Ley de Discapacidad: aún no fue promulgada por Jaque

La ley fue aprobada por unanimidad y con festejos. Pero el Poder Ejecutivo aún no la promulga. El gobierno saliente le deja a Francisco Pérez la decisión sobre el futuro de esa norma, particularmente por la necesidad de financiamiento. Miran de reojo otros proyectos que también necesitan recursos

Pasó la euforia, la alegría por la aprobación de la ley. Pero Mendoza aún no está adherido formalmente a la ley nacional de discapacidad, porque el gobernador Celso Jaque aún no promulga la norma y todo indica que le dejará la resolución del tema al sucesor, Francisco Pérez, que asume la semana que viene  como jefe del Poder Ejecutivo.

El problema a resolver por Pérez y del cual Jaque no se quiere hacer cargo es el hecho de conseguir el financiamiento para garantizar la atención integral de las personas que tienen alguna discapacidad y no tienen obra social nacional y, en particular, a quienes son afiliados a la Obra Social de Empleados Públicos (Osep). Mientras, un gran grupo de las cerca de 150 mil personas que tienen alguna discapacidad y sus familias esperan, pues dependen de esa norma para tener una atención de salud mejor.

Diferencias de criterio

Aunque el principal argumento es económico, también hay un trasfondo poltico. En Casa de Gobierno chicanean por lo bajo a Pérez y particularmente a Carlos Ciurca, vicegobernador electo, por el protagonismo que tuvieron para que la ley sea aprobada, aún cuando había otra gestión en ejercicio. Y por eso justifican la demora en la promulgación, asegurando que "son Pérez y Ciurca los que tienen que buscar el financiamiento" para que se aplique la ley. La primera señal de lo que hará Pérez al respecto debería verse reflejado en el proyecto de ley de Presupuesto, que podría ingresar la próxima semana a la Cámara de Diputados. Allí deberían estar incluidas las partidas presupuestarias que la flamante ley indica.

La norma está reglamentada a  nivel nacional, pero la adecuación mendocina requiere algunos optimizar algunos detalles. Uno de ellos es la exigencia de que los jueces aporten a la Osep, algo que hasta ahora no ocurre y que, estiman, generará reacción de parte de algunos jueces. Además, a mediano plazo dependen de la Nación para que la provincia sea incluida en el reparto de fondos creados para compensar la inversión que requiere la aplicación de la ley.
Según aseguraron desde la Legislatura, la ley fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación ni bien fue aprobada. Pero en el cuarto piso de Casa de Gobierno no tenían órdenes de hacer efectiva la entrada en vigencia de la norma. "Vetarla no es una opción, no lo fue nunca. Pero tampoco promulgarla automáticamente. El gran problema es el financiamiento", explicó un funcionario cercano a Celso Jaque.

Mendoza era una de las provincias que no adhería a la ley nacional 24901 de prestaciones básicas y rehabilitación integral de las personas con discapacidad. Luego de años de lucha de las familias, el tema volvió a la agenda pública y, con la ayuda de un programa e TV nacional, la adhesión fue aprobada este mes.

Las diferencias de criterio entre uno y otro gobierno tienen que ver con que, en medio del calor del debate por la ley, fue el vicegobernador electo Carlos Ciurca quien se apropió del tema y anunció que Mendoza adheriría a la ley, contradiciendo en gran parte a las actuales autoridades. Una de las curiosidades que arroja ese contexto es que uno de los encargados de elaborar el presupuesto provincial del año que viene es Marcelo Costa, quien como jefe de la Osep se oponía a la adhesión lisa y llana por los problemas para conseguir financiamiento.

Otras preocupaciones

Esa ley no es la única que siguen de cerca en el futuro Gobierno. En la Legislatura hay otras iniciativas que apuntan a comprometer recursos a futuro y que hacen sacar cuentas. Una de ellas es el proyecto para otorgar una pensión vitalicia a los ex presos políticos de Mendoza. Esa iniciativa ya tiene el visto bueno de Diputados y espera por ser tratada en el Senado.

Más allá de los fundamentos, hay un dato que preocupa a quienes manejan las cuentas. La norma prevé otorgar una pensión de por vida a cualquier persona que haya sido detenida por motivos políticos durante la dictadura. No se sabe bien el número, pero la cantidad no bajaría de los 450. Y, aclaran, sería como ingresar de golpe esa cantidad de empleados públicos, pues el proyecto prevé otorgar un sueldo similar al del ingreso a la administración pública.
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