El derecho a la información pública

A pesar de ser un derecho contemplado por la Constitución Nacional, en la administración pública provincial el tema es desconocido. Todos los gobiernos prometieron impulsar un proyecto de ley, pero quedaron cajoneados. Ejemplos de la monopolización de datos.

Salvo aquellos datos que estén vinculados con cuestiones estratégicas de la defensa nacional o que tengan que ver con garantizar la seguridad interna, cualquier ciudadano argentino tiene derecho a acceder a la información surgida en los diferentes estamentos estatales.

En este sentido, Mendoza se encuentra varios escalones por debajo de la tendencia nacional. No sólo no cuenta con una ley provincial que reglamente el acceso a la información, sino que sus funcionarios desconocen el valor de este derecho contemplado en los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional; artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

No se trata de un mero capricho. Al contrario: es la manera de defender las instituciones democráticas. Es transparentar las actividades del gobierno. Porque, si no es secreto, debe ser público. En este sentido, sólo algunos departamentos de Mendoza cuentan con ordenanzas acorde con este derecho. A nivel provincial, tanto esta gestión como las que la antecedieron han olvidado el tema en los cajones de las Legislaturas. Existen proyectos de ley, pero todos duermen en el olvido.

Es el único modo que un ciudadano tipo tiene para poder pedir una "rendición de cuentas" y conocer los pormenores de la administración que lo representa.

En nuestra provincia hay dos organismos que se caracterizan por monopolizar el manejo de la información pública y por dar a conocer sólo aquello datos que políticamente resultan rentables para sus funciones: uno es el Ministerio de Seguridad y el otro es la Procuración General de la Corte. En ambos casos, por la función de cada entidad, la manipulación de datos termina siendo aún más comprometida, porque tiene que ver con información referida a la situación provincial con respecto a la seguridad.

No son datos estratégicos, sino que están relacionados con la cantidad de hechos delictivos que ocurren y son denunciados en Mendoza.

Tanto el procurador de la Corte, Rodolfo González, como el coordinador de los fiscales, Ramiro Salinas, anunciaron, cuando se puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal (diciembre de 2005), un sistema informático por el cual se podría acceder al resumen de todas las denuncias ingresadas a las oficinas fiscales. Sería público y se informarían los hechos, dónde fueron cometidos y a qué hora; nada que violara el secreto sumario de la causa judicial o que pusiera en juego el éxito de una investigación.

Pero el sistema informático se quedó en una promesa. Sólo es accesible para funcionarios judiciales que cuentan con nombre de usuario y una clave de seguridad suministrada por González, Salinas y quienes habitan los despachos de la Procuración.

Y del mismo modo en que se negaron a hacer pública la información, giraron instrucciones para que ningún auxiliar de las Oficinas Fiscales tome contacto con los medios de comunicación. Entre esas instrucciones figura una advertencia que indica que, quien no cumpla con esta pauta, será pasible de sanciones.

Seguridad, sin datos

El ministro de Seguridad, Juan Carlos Aguinaga, declaró ayer que se encargará personalmente de que exista un acceso directo a la información que se origine en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO 911), ya que, actualmente, de allí sólo surgen novedades de hecho que, en su mayoría, son esclarecidos por la policía o terminan con los autores detenidos. Los impunes, en los que casi nunca hay pruebas ni sospechosos, parecen perderse en los archivos del cuestionado sistema de comunicación “Tetra”.

El propio Aguinaga reconoció que los datos de su cartera no son confiables. Por eso impulsó un proyecto de ley para establecer un nuevo patrón para registrar estadísticas delictivas. Y aclaró que, como consecuencia de esta realidad, hoy por hoy no se pueden hacer comparaciones para saber si el delito subió o bajó.

En diciembre del año pasado, MDZ hizo un pedido formal de acceso a la información, patrocinado por la Asociación de Derechos Civiles (ADC). El pedido era preciso y requería datos que deberían estar disponibles al público. La respuesta llegó casi un mes más tarde y con errores. Se suministró una información que no tenía nada que ver con la solicitada, pero con un agravante: una funcionaria del Ministerio sugirió: “la próxima vez, no hace falta que presenten una nota. Me dicen a mí y yo se las consigo; total, nos conocemos”.

El acceso a la información no puede estar vinculado con la confianza que puede existir entre un funcionario y un periodista. Debe estar disponible para cualquier persona, sin necesidad de que presente o justifique algún interés predeterminado. De eso se trata, porque, de lo contrario, sólo se podrán conseguir aquellos datos que no perjudiquen a los gobiernos de turno.

Una muestra de ello ocurrió en enero en la oficina de Prensa de Gobernación. Luego de consultar sobre qué normativa reglamentaba el uso de los autos oficiales, alguien, con cara de desesperado, ingresó al salón y advirtió: “tengan cuidado que están haciendo averiguaciones sobre el uso de los autos. No vayan a decir nada”.

Ponderar este derecho implica tener un gobierno de puertas abiertas. Un desafío que garantiza confiabilidad, pero que no todos están dispuestos a enfrentar.

Opiniones (6)
22 de septiembre de 2017 | 02:26
7
ERROR
22 de septiembre de 2017 | 02:26
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. No me quedo con la simple necesidad periodística de obtener información. Ya la tecnología nos permite acceder en tiempo real al trabajo de nuestros Representantes, entonces yo me pregunto ¿por qué negarse a que los veamos on line?. Si nuestros empleados públicos y nuestros Representantes son asalariados, y además están decidiendo sobre nuestras vidas y fortunas, ¿no les parece que como empleadores tenemos el derecho de tener a nuestros empleados controlados todo el tiempo?. Creo que les asusta la verdad y la reacción popular ante esa verdad porque creen que no estamos preparados para procesar la información, sin pensar que ellos también tienen información parcializada de "toda la realidad" y, además, no están completamente capacitados para tomar decisiones sin saber qué piensa o cómo va a reaccionar la gente ante sus decisiones, por ejemplo. Miremos también la negativa a poner en práctica el juicio por jurados que está en nuestra Constitución desde 1853. Menosprecian la capacidad intelectual del pueblo. El cambio tecnológico y social es grandísimo y la necesidad del pueblo supera enormemente la poca envergadura mental de nuestros dirigentes. Es una lástima que en Argentina no hayamos tenido ni tengamos una dirigencia con niveles intelectuales superiores al promedio, tal como supieron y saben tener países como USA, Inglaterra o Francia (más allá de lo que cada uno pensemos de esos países). A más de la apertura pública de todos los registros, propongo un Gran Hermano Político para tener controlado todo el tiempo el trabajo de los 3 Poderes (no sus intimidades por supuesto). Sólo se necesitan cámaras digitales IP colocadas en los despachos de todos los funcionarios, lo cual no es para nada caro y eso los obligaría a trabajar o renunciar. Ya no importan más nombres o trayectorias, sólo interesa la eficacia, productividad y beneficio público del trabajo de nuestros hombres públicos, valga la redundancia.
    6
  2. Le digo al periodista con cara de dibujo que no se vuelva loco, gracias a Dios todos somos efímeros y también los funcionarios, por lo que no se desespere la vara de la justicia siempre llega. Felicitaciones por el coraje de poner nombres.
    5
  3. Interesante el planteo del periodista, pero sumamente irrealizabel. Coincido con el hombre al que le robaron en la casa de computación y nadie le dio la cara. Por qué le darían información para perjudicarse?
    4
  4. Por fin un tema serio y no las pedorradas que opinan los otros autores pseudoprofesores que politicamente se ubican donde calienta el sol. MDZ delen más espacio a esta gente.
    3
  5. La nota me hace acordar a un artilugio usado en mis tiempos de infante cuando pocos en el barrio tenian baldozas en las veredas y era ideal para andar en patineta, cartines a rulemanes o patines. Cuando nos querian correr impulsabamos un grito democratico: "La vereda es pública"... pero si a la vecina le rompíamos los huevos, la cosa era sencilla, a escobazos nos corría... Con la información pasa lo mismo, solo que en vez de usar la escoba, la esconden y listo.
    2
  6. LAMENTABLEMENTE SIGUE EN COMISIONES DEL SENADO. Se trata de una decisión Politica que debe tomar el Poder Ejecutivo, pero lo que está claro que hay Legisladores que se preocuman de este tema y han trabajado para ello. Adjunto copia de la piera administrativa: Sumario Expte. Nro.: 0000047336 ________________________________________ Año: 2004 Cámara de Origen: S Acumulados: Autor: AHUMADA, ARTURO ENRIQUE Coautor: ZAPATA, CASSIA Tipo: LEY Bloque: JUSTICIALISTA Fecha Mesa Entradas: 19/04/2004 Estado Parlamentario: 27/04/2004 Despacho Nro.: 0000 Año: 0000 Periodo: Destino: REF. DEL ESTADO - LAC Destino Actual: RE Resolución Aprobación: Resolución Archivo: Expte. Revisora: 0000000000 Sanción: 0 ________________________________________ Sumario: DECLARANDO LA ADHESION AL DECRETO NACIONAL 1172/03 SOBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - AUDIENCIAS PUBLICAS, PUBLICIDAD DE LA GESTION, ELABORACION PARTICIPATIVA DE NORMAS, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA REUNIONES ABIERTAS DE ENTES REGULADORES DE SERVICIOS PUBLICOS, ACCESO A INTERNET - Expte. Nro.: 0000047336 H.HONORABLE CAMARA FUNDAMENTOS ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Es objetivo para la vida republicana y democrática, fortalecer las relaciones entre la Sociedad y el Estado Civil, con la idea de que estratégicamente, el fortalecimiento de esta alianza es necesaria e imprescindible para activar ,garantizar una democracia transparente , legítima eficiente y de la mayor participación. Si bien la Constitución Nacional garantiza la publicidad de los actos de Gobierno y el derecho a la información Pública mediante los Artículos 1°,33°, 41°, y concordantes del Capítulo Segundo,que establece nuevos derechos y garantías, del Art.,75, inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados Internacionales, es necesario explicitar acabadamente los mecanismos de participación e información. La Audiencia Publica habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones,en un proceso no vinculante ,pero requiere de la autoridad fundamentar sus desestimaciones. La Publicidad de la Gestión de Intereses,necesaria a los efectos de transparentar los encuentros entre los funcionarios y aquellos que representan intereses y de los que requieren información para proteger los suyos hace necesario la normativa, de forma participativa ,en particular a los Servicios, su regulación ,etc. Que existe una norma Nacional mediante en Decreto Nacional N° 1.172 / 2003 sobre ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. Que la misma esclara y extensible a los hámbitos Provinciales con las Reglamentación Provincial Particular que cada Provincia posea, vía Decreto Reglamentario,en particular a los nomencladores propios de cada Jurisdicción. Por todo ello consideramos adherir por Ley al mencionado Decreto Nacional y facultar al poder Ejecutivo Provincial a efectuar la Reglamentación pertinente en el espíritu de la norma aprobada. DANIEL CASSIA ARTURO ENRIQUE AHUMADA ALICIA ZAPATA SENADORES PROVINCIALESACCESO INFORMACIO PUBLICA LA.H.CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA SANCIONAN EL SIGUIENTE PROYECTO DE LEY Artículo 1°:Declárase la adhesión al Decreto Nacional N° 1.172 / 03 ,y su vigencia en la Provincia de Mendoza a partir de la sanción de la presente Ley. Artículo 2°:Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar, la Reglamentación pertinente al ámbito Provincial y conformre a los anexos que forman parte del citado decreto,en un plazo no mayor de sesenta(60)dis. Artículo 3°:De forma. DANIEL CASSIA ARTURO ENRIQUE AHUMADA ALICIA ZAPATA SENADORES PROVINCIALES
    1
En Imágenes
Finalistas del concurso 'El fotógrafo del año de la naturaleza salvaje'
20 de Septiembre de 2017
Finalistas del concurso 'El fotógrafo del año de la naturaleza salvaje'