"Priorizar la educación y reorientar los recursos para subsidios"

El Vicepresidente de la Nación en una columna, opina sobre educación y recursos

Durante décadas en nuestro país se pospuso la discusión sobre el financiamiento integral del sistema educativo. Para algunos, la educación era considerada un gasto y no una inversión. El argumento común, para evitar destinar mayores fondos, se basaba en que las sucesivas crisis económicas requerían soluciones inmediatas.

La educación no era un problema en el corto plazo, se dejaba para después, "podía esperar". Algunos sostenían que primero debíamos estar bien para poder invertir en educación, otros pensábamos que había que invertir en educación para estar mejor. Posponer la discusión sobre el financiamiento fue un error y no podemos repetirlo respecto a la calidad del sistema educativo argentino.

Durante la década pasada se pusieron en marcha una serie de normas positivas referidas a la implementación de un nuevo sistema, entre ellas, la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, la ley de Educación Técnica y la ley de Financiamiento Educativo. Los distintos niveles y modalidades educativas no requieren sólo modificaciones de nombre o de estructura, sino que precisan un cambio sustancial de:

a- Contenidos en los planes de estudio, para brindar una formación adecuada a los tiempos que transitamos.

b- Acciones determinadas y específicas, con el objeto de recuperar la calidad educativa, asegurar la permanencia y el aprendizaje de los alumnos y la incorporación de los que no están en el sistema. El financiamiento es un instrumento fundamental para lograrlos, no obstante es una condición necesaria pero no suficiente.

En el año 2005, el Congreso de la Nación aprobó la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo. Esta establecía un crecimiento progresivo de la inversión en Educación para el quinquenio 2006-2010, previendo llegar a una participación de la educación del 6 por ciento en el PBI.

Si bien se cumplió con lo proyectado en cuanto al monto de la inversión, no ocurrió lo mismo respecto de las metas planteadas. Entre ellas, el acceso a la jornada extendida del 30 por ciento de los alumnos de educación básica y la disminución de los altos índices de deserción escolar. Como aspectos positivos destacamos las mejoras en las condiciones laborales y salariales de los docentes, en la estructura edilicia -a través de la construcción de nuevas escuelas- y la incorporación de tecnología de la información, entre  otros avances. 

Vencidos los plazos establecidos por la Ley N° 26.075, aún está pendiente una nueva norma que los actualice, promueva una mayor inversión en el sector, revise el cumplimiento de los objetivos y amplíe los desafíos. 

En este orden, se podría fijar como meta para el 2015 alcanzar un 8 por ciento del PBI  en educación. Urge hacer más equitativa la participación en la inversión de Nación y provincias (actualmente el 60 por ciento recae en las provincias y el 40 por ciento en Nación) y además procurar compartir los esfuerzos para atender en forma conjunta la situación salarial, que hoy prácticamente está a cargo exclusivamente de las provincias.  

Es loable destacar que la inversión en educación en 2010 de Nación y provincias ascendió a 90.000 millones de pesos.  Si tenemos en cuenta que esta cifra es cercana al gasto en subsidios que el Estado Nacional afrontará en el 2011 (en el primer semestre el gasto en subsidios ha sido de 50.453 millones de pesos) una reorientación adecuada de los recursos, permitirá sin mayores inconvenientes cumplir la meta propuesta del 8 por ciento del PBI de inversión en educación.

Más allá de mejoras salariales, edilicias y de capacitación, la nueva ley debe buscar la mejora de la calidad educativa, procurando acciones destinadas a:

• Cumplir realmente con la obligatoriedad de la escolarización, desde los 5 años hasta la finalización de la secundaria. Para ello es necesario la creación de una Cédula Escolar Nacional (registro digitalizado) que brinde información sobre los alumnos que deberían estar en la escuela, desde el inicio del ciclo hasta la finalización del mismo, como así también la trayectoria escolar, su asistencia y rendimiento académico. Esto –más las acciones que surjan- permitirá asegurar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes.

• Incluir el 100 por ciento de la población de 5 años en el nivel inicial. A partir de la implementación de la Asignación Universal por Hijo, están dadas las condiciones para alcanzar esta meta; siempre y cuando se ejerza un seguimiento adecuado. 

• Efectivizar la incorporación progresiva de niños y niñas en  salas de 3 y 4 años, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad social.

• Universalizar la jornada extendida a nivel primario y secundario, priorizando el nivel primario y las zonas socialmente vulnerables.

• Asegurar la inclusión e igualdad de posibilidades educativas a alumnos con necesidades especiales, eliminando todo tipo de barreras, sean estas académicas o físicas.

• Organizar un sistema de evaluación que detecte las falencias y promueva acciones para superarlas y mejorar la enseñanza. 

• Fortalecer y modernizar la Educación Técnica e incrementar la inversión en las mismas.

• Poner en funcionamiento la carrera horizontal docente, que reconozca la tarea y mejore su condición, sin necesidad de abandonar el aula.

Debemos continuar con las medidas que arrojaron resultados positivos, rectificar aquellas que lo requieran, e innovar y poner en práctica otras que incidan en la mejora de la calidad educativa. El objetivo es lograr que todos los niños y adolescentes ingresen, permanezcan y aprendan en la escuela y por sobre todas las cosas, mejorar la calidad de la enseñanza.

La educación debe ser parte de las políticas de Estado que trasciendan gestiones. Es necesario establecer una nueva norma de financiamiento, con metas de inversión como la propuesta o con nuevas que surjan del consenso; obteniendo así una nueva Ley de Financiamiento Educativo, pero sujeta a pautas concretas que den una cobertura total  y de calidad a nuestros niños y adolescentes.
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