La crisis desató broncas contenidas

El anuncio de las subas a las retenciones, terminó siendo la gota que colmó el vaso de la paciencia del sector agrícola.Y esto pasó,  a pesar de que el nuevo sistema impuesto por el ministerio de Economía tiene muchas más ventajas  que el modelo anterior.

Después de 15 días de paro y dos discursos presidenciales, se agudiza el desabastecimiento de productos básicos. Si los productores no actúan con inteligencia pueden perder el apoyo social inicial y meterse en confrontaciones de consecuencias imprevisibles.

La decisión del gobierno nacional de aumentar las retenciones a las exportaciones de soja resultaron ser la gota que colmó el vaso de la paciencia del sector agrícola, que se lanzó en una escalada de protestas inéditas en los últimos tiempos.

Hay que recordar que, en ocasión de anteriores decisiones similares, también los sectores del campo tomaron medidas de fuerza, como no mandar animales a los mercados o suspender ventas de granos, pero nunca se habían tomado medidas de tanta duración ni con interrupción de rutas que dificultaran el abastecimiento de la población.

Es más, el sistema actual tiene muchas más ventajas que los anteriores, porque ahora se trata de retenciones móviles, mientras antes eran fijas y no respetaban la evolución de los precios. Se podrá discutir la cuantía de las retenciones, pero el sistema ahora es más previsible y automático.

Además, en el último decreto se bajaron las retenciones al maíz y al trigo y solo se aumentaron a la soja y al girasol. Sin embargo, las rebajas no fueron festejadas y la subas fueron la válvula de escape para sacar a la superficie viejas broncas contenidas.

El gobierno argumenta que los precios récord de los granos generan ganancias extraordinarias y que las retenciones son una forma redistributiva de esas ganancias extras, pero esta es una verdad a medias. Las retenciones son un eslabón más de una larga cadena de distorsiones que –con la misma excusa- se vienen imponiendo desde que asumió Néstor Kirchner hasta la fecha.

La primera fue la moneda devaluada, que empobreció a la mayoría de los argentinos para darles competitividad a los empresarios, entre ellos los del campo. Las otras tienen que ver con las retenciones al petróleo y los combustibles, que permiten tener gasoil o naftas a la mitad del precio internacional.

Esta distorsión ha beneficiado  a las clases medias y altas que compran autos cero kilómetros, nacionales e importados, para que anden con combustibles regalados, pero trajo como consecuencia una paralización de la prospección y las inversiones. Ahora, para conseguir combustibles, los productores deben ir al mercado negro, donde lo compran a precio internacional. Además, hay que importar porque la producción nacional ya no alcanza.

La segunda distorsión ha sido la inflación, que fue expresamente generada por el gobierno. Primero, porque la moneda devaluada termina haciendo que importemos inflación. Pero además, generó un mercado cerrado para que las empresas optimicen sus ingresos y deriven sus ganancias a otras inversiones, como inmuebles o sigan sacando plata del país sin reinvertir.

Para corregir estas distorsiones, el gobierno apeló a nuevas distorsiones. Intentó congelar precios de productos que crecían por efecto de las anteriores deformaciones, y le puso retenciones a las exportaciones de leche y carne y, además a los granos. Como la medida no resultaba efectiva, prohibió exportar leche y carnes.

Frente a estas medidas y el alto precio de los granos, que subían en el mundo  por la demanda de alimentos y de biocombustibles, muchos ganaderos y tamberos se pasaron a los granos, También, los frigoríficos, perjudicados en su rentabilidad, vendieron sus empresas. Hoy el 90% de las exportaciones de carnes argentinas las hacen frigoríficos comprados por empresas brasileras.

Pero los granos seguían subiendo, y el gobierno aumentaba cada vez más las retenciones y comenzaron los problemas. Los productores de pollos y cerdos ya no conseguían maíz barato y el gobierno les dio subsidio. Los molinos se quejaban del alto precio del trigo y el gobierno les dio subsidios. Los panaderos también se quejaban, pero no consiguieron nada por carecer de fuerza para presionar.

Las empresas agrícolas y las industriales se quejaban del precio de los combustibles y el gobierno congeló sus precios. Para ello,  La Nación les congeló a las provincias el valor de su petróleo a un precio igual al 40% del precio internacional, aumentó las retenciones y se queda con 50% sin hacer  ni arriesgar nada.

A pesar de todo esto, la inflación creció porque con estas distorsiones nadie quería invertir más, mientras la demanda aumentaba. Como la economía está protegida y no se puede importar, la mayor demanda corrigió por precios hacia arriba.

La inflación desatada por el gobierno terminó consumiendo la ventaja del tipo de cambio alto. Hoy están ante un problema porque las empresas les piden más devaluación del dólar en un momento en que la moneda norteamericana se devalúa en el mundo.

En economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias

Hoy la crisis del campo estalló y con ciertos visos de irracionalidad que, por momentos, superó a los propios dirigentes. La presidenta dio un discurso el martes que en lugar de tranquilizar, crispó más los ánimos y casi se llega al desborde. Después de varias gestiones ayer hubo otro discurso más conciliador que muchos grupos no aceptaron. Ahora serán los dirigentes los que deban convencer a sus bases para que revean las medidas.

Es que lo que al principio resultó simpático, ya está molestando. Cuando los ciudadanos, de cualquier clase social, no puede comprar alimentos básicos porque hay desabastecimiento, la situación cambia y las posibilidades de enfrentamientos sociales están cada vez más cerca. Deberán ser los dirigentes los que calmen los ánimos.

De todos modos, el esquema de retenciones deberá ser revisado, porque no hay un solo campo ni un mismo productor. Pero además, los gobernadores deberán pelear para que se coparticipen estas retenciones ya que, si tienen carácter redistributivo, lo mejor es que los mandatarios provinciales cuenten con esos recursos para atender directamente sus problemas y así evitar que sean utilizados como elemento de chantaje político. En este caso, a Mendoza le podrían corresponder, solo por las retenciones de granos, unos 300 millones de pesos anuales, una cifra con la que se pueden hacer muchos ejercicios de esa clase.
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18 de octubre de 2017 | 11:36
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