Puesta en escena para Promoción Industrial, sin daños laterales

Los senadores y diputados cumplieron como "un trámite" el debate y acordaron una tibia resolución apoyando el reclamo judicial de la Cámara de Comercio de San Rafael. Pedirán una audiencia de conciliación en la Corte.

Los senadores y diputados cumplieron como "un trámite" el debate y acordaron una tibia resolución apoyando el reclamo judicial de la Cámara de Comercio de San Rafael. Pedirán una audiencia de conciliación en la Corte. En el gobierno respiran aliviados porque no hubo cuestionamientos ni a ellos ni a la presidenta Cristina Fernández.

La Asamblea Legislativa convocada para discutir sobre la promoción industrial fue una especie de trámite administrativo sin contenido político. De hecho hubo más debate cuando se discutió la pertinencia o no de la convocatoria que dentro del recinto.

Los legisladores acordaron una resolución única en la que el que más festeja es el Gobierno provincial: no cuestionan al Poder Ejecutivo nacional y sólo le sugiere a la Corte de la Nación convocar a una audiencia conciliatoria entre las partes. En cambio, todo el peso y las esperanzas recaen sobre la demanda que los empresarios de la Cámara de Comercio de San Rafael, que son los únicos que sostienen en la Justicia el reclamo mendocino.

Como se ve, no hubo complicaciones políticas para el Gobierno. Pero por las dudas, los grupos afines “blindaron” la Legislatura por si hacía falta algún tipo de apoyo. Las bandejas fueron copadas por agrupaciones kirchneristas como La Cámpora y el MUP que primero repudiaron al vicegobernador Cristian Racconto y luego se mantuvieron expectantes.

Sin discusión

La Asamblea Legislativa, formada por todos los senadores y diputados,  fue convocada a pedido de la oposición para discutir una nueva estrategia política frente a la posibilidad de que los beneficios de la promoción industrial se extiendan para las provincias vecinas. El oficialismo se negaba al principio, pero luego cedió y dio aval para que se realizara. Y en el balance salió ganando. El debate duró apenas un poco más de una hora y sólo hubo algunas diferencias de estilo en la redacción del texto que ya habían acordado antes de sentarse en las bancas.

La resolución aprobada dispone “adherir en todas sus partes a las acciones desplegadas por la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael”. Además dicen que  verían  "con agrado” que la Corte nacional convoque a una audiencia de conciliación entre las partes, invitando para ello a autoridades del gobierno provincial. Pero en ningún lado se menciona algún cuestionamiento al Gobierno nacional, autor del decreto 699, que generó el revuelo.

Incluso también se desistió de generar alguna iniciativa política propia. “Creo que se podría haber ido más allá y al menos ratificar la postura histórica de Mendoza contra la promoción industrial y también informar de esto al Gobierno nacional”, se quejó el diputado radical Raúl Vicchi, Ricardo Puga propuso iniciar gestiones políticas y pedir una audiencia a la presidenta Cristina Fernández, pero no lo tuvieron en cuenta.

“Ya le pegamos bastante”, se justificó un radical. La otra interpretación que hacen, pero no dicen en público, es que “ningunearon” al Gobierno de Jaque, pues todas las esperanzas recaen sobre las acciones de los empresarios. “La Cámara de Comercio está cumpliendo el rol del Fiscal de Estado”, aseguraron los radicales. “Dependemos de la Cámara de Comercio para defender a la provincia”, repitió el senador Juan Carlos Jaliff.
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