Buscan enjuiciar al intendente de Lavalle por perjudicar a las comunidades huarpes

Roberto Righi firmó un informe en el que desconocía la ocupación histórica de las comunidades huarpes en los terrenos del desierto lavallino y, de este modo, se contradijo con una gran cantidad de actos y proyectos fomentados desde su cargo.

El fiscal especial Eduardo Martearena pidió que se desafuere al intendente de Lavalle, Roberto Righi, por el delito de falsedad ideológica agravada. De este modo, el fiscal busca dar curso al requerimiento de citación a juicio, presentado ayer, por la causa en la que está imputado de afirmar un hecho falso –a sabiendas -, desconociendo la posesión de 700.000 hectáreas del desierto lavallino a las Comunidades Huarpes del departamento.

La imputación se basa en que, en diferentes oportunidades, el intendente firmó proyectos –como cacique comunal y como concejal- en el que se reconoce y apoya a las comunidades como dueñas de esas tierras, pero en un informe suscripto a la Suprema Corte de Justicia, Righi desconoce la posesión de estas tierras, destacando que “no existen antecedentes ni estudios que permitan determinar la posesión”.

Escándalo

Con fecha 26 de agosto del 2005, Righi y el secretario de gobierno de Lavalle, Gustavo Ortiz elevaron un informe a la Corte donde destacaban que dentro de toda la documentación y registros de los territorios de la comuna “no existen antecedentes ni estudios que permitan determinar la posesión de tierras por parte de las comunidades Huarpes como tales de las Comunidades Indígenas Huarpes de la zona del desierto”.

Sin embargo, de acuerdo al dictamen de Martearena, el contenido de dicho informe es falso, ya que “se omitió deliberadamente mencionar que las comunidades Huarpes e Indígenas tenían posesión de diversas tierras en la zona del desierto ubicados dentro de municipalidad”.

El problema surge ya que, a raíz de este informe, la Fiscalía de Estado presentó un pedido de inconstitucionalidad sobre la ley provincial 6920, referida a la expropiación de 700.000 hectáreas del secano lavallino para las 11 comunidades huarpes, a quienes la normativa designa como propietarias del terreno. 

De inmediato, y al ver que corrían el riesgo de perder la titularidad sobre las tierras, las comunidades presentaron una gran cantidad de pruebas para demostrar que el propio Righi -quien en el informe negaba la existencia de pruebas- se había mostrado en varias oportunidades reconociendo a los aborígenes como habitantes de esas tierras, promoviendo proyectos y ordenanzas que los legalizaran e, incluso, acompañando a las comunidades en actos y manifestaciones.

Todos estos actos son expuestos por Martearena entre los fundamentos de la acusación. Entre los más notorios –además de los testimonios de los representantes aborígenes-, se destaca lo declarado por varios funcionarios municipales, quienes admitieron que fue por iniciativa del propio intendente que ellos desempeñaron acciones y programas para ayudar a los habitantes de esas zonas.

Tanto como concejal –durante la gestión de su antecesor, Pedro Brizuela- como jefe comunal, Righi siempre se mostró a favor de la causa de los aborígenes, presentando proyectos de obras para las comunidades y reconociendo en todo momento ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la personería jurídica de los grupos, como propietarios del territorio. Incluso, durante la gobernación de Roberto Iglesias, Righi participó de un acto donde se refirió a la urgente necesidad de sancionar la ley 6920 –la misma que luego fue cuestionada por el informe que el propio Righi firmó-, reconociendo que los puesteros dueños de la tierra eran los integrantes de las comunidades.

En el 2003, lejos de querer mostrarse con perfil bajo, el intendente acompañó en público a los representantes de las comunidades y al padre Benito Sellito (exponente de las poblaciones huarpes de Lavalle) en marchas hacia la Legislatura, recolectando firmas por los derechos de los aborígenes sobre esas tierras.

Otra de las pruebas irrefutables que presentaron los damnificados –que incluyeron fotos y videos- fue un proyecto elevado en el 2004, siendo intendente, que tenía como finalidad ejecutar la red de distribución de agua potable al desierto lavallino, reconociendo nuevamente en la nota que los pobladores están organizados en comunidades huarpes

Requerimiento

Ante estas contradicciones, Martearena solicitó ayer un requerimiento de citación a juicio, ya que a Righi “se le atribuye la presunta comisión del delito de falsedad ideológica agravada, ya que el imputado ha insertado en un documento público una declaración falsa, deformando la realidad de los hechos de los que da cuenta pudiendo causar perjuicios a terceros”.

En el petitorio, el fiscal solicita que se le quiten los fueros al intendente para poder someterlo a juicio. Sin embargo, fuentes judiciales destacaron que esto no sería necesario ya que la Corte sentó jurisprudencia tras el caso del ex intendente de Luján, Luis Carral, que fue enjuiciado sin necesidad de quitarle los fueros, ya que la Justicia determinó que los intendentes no tienen fueros. Sin embargo, las mismas fuentes suponen que Martearena realizó el pedido para hacerlo lo más formal posible y que no se le pase ningún detalle.
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