El Estado será querellante en una causa por asesinados en el Proceso

Diego Lavado y Pablo Salinas -subsecretario de Justicia y coordinador de Derechos Humanos- se presentaron este mediodía ante el juez federal Walter Bento para constituirse como querellantes en la causa en la que se investiga el secuestro y asesinato de dos jóvenes en 1975 y 1976.

El subsecretario de Justicia, Diego Lavado, y el coordinador de DDHH, Pablo Salinas se presentaron hoy en el despacho del juez Walter Bento para constituirse –en nombre del Estado- como querellantes en la causa donde se investiga el secuestro y asesinato de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar, ocurridos en los años 1975 y 1976, respectivamente, durante la última dictadura militar.

Es la primera vez que el Estado se constituye como querellante en una causa referida a delitos de lesa humanidad, y esto significa que la Provincia podrá aportar y presentar pruebas a la investigación. 

"Mendoza es la segunda provincia del país que se constituye en querellante en este tipo de causas, después de Buenos Aires", indicó Salinas a la salida del despacho de Bento. Asimismo destacó que la presentación se hace para acompañar al periodista y director del documental “7746 Legajo Conadep” , Rodrigo Sepúlveda, quien el martes se presentó ante la Justicia Federal denunciando que un testigo clave de la causa cambió sospechosamente su declaración porque ha sido amenazado de muerte. "Nos constituímos al ver que hay una vida en peligro y que esto ha originado que el testigo cambie su declaración", acotó Salinas. 

En tanto, según trascendió, hoy la Justicia Federal podría confirmar los procesamientos para el ex suboficial de la Policía Federa, Carmelo Cirella, Marcelo León, Rodolfo Cardello y José Luis Mirotta, quienes se encuentran detenidos. 

Las últimas novedades de la causa

El martes, Sepúlveda fue citado por la Justicia Federal, donde declaró por más de tres horas.

En su declaración, Sepúlveda denunció que “el ex suboficial de la Policía Federal, Carmelo Cirella Paredes, que había denunciado a varios efectivos de la Delegación Mendoza como responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de Isabel Perón y la última dictadura militar, sorpresivamente se desdijo”, cambiando su declaración ante la Justicia Federal de Mendoza.

De acuerdo a lo manifestado por el director del documental, el cambio sorpresivo de declaración se debe a que tanto Cirella –quien también participó de la represión ilegal- como su familia “están amenazados de muerte desde el mismo instante en el que las personas que denunció están presas”.

”Carmelo Cirella me contó sobre las amenazas en dos ocasiones en las que lo fui a visitar al pabellón judicial del Hospital Lagomaggiore.  En su desesperación me entregó una nota escrita de puño y letra dirigida al juez Federal Walter Bento el 4 de enero de 2008. En el escrito pide que ‘por razones de salud y seguridad personal’ se lo ‘traslade a la alcaldía de Tunuyán’”, sostuvo Sepúlveda, quien indicó que –de acuerdo a Cirella- el pedido también tiene como objetivo la posibilidad de estar más cerca de su familia para que puedan visitarlo en donde se encuentre detenido. “Él y su familia viven prácticamente en la indigencia”, aclaró Sepúlveda.

“Un mes más tarde de este pedido, por miedo a que lo mataran a él, a su mujer o a sus hijos, Carmelo Cirella cambió su declaración. Esto, curiosamente, a días de que la Cámara Federal de Mendoza se defina sobre los pedidos de excarcelación planteados por las personas que denunció y están detenidas -León, Cardello y Mirotta-. Cirella está atormentado. Es un ex suboficial de la Policía Federal que participó de la represión ilegal pero, a diferencia de sus denunciados, vive en la extrema pobreza. Después de su detención, su mujer y su hijo fueron amenazados de muerte en Tunuyán. Sin comprender la situación, su esposa cayó en un estado que derivó en una internación en un instituto psiquiátrico. Por esto, su cuñada debió hacerse cargo de sus hijos, sin contar con recursos para poder siquiera darles de comer. Soportando toda esta presión, el represor y testigo clave Carmelo Cirella Paredes cambió la declaración, aquella que dio por primera vez hace más de 23 años”, se explayó Sepúlveda en su declaración del martes pasado, explicando la precaria situación del testigo y su familia.

Con la vuelta de la democracia, Cirella denunció ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) y en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza, el accionar ilegal de los efectivos de la Policía Federal entre 1974 y 1977, en el que se destacan atentados con bombas, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, según las palabras del ex suboficial.

En los documentos que se conformaron con su declaración, Cirella dio detalles precisos del secuestro y asesinato de Víctor Romano Rivamar -ocurrido en abril de 1976- e incluso sostuvo que fue Oscar Fenocchio, jefe de la Delegación, quien lo ejecutó de un escopetazo por la espalda en un paraje de Papagallos. El propio Cirella se involucró en el crimen al confesar que él había sido el chofer de uno de los autos que usó la patota.

En su testimonio ante estos organismos, Cirella también dio detalles del secuestro y asesinato del estudiante peruano de periodismo, Amadeo Sánchez Andía ocurrido el 6 de junio de 1975. Sánchez Andía, quien estaba herido, fue "chupado" por una patota del Hospital Regional de San Martín y ejecutado en Canota de varios disparos.

Opiniones (7)
20 de agosto de 2017 | 13:45
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20 de agosto de 2017 | 13:45
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  1. Porqué, digo yo, tanta defensa de violadores, criminales, cobardes asesinos en este sitio???????? Acaso se creen piolas??????? O solo los guía el terror de enfrentar a la justicia? Aprendan del coraje de nuestras Madres de Plaza de Mayo, que ellas solitas hicieron retroceder a la dictadura, y con dignidad enfrenten su destino. Digan donde estan los cuerpos de los que mataron.... Arrepientánse de los crimenes aberrantes que cometieron... No manden a la gilada a escribir acá, mejor paguen a algún abogado defensor... Patéticos nazis del desierto, vuestro destino está junto a vuestros jefes del D2.
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  2. Adhiero a la opinión de Narvaez....A vos "Guillote" te pregunto: Te llevaron a alguien los "genocidas"? Y los delincuentes de hoy en día que no miden en golpear y matar a la gente sea de la edad que sea? Esos que son? Incomprendidos por la sociedad? Por favor!! Dejen de perder tiempo y dediquense a cuidar a la gente honrada que merece salir a la calle sin temor a caer en manos de un "genocida" inescrupuloso,amparado por los DDHH
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  3. Creo que los mendocinos sentimos que el Secretario de Justicia de la Provincia debería dedicarse a mejorar el sistema de justicia de la Provincia, crear y ejecutar proyectos para tener una justicia expedita y certera, pero resulta que solo se dedica el subsecretario y todo su personal a dedicarse a los juicios contra los acusados de crimenes en la época del proceso y el bienestar de los alojados en los servicios penitenciarios. Por favor Sr. Secretario de Justicia dedíquese para que tengamos un mejor servicio de justicia los mendocinos y no solamente a los reclamos del Polo Social o Polo Obrero. Por Dios hasta cuando tanta inutilidad!!!!!
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  4. Pobre tipo. se nota q avos no te llevaron a nadie esos genocidas. Carrera mar!
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  5. hasta cuando habra tanto tispos como pepe que consideran perfecto pedir justicia yq ue vayan a la carcel los asesinos de hoy pero toman como zurdo pedir carcel ante los genocidas de ayer... Pepe no te mueras nunca de esa forma seguiremos valorando la democracia cada vez que abras la boca o que escribas un comentario
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  6. BASTA DE TANTO ZURDAJE
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  7. Me parece una muy buena decisión la de avanzar en la busqueda de justicia, y que sea el Estado quien encabece esa medida. Ahora ¿ no es incoherente esta acción si se mantiene a sospechados de delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado?. Para ser consecuentes y ser creíbles hay que mantener una conducta, que no se logra teniendo funcionarios cercanos a esos hechos criminales. El abordaje del Estado también debe incluir la situación de Rico, y mas allá de la resolución judicial es necesaria una resolución política.
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