Obras sociales deberán tener prestaciones a personas con HIV

Es una normativa desde el 2002 que financia patologías de Alto costo y Baja prevalencia. La administración de Programas especiales (APE), mediante la resolución 475, se hace cargo de los gastos de los tratamientos y las obras sociales deben solicitar los reintegros.

Todas las obras dociales del Sistema Nacional -incluidas las gremiales, provinciales y de entes estatales- deben incorporar como prestaciones obligatorias la cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas con VIH y/o SIDA, según lo dispone la ley 24.455.

A partir del 2002, mediante la resolución 475, la Administración de Programas Especiales (APE), que financia patologías de Alto Costo y Baja Prevalencia, se hace cargo de todos los gastos que originan estos tratamientos y las obras sociales deben solicitar los reintegros correspondientes.

"La cobertura del HIV debe ser del 100 por ciento. Incluye internación, antirretrovirales, profilaxis primaria y secundaria, tratamientos de rescate, Megaterapia, Carga Viral, Genotificación (si hay resistencias)", afirmó Gustavo Santero, Subgerente de Control Prestacional de la Superintendencia de Servicios de  Salud.

En la Argentina existen tres modelos de atención: el público, el de seguridad social (sistema de obras sociales) y el sistema de seguro voluntario prepago (privado).

En el país hay 302 obras sociales con 15 millones de personas bajo su órbita, sin incluir a las obras provinciales, a las de la fuerzas de seguridad y a las prepagas, que no son controladas directamente por la Superintendencia.

En estos casos, lo único que controla este organismo es que todos brinden el Programa Médico Obligatorio (PMO), que es una canasta de procedimientos y medicamentos, y el resto del control depende del reglamento interno de cada institución. "El PMO de Argentina es enorme, quizás no esté tan ordenado, pero comparativamente es más grande que otros países", afirmó Santero.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y la Administración de Programas Especiales (APE) funcionan a través  de un fondo solidario, que sale de lo que pagan los trabajadores.

El sistema de obras sociales recibe el 9 por ciento (6 por ciento del empleador y 3 por ciento del empleado), de ese porcentaje, y estos organismos obtienen el 10 por ciento.

El universo del sistema de salud es muy vasto y heterogéneo ya que además de los millones de personas que se atienden en hospitales públicos, provinciales o municipales, hay 15 millones de beneficiarios (de los cuales, 4 millones corresponden a PAMI) que gozan de alguna obra social nacional, otros 5.000.000 en las provinciales, y otros 3.200.000 que se dividen en Prepaga Pura (2.000.000) y Plan Superador (1.200.000).

Santero detalló que "el principal problema del sistema es que es muy heterogéneo, está segmentado y dentro de esos segmentos,
está fragmentado".
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20 de septiembre de 2017 | 06:12
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