Deportes

Los clubes sociales y deportivos sin fines de lucro a punto de no poder ser embargados

Lo establece un proyecto de ley aprobado hoy por la Cámara de Diputados para hacer extensiva a todas las entidades de ese tipo la medida contemplada en la vigente norma Nº6.858, que determina la inembargabilidad y la inejecutabilidad de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a clubes de fútbol que estén destinados a fines deportivos y recreativos. La propuesta fue presentada por el presidente del bloque de diputados FPV-PJ, Gustavo Arenas, para proteger también a instituciones barriales, sociales y deportivas que atienden “necesidades fundamentales de la comunidad” en toda Mendoza.

La Cámara de Diputados dio media sanción hoy a un proyecto de ley para hacer extensiva a todas las entidades sociales y deportivas sin fines de lucro de Mendoza la actual legislación que determina que no se pueden embargar ni ejecutar los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a clubes de fútbol que estén destinados a fines deportivos y recreativos.
 
Se trata de un proyecto presentado por el presidente del bloque de diputados FPV-PJ, Gustavo Arenas, que modifica la norma Nº6.858 para que los beneficios de inembargabilidad e inejecutabilidad de que gozan las entidades futbolísticas también alcancen a los clubes barriales, sociales y deportivos en general.
 
La medida contempla en sus fundamentos el hecho de que estos tipos de entidades intermedias “contribuyen a que un mayor número de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad cuenten con más oportunidades de acceder a actividades deportivas, culturales y recreativas, brindándoles la posibilidad de adquirir hábitos saludables para su bienestar físico y mental”.
 
También aclara que, para adquirir ese derecho, esas instituciones deben estar inscriptas regularmente en las direcciones de Personas Jurídicas y de Deportes de la Provincia.
 
Más oportunidades de inclusión
 
El diputado Gustavo Arenas argumenta también en el proyecto aprobado por la Cámara Baja que, si bien “la ley Nº6.858 significó un valioso aporte para los clubes de fútbol”, no sólo éstos son los ámbitos “que cumplen relevantes funciones sociales y deportivas, atendiendo a necesidades fundamentales de la comunidad”.
 
En ese sentido, considera que “limitar la protección de esta norma sólo a los clubes de fútbol implica una desigualdad inadmisible respecto de otras instituciones que cumplen funciones sociales sin fines de lucro, no menos valiosas, y que también necesitan contar con ese beneficio”.
 
La percepción de esa situación está basada en que “los clubes sociales y deportivos contribuyen a que un mayor número de niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad cuenten con más oportunidades de acceder a actividades deportivas, culturales y recreativas, brindándoles la posibilidad de adquirir hábitos saludables para su bienestar físico y mental”.
 
Al respecto, el titular del bloque de diputados justicialistas local expresó que “estas instituciones posibilitan la inclusión social a través de la educación, del trabajo, y del uso positivo de tiempo libre en actividades deportivas, recreativas y culturales”, en contraposición con “medidas represivas que refuerzan la segregación y la exclusión social de los niños y adolescentes” que se proponen en diversas oportunidades “frente a situaciones de inequidad, marginalidad y falta de oportunidades” que padecen algunos de ellos.
 
El deporte como transmisor de valores
 
Además, el legislador refleja en los fundamentos de la iniciativa que “la desigualdad, la marginación, la falta de oportunidades, la ausencia de espacios adecuados de socialización y la fragmentación social constituyen factores de riesgo para los sectores más vulnerables”, mientras que “la pobreza expresa una profunda desigualdad en las oportunidades de desarrollo”.
 
Por otro lado, determina que “el deporte social es un poderoso agente de transmisión de valores, como la cooperación, la solidaridad, el compartir, el grupo de amigos, el respeto por el compañero y por el adversario”.
 
Y agrega que “también es una actividad generadora de situaciones de inclusión, un ámbito propicio para el desarrollo social, sin discriminación de edad, sexo, condición física, social o cultural”, así como “un medio útil para mejorar la salud y una herramienta vital para reducir los riesgos y las amenazas sociales, en particular, los efectos marginantes de la pobreza”.
 
Rol protector del Estado
 
Asimismo, la pertinencia del proyecto de ley se basa en que “actualmente existen clubes barriales que están transitando angustiantes situaciones institucionales que ponen en riesgo su continuidad, con la posibilidad de dejar a una innumerable cantidad de vecinos sin el espacio de contención donde desarrollar sus actividades”.
 
De esta manera, el diputado Gustavo Arenas entiende que  “el Estado debe arbitrar todos los medios que estén a su alcance a los fines de evitar esta grave pérdida social y cultural para nuestra comunidad, protegiendo a estas instituciones sin atar sus destinos a buenas o malas administraciones”.
 
Finalmente, el legislador recuerda que “la Ley N°26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 2° que la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad”.
 
Incluso remarca que la norma establece que “los derechos y las garantías que la ley consagra son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles”.
 
Finalmente asevera que “el artículo 20° fija que los organismos del Estado, con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, los niños y los adolescentes a la recreación, el esparcimiento, los juegos recreativos y los deportes”.
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26 de septiembre de 2017 | 10:57
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