Boudou le había prometido al gobernador de La Rioja "respuestas" sobre la Promoción

El gobernador de La Rioja mantuvo un encuentro con el ministro de Economía donde, entre otros temas, se habló de los beneficios impositivos. Un día después, la Cámara de Comercio de San Rafael recibió la notificación de rechazo de la Justicia Federal. ¿Qué se habló durante la reunión?

Un día antes de que la Cámara de Comercio de San Rafael sea notificada del rechazo de su recurso judicial, el gobernador de La Rioja y el ministro de Economía de la Nación se reunieron en Buenos Aires y dialogaron sobre la promoción industrial.

En esa cita, Amado Boudou vaticinó que el decreto 699/10 tendría una rápida resolución y, tal como replica diario C, se comprometió a dar "rápidas respuestas" sobre la prórroga de beneficios impositivos a La Rioja.

El gobernador riojano relató a los medios de su provincia que el ministro de Economía quedó en tratar el tema con la presidenta Cristina Fernández y que "inmediatamente nos dará una respuesta".

El encuentro se llevó a cabo el pasado jueves, antes de que saliera a la luz el traspié judicial contra Mendoza. Ahora, desde la provincia del Nuevo Cuyo ven un camino allanado rumbo a la mentada promoción.

En ese sentido, el diputado Jorge Yoma analizó que no quedan trabas y que el decreto que beneficia a cuatro provincias debe aplicarse de forma inmediata. "Ya no hay más trabas", dijo a diario Los Andes.

Promoción: La Rioja va ante la Corte por el decreto 699

La Provincia pedirá la inhibitoria de los jueces federales que emitieron resoluciones sobre la medida presidencial que se conoció en mayo del año pasado.

(La Rioja - 01/07/2011) El Gobierno provincial se presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar por la vigencia del decreto presidencial 699/10. Fuentes gubernamentales confirmaron a NUEVA RIOJA el cambio de estrategia de la Provincia y explicaron detalles de la presentación que se realizará ante el máximo organismo judicial del país.

La Provincia le pedirá a la Corte Suprema de Justicia que aplique el concepto de "declinatoria de juez federal", pidiendo la inhibición de todos los magistrados federales que resolvieron sobre la vigencia del decreto presidencial 699 del 20 de mayo del año pasado.

El planteo riojano se sustentará en el artículo 117 de la Constitución nacional, que hace referencia a la competencia de la Corte Suprema de Justicia en casos que involucren a las provincias como sujetos jurídicos.

Los equipos técnicos del Gobierno sostienen que el máximo organismo judicial podría asumir la causa y determinar la vigencia o no del decreto presidencial 699/10.

Proceso

La medida presidencial determinaba la continuidad del régimen de promoción económica en el caso de la provincia de La Rioja.

Sin embargo, diferentes Cámaras empresarias de Mendoza se presentaron ante los jueces federales cuestionando la validez del decreto que firmó Cristina Fernández.

En aquel momento, la Confederación General del Trabajo (CGT) delegación La Rioja también se presentó ante la Justicia Federal riojana y obtuvo un fallo que ratificaba la validez de la medida presidencial.

Lo que el Gobierno riojano le pedirá al organismo que comanda Ricardo Lorenzetti, es que dictamine que todos los jueces federales se inhiban en el tema y que sea la Corte Suprema de Justicia quien resuelva sobre el fondo de la cuestión.

Objetivo

El principal motivo de esta nueva estrategia es que los equipos legales riojanos estiman que existirá una mayor celeridad por parte del organismo judicial en comparación con el accionar de los jueces federales.

La otra gran razón es sacarle a los jueces federales de cada provincia la causa. De esta manera, se evitaría cualquier presión política por parte de los Gobiernos provinciales sobre los magistrados.

El fundamento

En la presentación que el Gobierno provincial está elaborando para realizar ante la Corte Suprema, se tomará como uno de sus fundamentos jurídicos el artículo 117 de la Constitución Nacional. En uno de sus párrafos, el artículo constitucional sostiene: "La Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente".

El Gobierno sostiene que en el caso del decreto 699 se puede aplicar la referencia a que la Provincia es parte del conflicto.

Fuente: NUEVA RIOJA

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