La mayoría de las condenas se negocian sin juicio

El año pasado el 80% de las sentencias de la Justicia Nacional Penal se dictaron tras lograrse un acuerdo entre las partes, en un “juicio abreviado”. Sus defensores afirman que este tipo de prácticas evitan un colapso, pero sus críticos señalan que viola garantías. Según estadísticas de la Procuración General dela Nación, ocho de cada 10 sentencias dictadas el año pasado por los tribunales penales nacionales se resolvieron sin debate oral y sin escuchar a ningún testigo

No todo es como se ve en las películas. En Estados Unidos son muy pocos los casos que llegan a los cinematográficos juicios por jurados: apenas el 1,5%. La inmensa mayoría se resuelve antes, a puertas cerradas entre los fiscales y los defensores, que pactan una pena. Y en Argentina pasa más o menos lo mismo.
 
Según estadísticas dela Procuración Generaldela Nación, ocho de cada 10 sentencias dictadas el año pasado por los tribunales penales nacionales se resolvieron sin debate oral y sin escuchar a ningún testigo, a través de la figura del “juicio penal abreviado”.
 
Este sistema está creciendo en forma constante: en 1998, cuando cumplió un año, la proporción de “tratos” apenas llegaba al 30%. Mientras que entre 2007 y 2010 se dictaron una enorme cantidad de sentencias penales mediante este mecanismo: 10.615.
 
De acuerdo a los números dela Procuración(de la que dependen los fiscales), si se suman los tribunales penales ordinarios, federales y penales económicos, entre 2007 y 2010 se dictaron 20.560 sentencias. Y el 69% de ellas (14.236) fueron con juicio penal abreviado.
 
El sistema existe desde 1997 y el Código Procesal Penal dela Nación (que rige en Capital y en juzgados federales del interior) le permite a los acusados hacer una negociación para evitar el juicio. A cambio de declararse culpables, acuerdan con la fiscalía una pena menor a la que potencialmente podría corresponderles de ser condenados en un debate oral.
 
Claro que todo tiene sus límites: es necesario que los jueces convaliden este acuerdo y, por lo menos en el caso dela Justicia Nacional (la Justicia bonaerense maneja otra escala) la pena impuesta en el abreviado no puede superar los seis años; no se puede negociar la “calificación legal” y tampoco puede aplicarse a delitos para los cuales la ley fija un mínimo de pena igual o mayor a esos seis años (homicidio simple y secuestro con cobro de rescate, por ejemplo, quedan afuera). Como requisito extra, todos los acusados de la causa tienen que estar de acuerdo en tomar este camino.
 
“El ‘abreviado’ tiene sus pro y sus contras, pero en definitiva es indispensable para que no colapsen los tribunales. Porque si no se aplicara, muchas causas prescribirían. Otra ventaja es que así la fiscalía se asegura una condena, y si hay varios imputados asegura la condena para todos porque tiene que haber conformidad de todos”, le explicó al diario Clarín Adrián Marchisio, secretario General de Coordinación Institucional de la Procuración.
 
Si bien el juicio penal abreviado es cosa de todos los días en la Justicia, hay magistrados  que se oponen. Fernando Niño –integrante del Tribunal Oral en lo Penal N° 20– es uno de ellos, y según cuenta sólo lo acompaña en esta postura su colega Héctor Magariños, del Tribunal Oral N° 23.
 
Decir ‘juicio abreviado’ es un eufemismo, porque eso no es un juicio. El artículo 18 dela Constitución Nacionalgarantiza que nadie sea condenado sin un juicio previo, y eso implica un proceso donde hay acusación, defensa, prueba y sentencia. El ‘abreviado’ es una cosa muy distinta, es un acuerdo, un pacto”, sostiene Niño. Y agrega que en la práctica “personas que llevan años con prisión preventiva sin fecha de debate en vista son presionadas para firmar un ‘abreviado’ (y declararse culpables) con el anzuelo de que así, como ya cumplieron mucho tiempo presos, podrán salir en libertad condicional pronto”.
 
Periódicamente, también alguna causa hace resurgir la polémica. Un ejemplo es el caso del psicólogo Jorge Corsi, involucrado en el abuso sexual de un chico de 13 años.
 
Su detención fue un escándalo, porque era una autoridad reconocida en el tema de abuso sexual infantil. Pero ahora está esperando que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 acepte un discreto “abreviado”, declarándose culpable a cambio de una pena de tres años.
 
Por su parte el peruano Marco Antonio Estrada Gonzáles, alias “Marcos” y señalado como líder narco de la villa 1-11-14 del Bajo Flores, aguarda que el Tribunal Oral Federal N° 3 acepte el “abreviado” que pactó con la fiscalía en seis años de prisión, una pena con la cual quedaría muy cerca de la libertad condicional.
 
Sin embrago, la negociación ya fue rechazada el año pasado por el Tribunal N° 6, que no estuvo de acuerdo en la calificación que se le había impuesto. Aunque de acuerdo a la ley si el Tribunal N° 3 también se lo rechaza, “Marcos” puede volver a intentarlo una y otra vez.


www.infobae.com
Opiniones (1)
23 de agosto de 2017 | 11:13
2
ERROR
23 de agosto de 2017 | 11:13
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
  1. Y el registro de pedófilos?
    con la justicia no se puede contar para proteger a los niños
    1
En Imágenes
Incidentes en la movilización de la CGT.
23 de Agosto de 2017
Incidentes en la movilización de la CGT.