Nuevo plazo para que cesanteados en la Dictadura presenten documentación

Los empleados estatales que fueron despedidos durante la Dictadura por razones políticas, tendrán un nuevo plazo para presentar los requisitos necesarios para lograr el resarcimiento económico de 30 mil pesos otorgados por el Gobierno. El año pasado, el presupuesto no alcanzó a cubrir la demanda inesperada que reclamó el subsidio.

En los dos primeros años de la última dictadura militar, muchos empleados que trabajaban en el gobierno y en las distintas municipalidades fueron cesanteados por los decretos 93 y 177, que facultaban al Ejecutivo a realizar despidos por razones ideológicas, es decir, porque los empleados participaban en actividades gremiales o porque se los acusaba de participar acciones terroristas –y en este caso, también implicaba la detención-.

 En 2006, un proyecto en la Legislatura se propuso establecer un resarcimiento económico de $30 mil pesos para el personal de la administración central que fue despedido bajo estos decretos.

Sin embargo, tras la aprobación de la ley 7496, el gobierno se encontró con un problema: las personas que se presentaron superaron el cálculo inicial y los más de 1000 empleados estatales no podían ser subsidiados en su totalidad ya que el presupuesto aprobado era de 6 millones de pesos. Es decir, sólo había plata para 200 de ellos.

Ahora, la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley para extender por 30 días el plazo para cumplimentar la documentación para acceder a los beneficios de la ley 7496.

“En este caso, ampliamos el tiempo para presentar la documentación porque el año pasado hubo gente que no pudo presentarse ni pudo presentar los requisitos solicitados por la ley 7496”, aclaró el diputado justicialista Carlos Ciurca, autor del proyecto.

El proyecto establece que los interesados deberán acreditar fehacientemente, la causa justificada por la cual no pudieron tramitar el beneficio dentro del plazo establecido originalmente por la ley. También se incluye a todos los agentes que hubiesen cumplimentado los requisitos en forma extemporánea.

“Calculo que no son más de diez o veinte personas las que se encuentran en esta situación”, estimó Ciurca, consultado sobre aquellos empleados que no habían podido acreditar las pruebas necesarias y que, en este caso, sí estarían contemplados. “La voluntad política es que se acepten los casos de renuncia por motivos políticos”, agregó el legislador.

“El año pasado se presentó gente que dijo haber sido echada por extorsión y en ese caso hay un vacío legal, donde los legisladores tenemos que sentarnos a discutir con el ministro de Gobierno, Juan Marchena”, explicó Ciurca, e inmediatamente agregó que “el miedo es que se presente gente que, en realidad, haya renunciado por no querer seguir trabajando y por eso se fue sola, sin motivación política”.

“El proyecto tiene media sanción de la cámara y la idea es que se pueda tratar rápido en el Senado, para que se apruebe en Mayo y se promulgue en Junio”, finalizó Ciurca.
Además, a pedido del diputado concertador Andrés Marín se autorizó al Ejecutivo a reformular las partidas presupuestarias necesarias para viabilizar los
pagos a que diera lugar.

Una gestión tortuosa

Una de las personas que no pudo cobrar el subsidio el año pasado fue David Blanco, echado del Banco de Mendoza y, posteriormente, preso político en la dictadura. Al respecto, Blanco aseguró que “el año pasado empezamos a reunirnos con los legisladores, para pedirles que ampliaran el plazo porque esta ley había salido a las apuradas y no tomaba en cuenta las contemplaciones que debía tomar”.

“Por ejemplo, no se había tenido en cuenta que en los municipios también había cesanteados y eso acrecentó el número de reclamos”, explicó el actor.

“Además, a quienes hemos ido presos, no nos han pagado. En mi caso, a pesar de haber cumplimentado con la documentación, se aducía que no teníamos el decreto”, recordó Blanco. “Sucede que, en el caso de los bancarios, esto pasaba porque los directorios eran autónomos y producían los despidos bajo la ley vigente”, agregó.  

“En aquel tiempo, hubo gente que la obligaron a renunciar y eso es difícil de probar”, aseguró quien en otras épocas fue dirigente de la Asociación de Actores. “Fue tortuoso realizar la gestión, porque teníamos que llevar testigos para probar que habíamos estado detenidos”.
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