La pelea por la propiedad de Machu Picchu llegará a la Unesco

Las familias Abril y Zavaleta mantienen desde 2004 un litigio con el Estado peruano en el que reclaman la propiedad de las ruinas, en el caso de los Abril, y de 22.000 hectáreas de terreno que forma en la actualidad parte de los alrededores: el Parque Arqueológico Machu Picchu.

Las dos familias que reclaman al Estado peruano la propiedad de Machu Picchu y sus terrenos colindantes presentarán una denuncia ante la Unesco, dijo hoy a Efe el abogado, Fausto Salinas.

Esta denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura (Unesco) será por el presunto incumplimiento de la Convención de Patrimonio e Inmuebles, y busca que el organismo internacional llame la atención al Estado peruano por la demora en la resolución judicial del problema.

Según Salinas, dicha convención señala que el derecho del Estado sobre los bienes culturales, como Machu Picchu, no puede ir en perjuicio de la legislación nacional sobre patrimonio, lo que en su opinión apoya los derechos legales que sus clientes alegan que tienen desde el siglo XIX sobre los terrenos de la popular ciudadela inca.

"La Unesco debe saber eso, y de la misma forma que protesta ante el Estado cuando este no cuida adecuadamente Machu Picchu, también debería llamarle la atención sobre este tema", afirmó el abogado cuzqueño.

Las familias Abril y Zavaleta mantienen desde 2004 un litigio con el Estado peruano en el que reclaman la propiedad de las ruinas, en el caso de los Abril, y de 22.000 hectáreas de terreno que forma en la actualidad parte de los alrededores: el Parque Arqueológico Machu Picchu.

Según Salinas, los derechos de propiedad de esas tierras se encuentran registrados legalmente desde el siglo XIX, cuando se inició el registro de la propiedad en la zona, y desde 1944 están a la espera de que el Estado les pague por una expropiación cuyo procedimiento legal nunca se produjo.

En esa fecha, los Abril vendieron el fundo que incluía las ruinas y los terrenos a los Zavaleta, sin embargo, en el documento de venta se señala que los restos arqueológicos no son parte del contrato porque estaban en trámite de ser expropiados.

"En aquel momento el Estado dijo vamos a expropiar, pero nunca se realizó el proceso, y en Perú, como en la legislación internacional, si no se te expropia no pierdes la propiedad", afirmó Salinas.

Desde entonces, según el abogado, las dos familias han luchado por que ese derecho de propiedad les sea reconocido y que, si es necesaria una expropiación, que se realice de acuerdo a la ley.

El Estado, por su parte, defiende que las más de 32.000 hectáreas que comprenden el parque arqueológico son de su propiedad y señala una anotación que se encuentra en el registro público de Cuzco como prueba.

Salinas, sin embargo, argumentó que este registro no es válido, ya que fue realizado de mala manera en 1997 y que, posteriormente, se realizó una reclamación al registro de propiedad que fue favorable a los Zavaleta.

"Cada vez que sale este tema, el Estado sale con el papel, pero no muestra la otra cara del mismo con el proceso de rectificación que dice que no da derecho de propiedad de la tierra, sólo de los bienes culturales", afirmó el abogado.

La principal queja de Salinas, sin embargo, recae sobre la lentitud con la que se está realizando el proceso judicial, algo que en su opinión se debe "a un conjunto de maniobras dilatorias del Estado para prolongar el tema y evitar su solución"

La estrategia del Estado, según Salinas ha sido desde 2004 citar a altas autoridades, cuando el proceso es contra la Dirección Regional de Cultura de Cuzco, lo que incluye cada nuevo presidente del país y cada nuevo ministro de la cartera de Cultura.
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