Posible daño institucional a Irrigación; análisis a fondo

Una investigación está en marcha sobre un organismo fundamental dentro del llamado gobierno del agua. Más alla de la objeciones contra el titular de Irrigación, que el Jury de Enjuiciamiento esta semana decidirá su futuro, hay un caso de posible daño institucional que puede agravar mas la situación.

El problema es más complejo de lo que se supone. La crisis desatada en el Departamento General de Irrigación (DGI) sobrepasa la figura del jaqueado titular Eduardo Frigerio. Alegóricamente es como si las aguas subterráneas se agigataran bajo los zapatos del titular del DGI. Hay una historia semioculta entre los expedientes administrativos del añoso órgano rector del agua de Mendoza.

Para graficar lo que está pasando, se podría decir sin temor a fallar que casi simultáneamente, cuando el Jury de Enjuiciamiento decida si juzga a Frigerio por mal desempeño en sus funciones, avanzará una investigación soterrada que busca aclarar si desde julio del año pasado todo lo que se hizo en el DGI es legal.

Concretamente está en marcha una investigación de la Fiscalía de Estado por una denuncia de la actividad del llamado Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación. Las irregularidades fueron advertidas por el abogado Miguel Mathus Escorihuela en órgano extra poder y no apunta sólo a la acción de Frigerio.

El caso a estudiar es la vida institucional del DGI desde julio de 2010 hasta la actualidad. Todo se inició cuando relevaron del cargo de secretario del HTA al histórico Enrique Di Filippo que ejerció esa función durante 20 años. Quien quedó a cargo es el jefe del Departamento Juridico de la DGI el abogado Mauricio Pinto. Ese cambio parece ser el comienzo de una serie de situaciones que dejaron al organismo legislador de Irrigación en situación de crisis. 

El punto está en cómo sesionó el Tribunal Administrativo desde ese entonces porque de los cinco consejeros que constituyen este cuerpo se fueron yendo en este periodo de tiempo hasta quedar reducido a sólo dos miembros lo que hace imposible su funcionamiento.

Entre otras responsabilidades, el HTA decide la autorización de los actos administrativos de Irrigación. La reducción del número de integrantes se debe a que fueron cumpliendo los periodos de cada uno de los consejeros y no se han reemplazado como lo define la ley misma. Eso ha generado que el organismo haya sesionado con cuatro consejeros y luego con tres hasta quedar reducido a un binomio que ya ni siquiera se convocan. La cuestión es por qué el secretario del Tribunal habilitó, aparentemente, las sesiones sin el quórum necesario.

La tensión ha subido en Irrigación por el avance la averiguación de la Fiscalía de Estado. Fuentes del organismo contralor que conduce Joaquín de Rosas confirmaron que el viernes llegaron a la sede del DGI cuatro notificaciones requiriendo información histórica del funcionamiento del Tribunal Administrativo y dos citaciones para el secretario Pinto y el asesor letrado quienes deben presentarse a declarar el martes próximo en la Fiscalía de Estado. Lo mismos informantes oficiales corroboraron que están buscando indicios de ilegalidad en el funcionamiento del Cuerpo, porque de ser así, podrían ser declaradas nulas todas las decisiones adoptadas desde julio del año pasado.

La situación es compleja y pone los músculos tensos a los funcionarios involucrados y se da al mismo tiempo con la polemica sobre la continuidad de Frigerio, más allá de la resolución del Jury que puede salvarlo a través de los votos, pero no lo eximirán del escarnio político del que ya es objeto. El asunto es que si la Fiscalía de Estado no logra probar que el HTA puede funcionar con menos miembros entonces quedará bajo la lupa cada una de las resoluciones de Irrigación desde hace casi un año y medio. Es una cuestión formal pero también de fondo porque no se entiende bien por qué no se nombraron a nuevos consejeros a medida que producían las vacantes. Es decir por qué Frigerio no le requirió al gobernador Celso Jaque que nominara a los consejeros para mantener el quórum establecido por la ley.

La clave está en cómo funciona

El DGI es un organismo de origen constitucional creado por el artículo 188 de la Carta Magna de la Provincia. Está regido por dos leyes fundamentalmente: la Ley General de Aguas y la Ley 322, que reglamenta a la primera.

Esta legislación instituye la figura del Superintendente de Irrigación, como máxima autoridad del Agua. Es el titular del Ejecutivo de Irrigación. Su periodo de gobierno, establecido por ley, dura cinco años. Es designado por el Gobernador de la Provincia por decreto, previa audiencia pública y aprobación del pliego en el sesión de acuerdo del Senado.

La Constitución crea también el Honorable Consejo de Apelaciones, conformado por cinco consejeros representantes de cada río: Mendoza, Tunuyán Inferior, Tunuyán Superior, Diamante y Atuel; son elegidos de la misma forma que el Superintendente por idéntico período de actuación. Este Cuerpo entiende en grado de apelación todos los recursos que se interponen contra las resoluciones que dicta la Superintendencia, y es la última instancia administrativa dentro del DGI. Luego para apelar esas resoluciones sólo queda la alternativa judicial a través de la APA (Acción Procesal Administrativa), en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Pero la Ley 322 sancionada en 1905, también creó el Honorable Tribunal Administrativo conformado por los cinco consejeros más el Superintendente. Los temas sobre los que legisla y resuelve son: Presupuesto, Personal, Inspecciones de Cauce (nombramiento y remoción de autoridades de Cauce), aprobación de presupuestos y rendiciones de cuentas de las Inspecciones de Cauce. Tiene la facultad de reglamentar leyes que atañen al agua en todos sus usos. También puede hacer caducar concesiones legales sin uso, y entiende sobre todos los temas presupuestarios, esto significa que puede imponer multas o quitarlas, y puede hacer lo mismo con los juicios por apremio. Otorga y caduca concesiones de agua subterráneas puede suspender en sus funciones al Superintendente entre otras facultades.

El Superintendente General otorga permisos para perforación, administra los empadronamientos, realiza los pliegos licitatorios para obras, y en general todas las facultades propias de un ejecutivo. De él dependen los Subdelegados de Aguas, que son una especie de "superintendente local" en cada cuenca: Mendoza, Tunuyán Inferior, Tunuyán Superior, Diamante, Atuel y la llamada Zona de Riego de Malargüe.

Por la descripción anterior se nota el poder institucional que tiene el HTA por encima incluso del mismo Superintendente capaz hasta de acusarlo y suspenderlo.

¿Cómo hizo entonces Irrigación para dictar resoluciones si en el último tiempo no sesionó el Tribunal Administrativo? La explicación la anticipan los observadores desde la misma Fiscalía de Estado. Frigerio dictó normativas at referendum del HTA.

Sobre ese esquema es que se asienta el llamado "gobierno del agua" y por el cual MDZ ha fijado su posición a favor de que se le posibilite al gobernador entrante Paco Pérez a que refunde esa administración dada la crisis en que está sumido.

Por lo tanto desde lo político no será suficiente con la salida de Frigerio sino será necesario también reconstituir este órgano desmembrado que hace las veces de contralor del Superintendente.

Otro "detalle" pone a Frigerio en medio de la escena

Mientras todo esto ocurre dentro de las objeciones contra Frigerio en el Jury de Enjuiciamiento es la no intervención de Irrigación con su opinión en la renegociación de los contratos petroleros. Se sabe que el DGI hizo un descargo frente a los legisladores opositores donde explicó que realizó todos los pasos legales ante el Gobierno de la Provincia sobre el asunto. Pero ahora se ha sumado un nuevo elemento que podría reforzar el cuestionamiento contra el mismo Frigerio en este tópico.

Puntualmente se trata del uso del agua con destino a la industria petrolera. El 1 de agosto de 2011, el Gobierno emitió el decreto 1864 y fue publicado dos días después por el cual, en lugar de reglamentar el artículo 24 de la Ley provincial de Hidrocarburos volvió a adherirse al marco regulatorio nacional que fija el Decreto Nacional 861 de 1996 (que reglamenta las relaciones entre las petroleras con los superficiarios).

Este elemento legal en vez de alejarlo a Frigerio de la responsabilidad de intervenir en el proceso de renegociación de los contratos petroleros lo termina complicando porque el artículo 9 del decreto nacional dice textualmente: "Cuando por las condiciones hidrogeológicas e hidrometereológicas del lugar, la existencia de agua, a juicio de la autoridad provincial competente, resulte crítica, las petroleras no podrán extraerla o hacer uso de ella para sus necesidades industriales". Se deduce entences que esta adhesión de Mendoza al decreto nacional vuelve a comprometer a Frigerio dado que fue él mismo quien promovió este año la emergencia hídrica en la Provincia.
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18 de diciembre de 2017 | 19:34
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