Una original cárcel dentro de Bolivia

Ocupa una céntrica manzana de la Ciudad de La Paz, la capital de Bolivia. En su interior los presos tienen que pagar para alquilar o comprar sus celdas. Muchos viven con sus familias. Sólo siete vigilantes controlan a los 1.700 reclusos.

La cárcel de San Pedro comparte pocos rasgos con otros centros penitenciarios del mundo. Hospeda alrededor de 1.700 reclusos, que tienen que pagar el "derecho" de ingreso en la prisión y, además, costearse su vida en el penal. Compran o alquilan una celda, muchas veces compartida con su propia familia, puesto que niños y mujeres pueden acompañar al preso en su nueva condición existencial.

Los gobiernos anteriores al actual de Evo Morales no han invertido dinero en las instituciones penitenciarias del país. Eso ha generado una suerte de autogestión de los presos que, respondiendo a la carencia y a la necesidad, han transformado a su gusto las infraestructuras del penal a la espera de que los vientos de cambio del presidente lleguen también al mundo carcelario.

A esta "carcel", entran sólo las visitas de los presos, los representantes católicos y evangélicos de instituciones religiosas y los trabajadores sociales pagados por el Estado o por ONGs, publica un informe especial realizado por el diario español El Mundo.

Todos aseguran que nadie maltrata a mujeres y niños porque es una norma tácita y consensuada por la comunidad de presos y se cumple de manera mucho más rigurosa que las leyes de la justicia boliviana. Los hijos viven con sus padres y la familia queda unida, compartiendo las alegrías y miserias del encarcelamiento.

También, tienen asumido que el órgano de vigilancia del Estado controla y se lucra con el flujo de droga, alcohol y visitas a los presos. De hecho, los familiares, los amigos o las prostitutas que quieren entrar en la cárcel obtienen el permiso si pagan su cuota de acceso y presentan su carné de identidad boliviano. La entrada es gratuita en los días establecidos para la visita, pero siempre cuidando que no haya un comercio "ilícito" de estupefacientes y alcohol, sustancias que son la mayor fuente de ingresos de los jefes y funcionarios corruptos de las cárceles.

El hacinamiento de la cárcel se agrava con la posibilidad de que a los familiares se les permita residir en su interior y la superpoblación genera una verdadera compra venta  o alquiler de las celdas. Todos conviven con todos, pero las posibilidades económicas de cada recluso marcan las diferencias que luego repercutirán en la distribución de los ambientes y tareas cotidianas.
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24 de noviembre de 2017 | 09:46
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