La Inspección de Seguridad citó a los chilenos perseguidos por la policía

Esto sucede luego de que la Justicia imputara a 11 efectivos implicados en un posible caso de apremios ilegales contra 4 ciudadanos chilenos.
El presidente de la IGS, Félix Pesce, sostuvo que los ciudadanos chilenos -que todavía permanecen en la provincia- han sido citados a través del consulado para que mañana se presenten y hagan la denuncia.

Las repercusiones por la decisión de la Justicia de imputar a 11 efectivos policiales implicados en la posible comisión del delito de apremios ilegales a cuatro comerciantes chilenos no se hicieron esperar. Félix Pesce, presidente de la IGS, indicó que desde el órgano de control se comunicaron ni bien tomaron conocimiento de la imputación con el consulado de Chile con la intención de que los diplomáticos contacten a las víctimas.

“Los hemos citado para mañana a la mañana, para que se presenten a declarar y así podamos avanzar en la investigación. Nosotros ya hemos iniciado la causa de oficio, pero sería un buen avance que se presenten”, indicó el justicialista, quien sostuvo que ya los habían citado aún antes de conocerse la imputación y que hoy la reiteraron.

Con respecto a posibles sanciones provisorias, Pesce sostuvo que esto no corresponde a la IGS, sino que es el propio Ministerio de Seguridad el que debe decidir si los pasa a disponibilidad o no.

“Lo que sí podemos hacer desde la IGS es pedir una suspensión por 30 días, si detectamos que entorpecen la investigación”, sentenció.

Las imputaciones y las diferentes versiones

El fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio decidió imputar a los efectivos  a raíz del confuso episodio ocurrido el 28 de marzo pasado en el que estuvieron involucrados cuatro comerciantes trasandinos.

La decisión de Gutiérrez del Barrio, recayó sobre los funcionarios policiales Marcos Flores, Camila Viveros, Marcelo García, Marcos Aguilera, Susana Rodríguez, Ariel Yanzón, Rubén Pelaitay, José Villagra, Félix Sevilla, Rodolfo Ríos y Ariel Centeno, quienes participaron del operativo que, según la versión policial original, se había tratado de un tiroteo entre efectivos y presuntos delincuentes del país trasandino.

En primera instancia, la policía de Mendoza relató que, como en otro de los tantos procedimientos de rutina que realizan, durante la madrugada de ese día un móvil y efectivos del grupo Parque se encontraban justamente en el interior del espacio verde patrullando y revisando los vehículos. Cerca de las 4.10, los uniformados ordenaron a un Subaru color azul –chapa XV 2073, oriundo de Chile- a que se detenga, orden que los ocupantes del vehículo pasaron por alto y emprendieron la huída.

Ese fue el comienzo de la persecución, siempre según la misma versión, con el móvil siguiéndolo de cerca por algunas calles capitalinas y varios refuerzos que se habían ido sumando a la acción.

Así fue que el Subaru y los móviles llegaron a la zona del Barrio Cívico y el vehículo trasandino ingresó a la guardia de la Casa de Gobierno, al tiempo que comenzaron a disparar contra los móviles que los seguían.

El Subaru salió de la zona y tomó por Pedro Molina en contramano, y continuó la escapatoria. Sin embargo, a la altura de la calle La Pampa –del barrio Bombal- dos móviles policiales se cruzaron en la calle para cortarle el paso, lo que derivó en que los delincuentes colisionaran contra los efectivos y así llegara a su fin la persecución.

Esa misma noche, José Luis Campos Fuentes (23), Marcelo Hernán Millahual Vargas (35), Cristian Eugenio Lillo Guerrero (33) y Nabor Cortez Silva (28) –los ocupantes del Subaru- quedaron detenidos a disposición de la Unidad Fiscal de Capital.

Sin embargo, tras permanecer 35 horas encerrados –una vez que recuperaron la libertad- los comerciantes chilenos denunciaron que todo había sido una puesta en escena y que, en realidad, ellos habían venido a la provincia para “pasear y hacerse algunas cirugías” y que, en el mencionado episodio, habían sido víctimas de un caso de abuso policial, que había incluido robo.

A raíz de esta denuncia de la sustracción de pertenencias que estaban en el interior del Subaru -lo que constituiría prima facie la posible comisión del delito de Hurto Agravado-, se elevó compulsa a la Justicia.

Los comerciantes debieron pagar una fianza de 3.000 pesos para poder recuperar la libertad, pero ni bien salieron ya comenzaron a idear su estrategia para recibir un resarcimiento económico por parte del Estado, contra quien iniciaron acciones legales, por los daños en su vehículo y los objetos que le robaron, además del “daño moral”.
Opiniones (2)
17 de agosto de 2017 | 02:01
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17 de agosto de 2017 | 02:01
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  1. En vez de defender a los que nos cuidan, imputamos a 11 policias que hicieron lo que correspondia, porque yo no me trago que cuatro tipos venian en un auto, tranquilos y por ir de contramano sin darse cuenta la policia los detuvo, es mas cualquiera hubiese notado las sirenas de la policia, lo que si me parece que paso es que estos chilenos vienen aca y piensan que esto es un viva la pepa y que pueden hacer lo que se les canta y se encontraron que no es tan asi. La verdad que damos lastima como sociedad.
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  2. Cualquiera que haya viajado a Chile sabe como se respetan las señales de transito. Me llama mucho la atencion que esta gente no se haya dado cuenta que lo perseguia la policia,es mas facil decir que los atacaron sin razon,que no se dieron cuenta que todas las calles las tomaban en contramano,por otro lado y oh casualidad su auto practicamente era de carrera,no seria que venian a jugar picadas por dinero. Seguramente si hubieran corrido una picada y ocurria una desgracia,estariamos diciendo que la policia no sirve para nada. Por ultimo si esto fuese alreves los argentinos todavia estarian presos en Chile.
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