La construcción de 15 barrios paralizada por falta de fondos: el IPV no ha sido una prioridad

El ex titular del organismo, Carmelo Simó, reconoció que hay una deuda con las empresas constructoras por barrios destinados a 500 familias de clase media, pero aseguró que los trabajos no deberían paralizarse. Simó admitió que el IPV no fue una prioridad para la pasada gestión.

La pelea de los adjudicatarios del barrio Plan 18 de Luzuriaga no es nueva. Desde hace años, buscan acelerar que el Instituto Provincial de la Vivienda comience la construcción de sus viviendas, que se encuentran paralizada desde hace tres meses porque el organismo no ha enviado los fondos correspondientes a las empresas constructoras.

El conflicto tiene un arrastre de varios años y administraciones. Se trata de un paquete de 15 barrios destinados a unas 500 familias de clase media cuya construcción fue determinada durante el gobierno de Julio Cobos, pero que Jaque decidió dar marcha atrás porque consideró que el gobernador radical había dispuesto ese paquete de barrios sin contar con los fondos para ello.

Finalmente, el entonces ministro de Infraestructura Francisco Pérez les dijo a los adjudicatarios -que venían pagando a las cooperativas en las que están asociados la cuota mensual desde el 2003- que había conseguido los fondos para comenzar la construcción de las viviendas, a partir de una reunión con el ministro de Economía Amado Boudou -ahora vicepresidente-. Pérez conseguía frenar así una marcha de protesta por parte de los cooperativistas debido a la demora para solucionar el problema.

En 2009, se llamó a licitación y los socios de la cooperativa Agua y Energía vieron cómo comenzaba a tomar forma material el sueño de la casa propio este año, con un plazo de finalización de 10 meses.

Pero los fondos volvieron a faltar desde setiembre de este año, según explicó Daniel Bernal -que participa de la Cooperativa Agua y Energía-, por lo que la construcción de -al menos- el barrio Plan 18 de Luzuriaga volvió a paralizarse. E incluso, añadió Bernal, la empresa tuvo que suspender a los trabajadors porque no tiene cómo soportar los costos.

Según Bernal, hasta enero de 2102 la constructora El Huerto -que lleva adelante la obra- tiene respaldo financiero para mantener la seguridad, "por lo que también corremos el riesgo de que nos usurpen las casas".

El ex titular del IPV, Carmelo Simó -que forma parte del directorio del mismo- reconoció que el IPV se encuentra en deuda con las empresas constructoras, ya que el organismo no ha podido abonar el 30 por ciento de los fondos que le tocan en parte -los recursos son aportados además por la Nación-.

"Lamentablemente, no nos han dado la partida presupuestaria. Los fondos están, pero sin imputar", añadió Simó. El antecesor de Omar Parisi acotó que "las obras no están paradas" y que, a pesar de la deuda que mantiene el IPV, ésto no es causal para que las constructoras no hayan seguido con las obras.

Simó aclaró que las casas que están contempladas en este plan para la clase media son más grandes que las que el organismo constructor financia habitualmente -de 44 metros2- y que, por ende, los costos son superiores.

La deuda global que el Instituto Provincial de la Vivienda mantiene con las empresas constructoras -por todos los planes que instrumenta el organismo- es de aproximadamente unos 10 millones.

La política de viviendas fue uno de los costados débiles de la era Jaque. Y no estuvo exenta de polémicas por la cifra concreta de viviendas, con contradicciones entre la Nación y la Provincia. Fue, por último, un caballito de batalla en las elecciones por parte de algunos candidatos, en base al elevado déficit habitacional que tiene Mendoza.

Ahora, una de las prioridades de Omar Parisi al frente del organismo es conseguir los recursos para planes destinados a la clase media, según explicó el ex intendente de Luján al momento de su asunción.

"El IPV no ha sido una prioridad", admitió Carmelo Simó, debido a la falta de recursos para la construcción de viviendas. 
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