deben darle justamente los elementos necesarios para que los conflictos sean solucionados mediante el diálogo: los padres de los chicos.

Hasta noviembre del 2006, el SUTE recibía un promedio de cinco denuncias semanales por agresiones a docentes, entre las que se destacaban verbales y golpes. Según su titular actual, Eduardo Franchino, ahora son “muchas más”, e incluso se arriesga a decir que este tipo de hechos se da casi una vez por día en cada uno de los colegios mendocinos.

Franchino también explicó que están esperando desde el gremio ver que es lo que pasará con el equipo de contingencias de la Dirección General de Escuelas, al cual el actual Gobierno decidió implementarle una serie de modificaciones al mismo tiempo que denunció que “nunca se trabajo sobre las causas” que provocaban la existencia de episodios de violencia.

“Es imprescindible que los chicos sean mediadores”

Pese a haber sido aprobada en septiembre del 2007 y estar en vigencia desde hace más de 8 meses, son pocas las escuelas que trabajan con una red de mediadores que intervengan en episodios de violencia escolar, y muchos menos aquellos que han integrado y capacitado a los propios alumnos que estén en condiciones de participar de esa red de mediación.

Sin embargo, y aunque sea poco conocida no sólo en la sociedad, sino dentro del ámbito escolar también, Mendoza cuenta con una ley que regula el accionar de las autoridades ante este tipo de episodios, ya sea para prevenirlos o para interceder cuando se presenten.

La denominada Ley para la No Violencia Escolar (6.937), fue aprobada inicialmente en octubre del 2001 y fue promulgada con modificaciones en el 2007 por iniciativa del diputado demócrata, Mario Casteller. Tiene como principal objetivo erradicar la violencia escolar partiendo de un proceso de mediación y plantea la creación de una red de mediadores integrada por docentes, padres y algunos alumnos que será elegidos por sus propios compañeros –esto último forma parte de la modificación del año pasado-. Incluso, la norma contempla la posibilidad de que alumnos de entre 11 y 18 años que hayan protagonizado o participado de episodios de violencia en la escuela también formen parte de esa red, luego de ser evaluados.

 “Es imprescindible que los chicos sean mediadores, incluso para que sean vistos como ejemplo por los otros alumnos. La idea es que los chicos mediadores sean elegidos no sólo por los docentes de las escuelas y los padres que también formen parte de este cuerpo especial, sino por los otros compañeros”, explica Casteller, quien destaca que los chicos mediadores –en teoría- deberían recibir capacitación especial para intervenir en este tipo de episodios.

Asimismo –siguiendo con lo que estipula la ley-, los mediadores integrarían un consejo con capacidad para aplicar, ante casos disciplinarios graves, sanciones consistentes en tareas comunitarias escolares. Es decir que –de acuerdo a la ley- el niño o adolescente que incurrió en esta falta disciplinaria, deberá realizar además funciones de mediador junto a los mediadores seleccionados en el curso.

Pero eso no es todo. Además, la ley contempla la creación de una red de estudiantes mediadores, con la finalidad de mantener una comunicación e intercambio de experiencias, mientras que a nivel regional los integrantes de la red tienen la posibilidad de participar de un plenario anual donde se analizarán las experiencias y dificultades del programa. Sin embargo, esto que en los papeles aparenta como muy útil y productivo, tampoco se lleva adelante en la realidad.

“Trabajar con alumnos mediadores es la manera de mitigar el tema. En la escuela ha habido un resquebrajamiento de la autoridad docente y se ha ido entrando en un  permisivismo descontrolado”, fundamenta el demócrata, quien también se detiene en la importancia de trabajar en la prevención: “Cuando es necesario recurrir a los mediadores, es porque el problema ya existe. Sería mejor trabajar en la prevención, y muchas veces esto está provocado por la falta de vocación del docente. Es algo imprescindible, la vocación, y no sólo que este (docente) trabaje por dinero, sin importarle nada más”, sentencia.


Capacitación, a medias

En el 2007, entre todos los colegios que existen en la provincia, 63 fueron elegidos para que sus alumnos recibieran capacitación voluntaria y, en total fueron 580 chicos los que se capacitaron para resolver conflictos. Sin embargo, y debido a la reestructuración por la que está pasando el órgano de la DGE dedicado a la prevención de violencia escolar, aún no se sabe que pasará con el programa, más allá de un convenio en el que trabajaban la subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y la Dirección de Escuelas.

Por lo pronto, voces como la de Cousinet prefieren no oponerse a la mediación de alumnos, pero siempre y cuando haya alguna autoridad ya que los adolescentes “necesitan límites externos para establecer pautas de convivencia” y agrega que si bien “no hay que echarlo, tiene que haber castigo”.

 

Opiniones (3)
23 de septiembre de 2017 | 21:39
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23 de septiembre de 2017 | 21:39
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  1. Creo que el estado ya tuvo tiempo suficiente para analizar, buscar, capacitar y al fin encontrar algo para contrarestar ésta terrible situación. Pero todo es trabajo, tiempo y el desgano y la inoperancia reina. Lamentablemente no hace ni deja hacer, soy la mamá de FEDE, víctima de la masacre de Carmen de Patagones y desde el terrible dolor que me toco vivir, junto a mi familia y las familias de los chicos compañeros estuvimos de pie, juntos con muchas garras para ayudar a cambiar la situación, pero "molestamos" a DGE y su posición de divide y reinaras y la de minimizar lo terrible de la masacre, deformando realidades tuvo mucho peso. Es hora de èmpezar, no olvidemos de participar, exijamos que nos dejen hacerlo. Comunidad Educativa está formada por docentes, alumnos y padres.
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  2. Es patrimonio del estado articular politicas para todos. Por donde empezamos? los docentes se encuentran sin herramientas para acompañar a este "nuevo adolescente", los padres, agobiados por la coyuntura diaria y por cierto, nuestros jovenes, como corresponde, sin posibilidades de poder articular estrategias de maneras autonomas. A todo esto agregar una exigencia de solucion cuasi magica: "esto se tiene que arreglar ahora (no importa como)" y una derivacion automatica de la resonsabilidad y la solucion a otro. El resultado esta a la vista: estamos pasmados intentando muchas politicas y estrategias, desarticulados y desautorizandonos permanentemente. La solucion la tenemos TODOS. Por donde empezamos?
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  3. Soy padre de una víctima de este tipo de violencia... Y quiero destacar este informe porque me he cansado de denunciar la inoperancia de la DGE ante este tipo de episodios... Felicitaciones por la nota y ya es hora que se haga público que pese a la existencia de esa ley, en ningún colegio se trabaja con una red de mediadores... Y muchas veces el docente no puede intervenir, porque si no también es agredido... Es evidente que el Gobierno tiene que hacer algo, porque si no pronto los patios de las escuelas -o a la salida- todo se va a transformar en un cuadrilátero
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