Posibilidad de demandas por los índices de inflación manipulados

El diario La Nación de hoy, en su sección economía expone la posibilidad de que bonistas, inversores tanto nacionales como del exterior, así como empleados públicos y jubilados (recibieron los títulos por la quita de haberes de 2000 o por mala liquidación de la pensión) y víctimas de las dictaduras (resarcidos por los crímenes sufridos), demanden al estado por los datos de la inflación que fueran alterados el verano pasado.

Nadie puede negar que el gobierno de Néstor Kirchner sufrió el verano pasado una importante crisis de confianza, cuando los propios empleados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) denunciaron el irregular manejo de la información sobre el precio de ciertos productos que derivan luego en el índice de inflación. Lo hicieron al dejar filtrar borradores sobre la malversación de los datos a partir del mes de enero de 2007, al que se atribuye ser el primero de una serie de irregularidades del organismo de gobierno.

El matutino nacional menciona que en ese momento fuentes oficiales del Indec desestimaron los borradores que empleados del INDEC entregaron a este medio, agumentando  "que personas con conocimientos de informática podrían haberlo armado y economistas podrían haber recalculado los números". También adujeron que podría ser obra de empleados del Indec disconformes porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había levantado unos días atrás  la huelga de un mes y medio después de llegar a un acuerdo con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para crear una comisión que revisará la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor (IPC).

Entonces la adulteración de los datos se volvió evidente. Por ejemplo se dio a conocer que la inflación de julio fue del 0,5 por ciento, cuando asociaciones de consumidores detectaron subas récord en precios de frutas y verduras, y advirtieron sobre alzas en medicamentos.
A manera de ejemplos: las frutas y verduras llegaron a aumentar durante julio mas de un 100 por ciento, los medicamentos más utilizados para tratar enfermedades durante el invierno (como antigripales y broncodilatadores) registraron alzas entre 5 y 10 por ciento, los lácteos un 6 por ciento y hasta las harinas hasta el 20 por ciento.

Fuentes oficiales del Indec dudaron de la veracidad del estos borradores porque afirmaron que personas con conocimientos de informática podrían haberlo armado y economistas podrían haber recalculado los números. También adujeron que podría ser obra de empleados del Indec disconformes porque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) levantó anteayer la huelga de un mes y medio después de llegar a un acuerdo con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para crear una comisión que revisará la metodología de cálculo del índice de precios al consumidor (IPC).

Un breve repaso de la crisis

En su momento los técnicos del IPC -área del organismo estadístico que mide la inflación- dieron a conocer una denuncia que presentaron a la Secretaría de la dirección a través de una carta dirigida a Ana María Edwin, la nueva directora del organismo que reemplazó a Alejandro Barrios a fines de julio. Entre tanto los empleados comprueban que no pueden ingresar al sistema informático ni a la redA partir de la denuncia los empleados sufrieron todo tipo de represalias como descuentos de componentes no remunerativos de los sueldos, descuentos ilegales de salario por “inasistencia”, incumplimento de compromisos contractuales y cancelación de viajes de trabajo.

Además denunciaron la presencia de personal policial uniformado, y diversos custodios no identificados. Como parte de la crisis que se venía profundizando desde que el organismo fue intervenido por el gobierno en enero de este año, renuncia el director de la Dirección de Condiciones de Vida del INDEC. Luis Fara había sido designado en el cargo por la ex ministra de economía Felisa Miceli y tenía también a su cargo la dirección de la Encuesta Permanente de Hogares. El funcionario renunciante, que se desempeñaba en forma "transitoria" en su cargo, había asumido el 10 de julio de 2007, por un decreto, para reemplazar a Cynthia Pok, quien fuera dejada cesante al objetar las mediciones del IPC, base para determinar los niveles de indigencia y pobreza, tarea que estaba a cargo de su área.

Ante toda esta situación, y como si fuera una broma, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, declaró que "jurídicamente es un desastre" el dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli en el que se denuncia irregularidades en la confección del Indice de Precios y apunta al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y a la funcionaria encargada del índice de precios, Beatriz Paglieri.
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16 de diciembre de 2017 | 19:40
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