Un área que requiere de políticas, en manos de Guillermo Elizalde

Guillermo Elizalde es el nuevo ministro que manejará la ayuda social, un área conflictiva y compleja. El panorama sigue siendo sombrío: unos 20 mil jóvenes que no estudian ni trabajan y se encuentran en riesgo social. Una Dinaf sacudida por escándalos y una política penal para jóvenes sin rehabilitación.

Las promesas para el área social fueron una de los puntales en la campaña de Francisco Pérez. Al gobernador le espera una tarea decisiva en la cartera que dirigió hasta hace poco su compañero de fórmula Carlos Ciurca. El diagnóstico de arranque es crítico: se estima que unos 20 mil jóvenes mendocinos no estudian ni trabajan y no se sabe qué es lo que hacen.

La gestión de Celso Jaque se preocupó por otorgarle una impronta distinta a la cartera social. Pero fue apenas un cambio de chapa: del tradicional sello de Desarrollo Social, se pasó al de Desarrollo Humano y Familia. Cuatro años después, Paco Pérez desanda ese camino: la cartera volverá a ser Desarrollo Social, lo cual puede verse como un retroceso.

El inicio de la gestión se caracterizó por una alianza estratégica con algunos referentes de la cara social de la Iglesia Católica mendocina, entre ellos dos ex curas, Nacho Hernández -que ocupó una subsecretaría-, Carlos "Flecha" García -jefe de gabinete de la por entonces ministra Silvia Ruggeri- y David Funes -que se hizo cargo de la Dinaf-.

Esta alianza estratégica parece haber sido fructífera para las organizaciones que dependen de la cúpula católica. Jaque mostró su predilección por el obispado de San Rafael, liderada por Eduardo María Taussig. Una investigación de MDZ, por caso, reveló que el Gobierno provincial otorgó más de 20 subsidios para ser destinados para comprar materiales para aulas o un playón deportivo, pero también para viajar a Roma o para comprar vehículos.

El comienzo no fue auspicioso. La Dinaf fue escenario de algunos pequeños escándalos protagonizados por el ex Pastoral Social, Funes, que determinaron su salida. A ello se le sumaron los constantes problemas con los proveedores de servicios de una institución que fue reducida -de la Dinaadyf a la Dinaf- pero que no le quitó rasgos elefantiásicos a la administración de lo social. La posta de Fúnes fue tomada por una mujer con una fuerte referencialidad en el siguiente ministro, Carlos Ciurca.

El mal estado de los hogares juveniles es uno de los desafíos que encontrará Guillermo Elizalde. En estas casas son alojados chicos judicializados. El caso más emblemático y triste que ofrece el Estado provincial en los hogares externos fue denunciado por ATE. En este contexto de precariedad falleció un niño producto de una enfermedad terminal. Si bien su salud ya estaba bastante deteriorada, el entorno social no favoreció su calidad de vida.

En el caso del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil -ex Cose o Correccional de Menores, para ser más referenciales- es un ejemplo de la falta de innovación en las políticas sociales, según la perspectiva de quien fuera su director durante varios años, Arturo Piracés. "Se ha privilegiado la seguridad, ya que no ha habido ninguna fuga. Y eso es tomado como un logro", cuestionó el psicólogo.

La seguridad como eje primordial en detrimento de las políticas de rehabilitación: "Se creo un equipo de medidas alternativas, pero sin recursos. Y las municipalidades tampoco han tenido recursos para trabajar la rehabilitación", completó Piracés. La última fuga de un hogar por parte de 12 chicos causó preocupación por las condiciones en las que se establece la rehabilitación.   

La titular de la Dinaf, Dora Martínez, reconoció las limitaciones de la cartera social ante la complejidad de los problemas sociales que tratan a diario en esa institución. El muro con el que se topó Martínez, tal vez mucho más alto que los que rodean al ex Cose, se refería a los cuatro niños que robaron y fueron detenidos en cuatro oportunidades, en lapso de días apenas. En ese momento, Martínez aclaró que -en febrero de 2011- unos 1.600 chicos alojados en hogares de la Dinaf no tienen dónde vivir.

Los reclamos laborales también estuvieron a la orden del día, tanto como los reclamos de proveedores. El sindicato que dirige Raquel Blas llevó la punta de lanza de las protestas. En algún momento, denunciaron el atraso en el pago del ítem de riesgo, un bonus que cobran debido a las características de la institución. Los cortes en el Corredor del Oeste como forma de protesta o las sentadas en el quinto piso de la Casa de Gobierno marcan la agenda de Elizalde al frente del ministerio.

La ayuda social también ha estado teñida del clientelismo político con las suspicacias propias de años electorales. Los fondos no se restringen solamente a la Provincia. La Nación también constituye una fuente de recursos y, de acuerdo a la afinidad política, el envío de la ayuda es más flexible que en otros casos.

Desde mediados de este año, una funcionaria vinculada a la ministra de Desarrollo de la Nación, Alicia Kirchner, es la que maneja esta caja. Se trata Marcela Ilacqua, esposa del sindicalista Gustavo Maure, y una referente de Colina Mendoza, la agrupación de Alicia K -cuya sede en Mendoza se ubica junto a la sede de la CTA kirchnerista. Como se ve, el manejo de los fondos va paralelo a la afinidad política. 

"No se ha cambiado ni se ha innovado en nada. Los índices no han mejorado, por el contrario, aumentó la mortalidad infantil", puntualizó el ex ministro de Desarrollo durante la gestión de Julio Cobos, Gustavo Pinto. "Con la ampliación de algunos subsidios, si no se generan otras alternativas, se reproduce el esquema", añadió. El ex ministro consideró que el próximo ministro tiene que estrechar más la relación entre las carteras de Desarrollo y de Educación. "No alcanza con una escuela inclusiva, hay que volver a una escuela formativa. La inclusión se tiene que dar por el deporte y la cultura", explicó.

La plataforma presentada para la cartera por la dupla promete triplicar los planes sociales en dos programas, "De la esquina a la escuela" y "De la esquina a la universidad". De acuerdo con la ministra de Desarrollo Humano saliente, Nidia Martini -que reemplazó a Ciurca cuando éste fue ungido candidato-, con el incremento de estos planes esperan poder dar una respuesta a los más de 20 mil jóvenes en situación de riesgo social en la provincia.

Estos datos han sido aportados por el Observatorio Laboral de la UNCuyo. El estudio también indica que más de 30 mil jóvenes en el rango de los 16 a los 25 años se sostienen en trabajos precarios y otros 10 mil están desocupados.

Por último, la adecuación de la ley nacional de discapacidad a la provincia exigirá un esfuerzo presupuestario por parte de los administradores de la cartera social, sobre todo, porque los valores que establece la norma recientemente aprobada -Carlos Ciurca decidió apoyarla finalmente, luego de su paso como ministro y en medio de la transición, luego de que la iniciativa fuera rechazada por años y años- son bastante más elevados que los montos que cubría la provincia.

Esta es la agenda que puede marcar el horizonte de Guillermo Elizalde al frente de Desarrollo Social.
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18 de octubre de 2017 | 10:18
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