La Provincia se liberaría de un juicio millonario

Es porque la mayor accionista de Obras Sanitarias denunció a la provincia ante el Banco Mundial. Si se llega al acuerdo, se desestimaría la demanda por 600 millones de pesos pero la tarifa de agua para los usuarios se incrementaría en un 19,7%.

La provincia fue denunciada ante un organismo del Banco Mundial por la empresa Saur Internacional. Esta compañía demandó a la Provincia y a la Nación por daños y perjuicios, ante supuesto incumplimiento de contrato.

Luego de que se conociera que el gobierno de Tucumán fue demandado por la compañía Vivendi y gracias a la intervencion de la CIADI deberá pagar 105 millones de pesos en concepto de daños, más intereses y costas, en Mendoza el tema fue retomado por el gobierno.

 

El ministro de Obras Públicas Francisco Morandini aseguró que la accionista de Obras Sanitarias ya presentó la renuncia a la demanda por escrito ante la CIADI, pero que está sujeta a la aprobación de la carta en la Legislatura. De lo contrario, la denuncia sigue en pie.

 

La semana que viene comenzaría el proceso de audiencia pública, el cual tiene un lapso de 30 días y luego de eso, la carta estaría lista para ser aprobada en la Legislatura.

 

A partir de entonces, la demanda no tendría efecto, pero las tarifas del servicio de agua subirán un 19,7% para todos los usuarios de Obras Sanitarias.

 

La provincia de Mendoza fue denunciada ante un organismo del Banco Mundial por la empresa Saur Internacional por daños y perjuicios.

 

Todo comenzó en abril de este año cuando el grupo francés Saur International, principal accionista de Obras Sanitarias Mendoza (OSM), anunció su decisión de retirarse del negocio del agua potable de la provincia, luego de haber introducido en agosto del 2002 la denuncia ante la CIADI.

 

Para que la empresa francesa no se retirara del mercado, el gobierno provincial comenzó una negociación para que además Saur retirara la denuncia de 600 millones de pesos ante el Banco Mundial.

 

Cinco años después de que Mendoza fuera denunciada, el gobierno terminó de renegociar con la empresa esta denuncia y acordaron firmar una carta de entendimiento en la que ambas partes saldrían beneficiadas.

 

Francisco Morandini, aseguró ya se acordó una carta de entendimiento con la empresa. Pero esto implica el tema de las tarifas para los usuarios, que “tendrá un aumento de 19,7% para que la empresa pueda seguir trabajando de acuerdo a las exigencias del mercado”.

 

Este pedido de aumento fue acordado en diciembre del 2006, pero para que el aumento sea posible y que sea pagado por el usuario, tiene que ser tratado en una audiencia pública y después, debe ser aprobado por la Legislatura.

 

El ministro de Obras Públicas aclaró que este acuerdo no ha sido enviado antes a la Legislatura porque en este momento está en Fiscalía de Estado y en Tesorería de Gobierno, quienes le están dando el marco legal a la carta de entendimiento.

 

Al mismo tiempo afirma que la CIADI está al tanto de que Saur Internacional retiraría la denuncia, por lo que están esperando que se apruebe la carta.

 

“Esta carta de entendimiento es un acuerdo donde nosotros le dábamos a cambio de la renuncia de la denuncia, entre ellas el aumento tarifario, exigencia de inversiones, canon de concesión, la garantía y otras más”, afirmó Morandini.

 

Esto implica que la provincia no exigirá una compensación económica por falta de inversiones en el orden de 48 millones de pesos, pero sí lo hará por 11 millones de pesos al año en obras de infraestructura. Además la empresa deberá ajustar su rentabilidad al 6%.

 

Los antecedentes de la CIADI

 

La CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), es una institución del Grupo del Banco Mundial, especialmente diseñada para propiciar la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Una de sus finalidades es dotar a la comunidad internacional con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales.

 

Pero este propósito es criticado ampliamente por muchos, quienes aseguran que el organismo es un arma de las corporaciones para atentar contra la comunidad y a favor de las empresas que no respetan ni contratos ni a la sociedad.

 

Defiende posturas empresariales poco éticas, que sólo buscan el lucro y el beneficio propio, para luego refugiarse en los mecanismos que le brinda la CIADI.

 

Argentina ya ha recibido dos sanciones de este organismo.

 

La primera fue cuando el Estado tendría que pagarle a la compañía norteamericana LG&E la suma de 57,4 millones de dólares (el reclamo había sido por 268 millones de dólares) aunque el gobierno tiene cuatro meses para presentar la apelación.

 

La segunda sanción fue contra Tucumán y a favor de la compañía Vivendi, especialmente su filial Compañía de Aguas del Aconquija en concepto de daños, más intereses y costas. A esta empresa en 1997 se le fue rescindido el contrato.

 

Ahora, la CIADI le obliga al gobierno tucumano a pagar 105 millones de dólares como indemnización a una empresa francesa que prestó servicios de agua potable en esa provincia.

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