Piden que obras sociales contemplen tratamiento de adicción a drogas

La justicia se expidió en forma positiva frente a una presentación que llevó a cabo la Asociación Civil Hospital Alemán contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para determinar si debía hacerse cargo de los gastos de internación de un drogadicto en un centro terapéutico.
Ahora se viene la polémica por el tema.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña exhortó a las empresas de medicina prepaga a brindar cobertura a quienes deben someterse a tratamientos contra la drogadicción, informaron hoy fuentes judiciales.

Así lo resolvió la Sala II del Tribunal tras una presentación de la Asociación Civil Hospital Alemán contra el Gobierno de la Ciudad para determinar si debía hacerse cargo de los gastos de internación de un drogadicto en un centro terapéutico.

La entidad intentó marcar diferencias entre condenados por tenencia de drogas y aquellos que no fueron sujetos de una causa judicial, pero la Cámara sostuvo que la legislación vigente no distingue en tal sentido.

"No parece acertado suponer que la inclusión en una comunidad terapéutica pueda ser una medida obligatoria respecto de condenados con dependencia al uso de estupefacientes y no respecto de personas que no lo son", indicaron los camaristas.

Agregaron: "fundamentalmente, no llega a advertirse cuáles son las razones que motivarían esa diferencia y, por ende, torna arbitraria la postulada diversidad de tratamiento".

Para los jueces Esteban Centanaro, Nélida Daniele y Eduardo Russo, "la internación en una comunidad terapéutica no está excluida" de la cobertura, por lo que "resulta desacertado (cuando no falaz) sostener diferencia alguna entre personas condenadas por un delito y personas no condenadas".

"Conforme la ley 24.754 las entidades de medicina prepaga -como la Asociación Civil Hospital Alemán- tienen el deber de cubrir todas aquellas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales" establecidas en las normas, remarcaron.   

El Tribunal entendió que los convenios de servicios prepagos son "contratos de consumo", en los que "una empresa especializada se obliga a prestar el servicio de asistencia médica a un persona o grupo de ellas recibiendo, como contraprestación, el pago de una suma de dinero que generalmente es periódico".

"La cobertura de tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos encontraría entonces adecuado y válido cauce a través de la internación en una comunidad terapéutica", concluyeron los magistrados.
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19 de septiembre de 2017 | 19:43
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