Denuncian estafa a ladrilleros por $ 60 mil mensuales

Un grupo de estafadores visitaba periódicamente a estos trabajadores exigiéndoles bajo amenazas el pago de un canon mensual. El hecho delicitivo fue puesto en conocimiento por la Subsecretaria de Trabajo, que explicó con profusión de detalles el "modus operandi" de estos individuos

Se dio a conocer a través de la Subsecretaría de Trabajo, la radicación de una denuncia ante la fiscalía de instrucción de San Rafael, en conjunto con el asesor legal de la colectividad boliviana de Cañada Seca, más el municipio, por la extorsión a la que han sido sdometidos trabajadores ladrilleros.

La misma consiste en la notificación de una serie de ilícitos acaecidos, luego de una inspección que realizara la Subsecretaría en investigación de la explotación de menores en los hornos de ladrillos a fines del año pasado.

Raúl Oyola, Coordinador de la Subsecretaría, explica que luego de ese operativo, integrantes de esa colectividad, trabajadores ladrilleros, se acercaron para dar a conocer la extorsión que venían padeciendo por parte de personas que se presentaban de Mendoza y Buenos Aires.

Concretamente les pedían dinero y les sustraían dinero, argumentando ser de un Sindicato del Ladrillo, con la promesa que pagando ese dinero, no recibirían inspecciones ni de la Subsecretaría, ni del ministerio de trabajo u otro organismo. Además les decían que con el pago de esos 150 o 200 pesos que les exigían les permitiría quedar exentos por multas que hubieran sufrido por el trabajo infantil, o con cierta impunidad en caso que les cumplieran con ese pago.

“Los mal asesoraban diciéndoles que con el pago de ese dinero podían trabajar los menores, no tenían que registrar a los trabajadores y otra serie de irregularidades”, dijo Oyola

Esto motivo la apertura de un expediente, donde se hizo constar y ratificar las denuncias. El funcionario explica que incluso en una oportunidad, una persona propietaria de un horno, al salir de la oficina de la Subsecretaría luego que se le había labrado un acta de infracción, fue abordada por una persona de Buenos Aires que le pidió dinero para que no prosperara esa infracción.

Estos inescrupulosos los amenazaban además, con denunciarlos ante la AFIP, ante la Subsecretaría, que serían deportados,  o les clausurarían el horno. Es decir, los amenazaban con hacer lo contrario de todo lo que los protegerían.

En tanto el asesor legal de la Asociación de bolivianos de Cañada Seca, Pedro Serra, dijo que esto ha sido un abuso, una estafa en la buena fe de esta comunidad.

“Esta gente venía de Mendoza a cobrar una cuota sindical de trabajadores que ni siquiera estaban inscriptos, esto no representa otra cosa que meterle la mano en el bolsillo y estafarlos”. En detalle del proceder de los estafadores, señala que en algunos casos les cobraban con retroactividad y de no hacerlo utilizaban el nombre de la Subsecretaría de Trabajo para emplazarlos, luego los citaban en otro lugar “en realidad para apretarlos. Y ante el desconocimiento y la confusión, estas personas terminaban pagando lo que les exigían”.

“Creemos que la justicia se tiene que hacer eco de esta denuncia y les tiene que caer con todo el peso de la ley”, y agrega: “Cómo sería de grande la estafa que venía una persona de Buenos Aires a recaudar el dinero diciendo ser el tesorero del sindicato, y según nuestras cuentas recaudaban unos $ 60 mil o $ 70 mil por mes”.

“Esperemos tener el eco en esta denuncia penal para que se los procese y castigue como lo delincuentes que son”, finalizó diciendo Serra
Estos inescrupulosos actuaban con tal nivel de impunidad que llegaron a vestir a una persona como un gendarme como parte de la pantomima amenazadora hacia estas personas para que les pagaran lo que les exigían, y de no hacerlos serían deportados. Con tal de no tener problemas, accedían a pagar.

La situación del trabajo infantil.

Oyola, señaló que luego de esas inspecciones del año pasado se realizó una reunión con integrantes de la comunidad boliviana para hacerles saber las normativas y condiciones de trabajo en las que sí se podía emplear menores, ya que consideraron que muchos de los casos se dieron por desinformación o desconocimiento más que un accionar de mala fe. Así se les informó dentro de cuál marco pueden trabajar, que mejoran las condiciones de trabajo. Además se les puso en conocimiento no sólo de sus obligaciones sino también de sus derechos. De este modo también se logró que casi una veintena de niños fueran escolarizados.

“Igualmente, cuando vuelva la temporada, realizaremos nuevos operativos, ya que hay un grupo grande que aún no ha sido informado y tiene aún la creencia que pagándoles a los estafadores continuarán con la posibilidad de trabajar en esas condiciones”.
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