Derechos y Garantías citará a las partes de la firma ajera Campo Grande

La comisión se reunirá con empresarios y cooperativas del sector el viernes con la idea de darle solución al conflicto que vienen manteniendo desde hace meses los trabajadores de la cooperativa Campo Grande, donde 33 trabajadores fueron cesanteados a raíz de los conflictos.

La Comisión de Derechos y Garantías se reunirá el viernes para continuar analizando la situación de los trabajadores del cultivo de ajo de Campo Grande, quienes entraron en conflicto y medidas de fuerza luego de que 33 de ellos fueran cesanteados.
 
El anuncio fue efectuado ayer por la tarde, luego de que la comisión se reuniera con el subsecretario de Trabajo y Seguridad, Mario Adaro, del director de Cooperativas de la Provincia, Héctor Rasso, y los diputados justicialistas Ricardo Puga –presidente-, Carlos Bianchinelli, Mireya Díaz, José Gantus, José Gil, Raúl Millán, Luis Orbelli, Cristina Pérez y Silvia Cardozo, y el senador del PJ, Miguel Serralta, integrantes de la comisión, y la secretaria de ATE, Raquel Blas.
 
Puga explicó que han sido citados para el viernes los miembros de la Asociación de Productores y Empacadores y de las cooperativas de trabajo abocadas al cultivo del ajo en campos mendocinos.

"Nuestra intención es profundizar en el análisis de la difícil situación y fundamentalmente procurar una rápida reinserción laboral para los 33 trabajadores cesanteados del establecimiento Campo Grande, de Maipú, quienes fueron despedidos por haber solicitado que se les blanqueara su situación laboral", explicó el presidente de la comisión.
 
Por su parte, Serralta indicó que, a través de gestiones de la Municipalidad de Maipú, ya han sido reubicados cuatro de los dirigentes cesanteados y la intención es solucionar la situación de los restantes, que no cobran haberes desde hace más de un mes.
 
Durante la reunión del lunes, Adaro y Rasso se refirieron a los distintos pasos que dieron ambos organismos tanto para la reincorporación de los trabajadores como en la búsqueda de solución para las cooperativas de trabajo afectadas por conflicto, a las que se suman además Colonia Barraquero y El Resguardo.
 
Destacaron también que, gracias a la conciliación obligatoria, se canceló el pago de los jornales caídos durante la huelga y la aplicación de una multa de 390.000 pesos a la
empresa El Resguardo.
 
Asimismo, Adaro anunció que se están estudiando las normas tendientes a eliminar el beneficio de tasa cero en el impuesto a los ingresos brutos a las empresas que incumplen las normas laborales y de higiene y seguridad. Se analizan también modificaciones en la ley orgánica de creación de la Subsecretaría de Trabajo a los efectos de hacer más efectivas las disposiciones de control y sanción del organismo.
 
Serralta y Blas coincidieron en la necesidad de eliminar estos beneficios a las empresas y empresarios que violan la ley de contrato de trabajo.
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23 de agosto de 2017 | 04:45
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