Juicio oral para Víctor Fayad

El intendente de Capital podría afrontar una condena de hasta dos años de prisión por el delito, si fuera condenado.

Lo habían imputado el año pasado como autor de amenazas anónimas a un ex director periodístico de MDZ. Ahora, el fiscal especial del caso pidió la elevación a juicio de la causa luego de una investigación que reunió prueba abundante. El intendente de Capital podría afrontar una condena de hasta dos años de prisión por el delito, si fuera condenado.

El fiscal especial de Delitos Complejos Santiago Garay pidió ayer que se cite a juicio oral al intendente de Capital, Víctor Fayad, luego de haberle imputado el año pasado el delito de amenazas agravadas y anónimas contra el periodista Ricardo Montacuto, por entonces director periodístico de MDZ Online. Luego de 16 meses de investigación y reunida una abundante cantidad de prueba técnica y testimonial, el fiscal consideró que la evidencia que compromete al intendente de la capital de Mendoza como autor del delito es suficiente. Y que está fundamentada su participación en la serie de amenazas producidas el año pasado después de las elecciones para renovar el Concejo Deliberante de Capital. Parece increíble, pero según las pruebas, Fayad usó su propio equipo telefónico para realizar las amenazas al periodista, rotando los chips con la esperanza de que ello impidiera rastrear al autor de los mensajes intimidatorios.

El pedido de elevación a juicio realizado por Garay es un importante avance en el esclarecimiento de la causa y configura un estado de sospecha mayúsculo sobre el intendente, en el mes en el que el jefe comunal se somete a las urnas para ser reelecto en su cargo. No obstante, había sido su propio abogado defensor, Marcelo Biglieri, quien pidió semanas atrás una pronta decisión del fiscal, quien, tras valorar la prueba recogida, optó por pedir el juicio oral del intendente.

La causa comenzó el 9 de abril del año pasado, cuando el periodista Ricardo Montacuto denunció estar recibiendo mensajes de texto amenazantes en su teléfono celular. Los SMS eran enviados desde líneas de la firma Movistar, que provenían de chips de los que se adquieren de manera anónima en cualquier lado. Los mensajes amenazantes duraron varias semanas y hacían referencia al resultado electoral de Capital del año pasado, cuando el radicalismo ganó, e incluían expresiones agraviantes y discriminatorias dirigidas a periodistas de este diario y a los propietarios de MDZ y miembros de sus familias. También dos ex concejales de Capital –Pablo Priore, del PRO, y Julia Mumy Ortega, de la UCR- recibieron amenazas desde los mismos números telefónicos que Montacuto.

Requerimiento de elevación a juicio.
A poco de avanzar la investigación, cuando Movistar comenzó a aportar la lista de mensajes y llamadas realizados por las líneas usadas para amenazar al periodista y a opositores, se descubrió que el teléfono oficial de Fayad compartía el IMEI (International Mobile Equipment Identity o Identidad Internacional de Equipo Móvil) con las dos líneas que se usaron para las amenazas. Es decir, apareció la firme sospecha de que se trataba de un mismo aparato al que le intercambiaban los chips para las andanzas delictivas. Tiempo después, luego de la prueba recolectada, el intendente fue imputado por amenazas agravadas. Más tarde, las pericias técnicas de la propia fiscalía y de la querella, realizadas por los ingenieros expertos en electrónica y comunicaciones Rodrigo Paulós y Ariel Garbarz, dictaminaron que el equipo telefónico usado para las amenazas era uno donde se utilizaba la línea oficial de Fayad, además de las que se usaron para amedrantar al periodista y a dirigentes de la oposición, y que el teléfono del intendente no fue clonado,  copiado, duplicado ni ninguna otra opción técnica de tal naturaleza, esgrimidas por la defensa para exculpar a Fayad.

En el requerimiento de la citación a juicio, el fiscal hizo un pormenorizado detalle de los hechos. Contó, entre otros aspectos, que desde el 25 de marzo al 30 de junio del año pasado, desde las líneas que habría usado el propio Fayad, partieron 61 mensajes de texto para Montacuto, 23 para Pablo Priore y 13 para Mumy Ortega. También relata y explica el tenor amenazante y agraviante de los mensajes y se refiere a los peritajes realizados por la acusación fiscal y por la querella.

Para pedir que Fayad sea juzgado, el fiscal se apoyó en varias pruebas, que detallamos a continuación:

El mismo teléfono. Los números de teléfono que se usaron para las amenazas y el oficial de Fayad tenían el mismo número de IMEI.

Informes de Movistar. Consideró válidos los informes técnicos y de un alto ejecutivo de la empresa, en cuanto al origen del IMEI que vincula el teléfono de Fayad con los amenazantes.

Sin clonación. Los informes técnicos demostraron que el teléfono de Fayad no fue clonado ni copiado para realizar las amenazas.

Sentido común. Independientemente de las cuestiones técnicas, el fiscal aplicó el sentido común. No es creíble que alguien hubiese estado clonando o copiando el teléfono del intendente todo el tiempo, y justo cuando él no lo usaba, de manera de no ser detectado por la red de telefonía celular. Sobre todo, cuando en diversas ocasiones se sucedían e intercalaban largas llamadas desde el teléfono de Fayad incluso a su novia y aun desde Buenos Aires, y mensajes amenazantes, sin evidencia alguna de clonación o copiado.

Los mensajes. El contenido, la sintaxis, el modo de escribir y hasta los errores de los mensajes de texto a Priore, Ortega y Montacuto tienen rasgos comunes entre sí. Fueron escritos por la misma persona, que además dispensa un encono especial contra la familia propietaria de MDZ Online y terceros allegados con los amenazados.

La llamadita al chofer. Desde una de las líneas usadas para amenazar, se hizo una llamada “positiva” (es decir, hubo comunicación) al chofer exclusivo del intendente, un empleado municipal llamado Juan Herrera.

Las pruebas de la defensa. Ofrecieron una experiencia técnica que resultó irrelevante y que sólo fue pergeñada para “embarrar la cancha”.

Las amenazas. El fiscal consideró que la extensión en el tiempo de las amenazas (duraron semanas), así como por el tenor de las mismas, se configuró la existencia del delito.

Finalmente, la "mejor conclusión posible" del fiscal Garay -como sostuvo en el requerimiento de elevación a juicio- fue que Fayad es culpable del delito de amenazas agravadas y que, por lo tanto, debe ser juzgado, como pidió formalmente ayer. Todo ello, a pesar de los numerosos intentos del intendente por desviar el caso, dotarlo de tintes políticos o incluso mentir y falsear hechos para favorecerse ante la complicada situación en que se encuentra.

Después de la imputación de Fayad, en septiembre, la clase política en general reaccionó con incredulidad a la espera del avance de la causa. Incluso, en el Concejo Deliberante de Capital quedó archivado un pedido de investigación tendiente a iniciar un juicio político por violación a la Ley de Municipalidades. Tampoco la UCR, de manera orgánica, tomó medida alguna. La situación podría cambiar ahora, con el pedido de elevación a juicio del intendente radical.

La imputación a Fayad en este caso, con amplia repercusión institucional y periodística a causa de la alta investidura del sospechoso, fue incluida en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Libertad de Prensa y mencionada también en sus informes por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

El abogado defensor de Fayad es el doctor Marcelo Biglieri, y por la querella actuaron Carlos Varela Alvarez y Lucas Fallet.

Opiniones (0)
19 de agosto de 2017 | 20:10
1
ERROR
19 de agosto de 2017 | 20:10
"Tu mensaje ha sido enviado correctamente"
    En Imágenes
    Bunkers de la Segunda Guerra Mundial
    15 de Agosto de 2017
    Bunkers de la Segunda Guerra Mundial