España no extraditará a "Isabelita"

El juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial respecto a la decisión de la justicia española de no extraditar a María Estela Martínez de Perón a la Argentina, argumentando que los delitos por los que se la reclama han prescripto.

La Justicia española no extraditará a la Argentina a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, pues los delitos por los que se la reclama han prescripto y no está probada su relación con los hechos que se le imputan, informaron hoy fuentes judiciales.

Isabelita, que había alegado su avanzada edad (77 años) y su nacionalidad española para no ser extraditada, era reclamada por dos casos de violaciones de derechos humanos durante su presidencia (1974-76), cargo que asumió tras la muerte de su marido, Juan Domingo Perón, de quien era vicepresidenta.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), que preside el magistrado, Fernando García Nicolás, consideró que Isabelita, a pesar de ser presidenta, no tenía de hecho el control sobre los hechos por los que se la reclama.

La Audiencia Nacional considera que los delitos que se le imputan en el primer caso son "delitos comunes, aislados, según la tipificación del Código Penal argentino (...) ya prescritos", según un auto judicial al que ha tenido acceso la AFP, que acude a las figuras de "detención ilegal" y "torturas".

Además, no se puede considerar a Isabelita responsable de la actuación de su cúpula militar, ya que "los hechos imputados acaecieron justo un mes antes del golpe de Estado que la derrocó y sometió a prisión".

"Ningún dominio del hecho tenía ya por tanto sobre las Fuerzas Armadas, ya que éstas estaban planeando su derrocamiento", afirma el auto, frente a los alegatos del juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, para reclamar a la ex presidenta.

El juez Acosta responsabilizó a Isabelita de decretos firmados durante su gobierno que ordenaron "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", en alusión a las agrupaciones guerrilleras de izquierda, peronistas y no peronistas que actuaban en el país sudamericano.

En el caso de la Triple A, a la que se le atribuyen 1.500 asesinatos en los años 70, "no se determina ni identifica qué hecho concreto de los perpetrados por esa asociación (ilícita) guarda relación causal con un concreto acto de la reclamada".

La petición de extradición del juez argentino Norberto Oyarbide alegaba la participación de Isabelita con el que fue responsable de la Triple A, el ex ministro de Bienestar Social de Perón e Isabelita, el ya fallecido José López Rega, en la que se proyectaron diapositivas de posteriores víctimas.

Pero para la justicia española, el hecho de que Isabelita presidiera esta reunión "no es suficiente para establecer una relación causal a efectos penales entre quienes vieron las imágenes y quienes decidieron ejecutar tales asesinatos".

La decisión judicial del lunes pone fin al procedimiento judicial en España, aunque la última palabra sobre su extradición la tendrá el gobierno español.

La viuda del general Perón, que reside en España desde 1981 en un chalet de la localidad de Villanueva de la Cañada, en las afueras de Madrid, se encontraba en libertad condicional desde que fue detenida el 12 de enero de 2007 a petición de la justicia argentina por estos casos.

Sin confirmación

El titular del juzgado Federal de San Rafael, Héctor Acosta, se negó hoy a dar declaraciones respecto a la decisión de la justicia española de no extraditar a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón a la Argentina, hasta tanto no recibir la comunicación oficial. 

"El doctor Acosta aún no ha recibido ninguna comunicación oficial desde España, algo que tiene que llegar por correspondencia escrita", dijo su secretario.

La extradición de "Isabelita" era reclamada por el juez Acosta desde el año pasado en su investigación por distintos casos de violaciones a los derechos humanos durante la presidencia de la ex mandataria en el período de 1974 a 1976. 

Esta mañana, fuentes judiciales informaron que la justicia española no extraditará a la ex presidenta por considerar que los delitos por los que está reclamada no son de lesa humanidad y por lo tanto han prescripto. 

"Hasta tanto no llegue la correspondencia oficial, Acosta no hablará con ningún medio de prensa", dijo hoy el secretario Marcelo Lista. 

El juez federal reclamaba a la ex presidenta por la desaparición del militante político Héctor Aldo Fagetti y la detención del menor Jorge Valentín Berón, en San Rafael, en febrero de 1976, un mes antes de ser derrocada por el golpe militar. 

También por su presunta responsabilidad en las operaciones de la banda parapolicial de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).
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