Ley penal tributaria y contra el terrorismo

Luego de la sanción del paquete de leyes económicas, los senadores también convirtieron en ley otro conjunto de normas pedidas por el Ejecutivo sobre delitos económicos. La reforma al régimen Penal Tributario apunta a endurecer las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuáles se considera como delito a la evasión. La iniciativa fue aprobada esta madrugada por unanimidad, por lo que una vez que el Poder Ejecutivo la promulgue, entrará en vigencia


Luego de la sanción del paquete de leyes económicas, los senadores también convirtieron en ley otro conjunto de normas pedidas por el Ejecutivo sobre delitos económicos

La reforma al régimen Penal Tributario apunta a endurecer las penas contra los evasores y actualiza los montos a partir de los cuáles se considera como delito a la evasión.
 
La iniciativa fue aprobada esta madrugada por unanimidad, por lo que una vez que el Poder Ejecutivo la promulgue, entrará en vigencia.
 
La sanción de esta iniciativa para combatir la evasión fiscal fue solicitada por la presidente Cristina Kirchner en el marco de su discurso pronunciado el sábado 10 de diciembre, al asumir su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa.
 
Se trata de un proyecto que multiplica por 4 los montos a partir de los cuáles la evasión constituye un delito, al elevar esa cifra de 100.000 a 400.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual y establece penas de prisión de dos a seis años a los evasores.
 
Las penas serán de tres años y seis meses y hasta 9 años de prisión, cuando el monto evadido supere los 4 millones de pesos, intervengan personas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero sujeto y el monto supere los 800 mil pesos o bien cuando el evasor utilice facturas o documentos falsos.
 
La iniciativa prevé además la eliminación de la `probation` para los delitos penales tributarios y aduaneros e incorpora nuevas situaciones para la evasión agravada, entre otras cuestiones.
 
Esta iniciativa posibilitará además disminuir el flujo de nuevas causas en los juzgados con competencia en la materia y optimizar su gestión, mediante un previsible aumento de los casos resueltos con sentencia condenatoria, de acuerdo a los fundamentos de la norma.


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