Irrigación no intervino en la negociación de áreas petroleras; complejo panorama para Frigerio

El ente rector del agua en Mendoza informó al Senado provincial por qué no participó en el proceso de prórroga de las áreas petroleras encaradas por el Gobierno. La argumentación está basada en la normativa vigente

El lunes 19, MDZ informó que, silenciosamente, se había sumado un nuevo caso contra el superintendente de Irrigación, Eduardo Frigerio, que está acusado ante el Juri de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño en su cargo, que tiene rango constitucional.

El caso, que ya forma parte del expediente que será analizado en noviembre por el organismo enjuiciador, se trata de la nula participación de Irrigación en el proceso de la renegociación de los contratos petroleros concretados por el Ejecutivo provincial con las empresas.

Lo que dice Irrigación en letra oficial

Una vez publicado el dato que parece complicar la situación del jefe del Departamento General de Irrigación (DGI), desde el entorno de Frigerio se hizo llegar el informe que él mismo envió a pedido a la Legislatura como respuesta a un requerimiento del Senado provincial.

De este modo, el 2 de mayo se confeccionó la respuesta del DGI donde puntualiza que "en consideración a lo establecido en la ley 7.526 del 19 de abril de 2006 y decreto 1.547 del 12 de julio de 2010, de la Provincia de Mendoza, no ha tenido participación al respecto".

Lo llamativo es que el escrito oficial remarca: "No obstante lo expuesto precedentemente, la Dirección de Policía del Agua viene realizando el seguimiento y control de la actividad petrolera en el ámbito de la Provincia de Mendoza, de conformidad a lo establecido en la Ley de Aguas, ley 6.044, ley 4.035 y 4.036, resolución 778/96 del Honorable Tribunal Administrativo y concordantes".

En esta explicación detallada, el DGI remarca que "debe atenderse que el artículo 12 de dicha ley 7.526 establece que pueden prorrogarse las concesiones petroleras siempre que el concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión, y de acuerdo a los artículos 25 y 33 de esa norma, es una obligación de los concesionarios cumplir las exigencias que debe controlar la autoridad del agua y dar estricto cumplimiento a la normativa provincial vigente cuyo control corresponde al Departamento General de Irrigación en materia de administración y preservación hídrica".

La nota formal es firmada por Walter Gómez, jefe del departamento Control de Contaminación, dependiente de la Dirección Policía del Agua.

La argumentación legal deja en claro que Irrigación, por ley, debería haber participado, pero por algún motivo no lo hizo.

El caso 4

A su vez, el llamado "caso 4", que integra la acusación contra Frigerio, postula que era necesaria la intervención de Irrigación por la Emergencia Hídrica de parte del gobernador Celso Jaque en octubre de 2010 mediante el decreto 2.379 . Allí, en los artículos 3, 4 y 5, Jaque puntualiza la necesidad de la participación del Departamento General de Irrigación cuando se habla de emergencia hídrica.

Este caso de la no intervención del DGI en la renegociación de las concesiones petroleras está relacionado con los "grandes volúmenes de agua" que requiere el proceso de extracción petrolera mediante el sistema de "recuperación secundaria" que tienen que utilizar las empresas en los yacimientos. O sea, el DGI debería haberse expedido ante esta idea de ocupar agua dulce para el proceso industrial de la extracción petrolera.
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