El Gobierno anuló una compra controvertida

El Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación de un millonario contrato para instalar un "sistema de identificación balística automatizado" (conocido como IBIS) en el Registro Nacional de Armas (Renar); la adjudicación fue publicada hace una semana en el Boletín Oficial. El contrato por 14,8 millones de dólares, fue otorgado a RDS SA, empresa de suministros para fuerzas armadas y de seguridad, con la firma de, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak

Sólo una semana después de su publicación en el Boletín Oficial y transcurridas menos de 24 horas de una consulta de LA NACION, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la adjudicación de un millonario contrato para instalar un "sistema de identificación balística automatizado" (conocido como IBIS) en el Registro Nacional de Armas (Renar).

El contrato, por 14,8 millones de dólares, fue otorgado a RDS SA, empresa de suministros para fuerzas armadas y de seguridad, mediante la decisión administrativa 1253/ 20111, con la firma del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak. Pero ayer se adoptó la decisión de cancelarlo, después de que LA NACION preguntó en el Ministerio de Justicia sobre esa compra, según confirmaron cuatro fuentes oficiales y del sector de seguridad.

De manera oficial, la cartera que lidera Alak no dio explicaciones. Pero trascendió que ordenó dejarlo sin efecto por "economía de gastos". La Policía Federal ya tenía otro IBIS en marcha. Había sido adquirido a la misma empresa, por un monto seis veces más bajo, cinco meses antes, según se anunció en el Boletín Oficial con la firma de Fernández.

La polémica adjudicación tiene como protagonista al Renar, cuyo director, Andrés Meiszner, abogó para adquirir un "sistema de identificación balística automatizado" mediante la licitación pública 31

2011, en la que se terminó por declarar ganador a RDS, que debía proveer, instalar y poner en marcha el IBIS, y también capacitar al personal del Renar para su utilización.

En el "considerando" de la decisión administrativa 1253/2011 se consignó algo más: la imposibilidad de la Sigen de relevar "precios representativos de mercado" dadas la "especificidad" del contrato y "las particulares características de las prestaciones a ser brindadas".

Cinco meses y diez días antes, sin embargo, la misma empresa, RDS, había ganado otro contrato para proveer otro "sistema de identificación balística automatizada", pero para la Policía Federal, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Por eso la decisión administrativa 422/2011, que también se publicó en el Boletín Oficial, el 13 de junio, la firmaron Fernández y Nilda Garré. Pero por un monto casi seis veces más bajo: 2,7 millones de dólares (unos 11,3 millones de pesos al tipo de cambio de ese momento).

Un solo oferente

LA NACION intentó comunicarse anoche con RDS, pero no obtuvo respuesta, en tanto que los competidores de la empresa no cargaron contra la brecha en las cotizaciones entre ambas licitaciones, ya que reconocieron que el sistema IBIS para el Renar era mucho más "ambicioso" que el comprado para la Policía Federal. Pero también indicaron a LA NACION que en la licitación ahora revocada -aunque la contraorden aún no llegó, como la original, al Boletín Oficial- sólo se presentó RDS porque ninguna otra firma fue invitada.

"A la segunda [licitación] directamente no nos convocaron, pero la diferencia de precios tiene coherencia porque la primera [para la Policía Federal] sólo toma las huellas de las armas decomisadas, mientras que la segunda [la del Renar] abarca a todo el mercado de armas", indicó un competidor de RDS a LA NACION.

Desde el Ministerio de Justicia, en tanto, optaron por el silencio oficial. Sólo trascendió, 24 horas después de la consulta de LA NACION, que Alak habría ordenado cancelar la adjudicación por razones de "economía presupuestaria" y para evitar la imagen de "descoordinación" entre distintas áreas del Estado o de "despilfarro" de sus recursos.

Según esa versión oficiosa, Alak también habría ordenado "dar de baja" la licitación hace una semana -de lo que incluso habría informado a la Casa Rosada por escrito-, pero que la máquina burocrática siguió adelante hasta publicarlo en el Boletín Oficial. Más aún, que la decisión desde el Ministerio de Justicia fue dejar que la Policía Federal testeara la calidad del sistema IBIS proveído por RDS y sólo luego insistir con uno más ambicioso para el Renar, con más terminales de carga y más servidores, y un sentido más "registral" de las armas que "criminalístico".

Sin embargo, Meiszner, ex candidato a intendente en Quilmes y colaborador de Aníbal Fernández cuando éste ocupó el otrora Ministerio de Justicia y Seguridad, lleva más de un año interesado en adquirir un IBIS para el Renar, lo que era conocido puertas adentro del Gobierno, según reconstruyó LA NACION.

Meiszner explicitó incluso su interés por el IBIS durante una reunión que se celebró el 17 de marzo de este año, en la que participaron el fiscal federal y titular de la Unidad Fiscal de Delitos Cometidos en el Ambito de Actuación del Renar, Jorge Di Lello, y la número dos del Ministerio de Seguridad, Cristina Caamaño, entre otros. Así, ambos ministerios, Seguridad y Justicia, estaban al tanto desde hacía ocho meses del interés recíproco por el IBIS.


 Primer contrato. El 13 de junio, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, adjudicaron US$ 2,7 millones, para la Policía Federal.
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 Segundo contrato. El 23 de noviembre, Aníbal Fernández y el ministro de Justicia, Julio Alak, adjudicaron el segundo, por US$ 14,8 millones, para el Renar.
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